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Solo se han tramitado 12 de las 34 medidas acordadas para el primer año del proceso de paz
Agencia Prensa Rural / Martes 13 de febrero de 2018
 
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Dejación total de armas. Zona Veredal Mariana Páez, Mesetas, Meta. Juan David Vargas - APR.

Solamente el 18,5 % del Acuerdo de Paz, entre el Gobierno de Colombia y las Farc se ha cumplido. El Gobierno continúa en la negación del paramilitarismo en el país. Denunció este lunes la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia mediante un informe.

Joaquín Sánchez, coordinador del documento, durante una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, informó que "El Gobierno tan solo ha tramitado 12 de las 34 medidas que se habían acordado para el primer año del proceso de paz".

El informe se desarrolló en marzo de 2017, con la visita a Colombia de representantes de partidos políticos y organizaciones sociales de Italia, Alemania, Bélgica y España.

"Sólo se ha cumplido un 5 % con respecto a la Reforma Rural Integral; un 19 % en lo relativo a la participación política y un 33 % de lo prometido sobre el fin del conflicto", denunció el coordinador.

Pese a que Sánchez destacó que las Farc "están cumpliendo el alto el fuego", en el texto se reconoce que se les ha incumplido, como en el caso de la Ley de Amnistía, ya aprobada, para los presos de la organización. Hasta el momento se han tramitado 4 de las 40 leyes o reformas legislativas acordadas.

Por su parte, Javier Couso, eurodiputado de Izquierda Unida, quien participó en la elaboración del informe, denunció el “asesinato de más de 80 activistas sociales y sindicalistas en lo que va de 2018”.

Couso afirmó que "hay sectores que están haciendo lo posible para que el proceso de paz descarrile", y por lo tanto la Unión Europea, quién es acompañante del proceso, “debe exigirle al Gobierno de Colombia que desmantele el paramilitarismo”.

De acuerdo con el informe, "difícilmente podrá haber paz si no se tiene la firme voluntad de acabar con estas estructuras que amenazan el proceso y relacionadas con la minería extractiva ilegal y el narcotráfico", y es en el desmantelamiento de estas estructuras en el cual no se observa la voluntad política del Gobierno.

Por otra parte, Frans Van Olmen, coordinador de la Red de Solidaridad Flamenca con la comunidad de paz de San José de Apartadó, indicó que en el Acuerdo de Paz se "incluía la devolución de tierras por parte de los paramilitares a sus legítimos dueños", pero sólo se ha iniciado el 20 % de los procesos.

Otro punto, que señaló Olmen, es la necesidad de que la Unión Europea exija la justificación del dinero de su fondo fiduciario en Colombia. También, expresó su preocupación ante “la tendencia de las agencias de cooperación a canalizar todos los fondos a través del Gobierno colombiano, una práctica que ha demostrado ser menos eficiente que ofrecérselos a los agentes implicados".

El documento sostiene además la necesidad de un “mayor control de la comunidad internacional sobre la actuación de las empresas europeas y de otros países que tienen intereses en Colombia y que, demasiado a menudo, se convierten en generadores de violencia y expolio. Los gobiernos europeos deben asumir su responsabilidad sobre estas actuaciones y ejercer una tarea de observación de las consecuencias sociales y ambientales de las actividades de sus respectivas empresas".

A partir del estado en que se encuentro el incumplimiento del Acuerdo de Paz, el texto es determinante y expresa que, "existen limitaciones a la actuación de Naciones Unidas, que únicamente monitorea el cese de hostilidades y el proceso de entrega de armas en lugar de constituir una misión de paz, con un carácter más integral, que incluya la verificación en materia de Derechos Humanos. Consideramos que es necesario dar comienzo cuanto antes a una segunda fase, que constituya realmente una misión de Paz, con un carácter más integral, que incluya la verificación en materia de Derechos Humanos".