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¿Democracia en el Posconflicto?, la violencia política se agudizó en los últimos dos meses
Agencia Prensa Rural / Sábado 17 de febrero de 2018
 

Ad portas de las elecciones de 2018, luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, la Misión de Observación Electoral (MOE) decidó hacer un informe sobre la primera observación electoral en el marco de lo que considera el “pos-conflicto”.

La organización tenía como expectativa registrar una baja intensidad de los riesgos que surgen en el proceso electoral. Sin embargo, los resultados fueron otros: 62 líderes sociales y políticos han sido hostigados. 31 fueron asesinados, 11 sufrieron atentados y 20 han recibido amenazas. Estos hechos han ocurrido desde el 11 de diciembre de 2017.

El 20% de la violencia política y social del último año, ha ocurrido en solo mes y medio, denuncia el informe de Mapas y factores de riesgo electoral /Elecciones nacionales Colombia 2018.

“Los asesinatos han sido los hechos más frecuentes a lo largo del último año, con 109 víctimas (40 %) en total para todos los tipos de violencia. Quienes son miembros de las JAC son los más afligidos por esta agresión, teniendo en cuenta que para ellos representa un 80 % de los hechos que los afectan. Dentro de la violencia social, el 46 % de las víctimas han sido asesinadas. Sólo la violencia política no tiene como principal agresión el asesinato, pues las amenazas comprenden la mayor proporción de los hechos violentos”, se afirma en el documento.

Como parte de la implementación del Acuerdo de Paz, la guerrilla tuvo un tránsito a la vida política legal, creando un nuevo partido que tomó el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), quienes entrando por primera vez a la contienda electoral han sufrido diferentes tipos de violencia.

Es un hecho que desde la ubicación de los guerrilleros en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, hoy los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, se ha iniciado un proceso de persecución y asesinato a los excombatientes, quienes ahora son miembros del partido político. Ya son más de 40 miembros de ese partido asesinados.

La MOE ubica estas acciones en un panorama de preocupación, “pues las garantías de seguridad para su participación política son parte de los requisitos para el éxito en la implementación del Acuerdo de Paz”.

Esta situación deja en evidencia el continuo incumplimiento al Estatuto de Oposición, que para la MOE es “un compromiso que el Congreso de la República tenía pendiente con la Constitución de 1991. Este estatuto adopta una serie de medidas que tienen como objeto brindar mayores y mejores garantías a las organizaciones políticas que se declaren en oposición”.