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Política criminal y sistema carcelario
Las cárceles en Colombia son sitios de destrucción humana
Los testimonios rendidos por prisioneras y prisioneros, así como de sus familiares y defensores lo confirman
Camilo Raigozo / Miércoles 6 de mayo de 2009
 
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Durante la audiencia en el Congreso, un ex presidiario cuenta su caso. Foto Camilo Raigozo

Carlos Alfonso Figueroa Parra es un médico cirujano de 63 años, recluido desde julio del año pasado en la cárcel Picaleña en la ciudad de Ibagué. En un proceso arbitrario, es señalado de ser médico de las FARC-EP. Hasta hace menos de una semana, estuvo recluido en el patio correspondiente a los paramilitares, por lo que su vida estuvo siempre en inminente peligro. “Esto no es un avatar del destino, sino algo bien planificado de las autoridades carcelarias”, dice el médico en una carta dirigida a un amigo.

Sin embargo, el traslado no mejoró las condiciones de su seguridad,, pues ahora se encuentra en un patio para delincuentes sociales donde ya ha sido sentenciado a muerte. A pesar de su penosa enfermedad, cáncer de próstata con enquistamiento en otras partes del cuerpo, la atención médica que ha recibido es completamente nula. Figueroa Parra necesita con urgencia la asistencia humanitaria de alguna ONG defensora de los derechos humanos para que vigilen su caso.

Las violaciones no parecen de la vida real

El jueves 30 de abril se realizó en las instalaciones del Congreso de la República una audiencia sobre política criminal y sistema carcelario, donde se escucharon decenas de testimonios sobre las aberrantes violaciones a los derechos humanos fundamentales, tanto de prisioneras y prisioneros, como de sus familiares y defensores, denuncias que se realizaron en forma directa o en videos en la audiencia, auspiciada por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

Una delegación del Principado de Asturias, estado español, de reciente visita en Colombia, encontró en sus observaciones a las cárceles La Picota y El Buen Pastor, de hombres y mujeres respectivamente, en Bogotá, casos de violaciones que “no parecen de la vida real”, según Rafael Palacios, vocero de la delegación.

“Las prisioneras y prisioneros políticos procuran aportar un grado de organización que les permite sobrevivir con dignidad en condiciones diseñadas para perder toda compostura humana”, dijo Palacios en rueda de prensa. Agregó que “en uno de los módulos de La Picota, los presos contaron que se les dio a escoger: o recibían a sus familias una vez a la semana en la propia celda, de 2,50 por 3 m, diseñada con dos camas para dos personas, pero donde se aglutinan cuatro o más presos, o esperaban a tener cada 45 días una visita más individualizada”.

Cárcel por casa a los colombianos

“Los presos escogieron la primera opción, por lo que en las celdas para dos se juntan cada semana, ocho o más personas, en una degradante situación donde la dignidad queda por los suelos”. Supremamente graves fueron los testimonios de grupos específicos de la población como los indígenas, afros, lesbianas, homosexuales y travestis, entre otros, en cuanto al maltrato que reciben en las prisiones.

“Al parecer, el Gobierno se está preparando para darles a los colombianos cárcel por casa, pues es inaudito que haya enterrado más de 140 mil millones de pesos en la construcción de una cárcel en Ibagué y por el mismo estilo esté construyendo otras 50 cárceles en diferentes regiones del país. Con esa cantidad de dinero, se hubieran podido construir más de 15 millones de viviendas decentes para familias que carecen de ellas”, dice un aparte del informe acumulado por la delegación asturiana.