Asociación Campesina del Catatumbo
:: Norte de Santander, Colombia ::
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¡Por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la defensa de territorio!
¡Las comunidades del Catatumbo Bajo nos declaramos en campamento refugio humanitario!
 

Las comunidades de las veredas La India y Morro Frío, pertenecientes al municipio de Tibú; Caño Azul y Cooperativa Sapadhana del municipio de Convención; y Caño Mariela, Caño Escondido, Caño Tomás, El Suspiro, del municipio de Teorama, nos declaramos en campamento refugio humanitario en la vereda Caño Tomás del corregimiento de Fronteras de Teorama del municipio de Teorama en el departamento de Norte de Santander (Colombia), a partir del 29 de abril de 2009.

Esta acción de hecho es una respuesta más de la comunidad organizada en el legitimo derecho a la resistencia pacífica para evitar el desplazamiento de cientos de campesinos y campesinas que dependemos económicamente de los cultivos de uso ilícito para subsistir.

Las fumigaciones con glifosato, la erradicación manual forzosa realizada en los últimos días y la falta de voluntad política del gobierno del presidente Uribe para concertar con las comunidades organizadas una solución definitiva al problema de la coca en la región, evidencian una vez más la ausencia de una verdadera política económica y social que busque resolver los problemas del campesinado catatumbero, mediante una salida distinta a la guerra al problema de los cultivos de uso ilícito.

Las comunidades campesinas del Catatumbo, ante la falta de atención del gobierno a sus distintas necesidades nos hemos visto obligados a sobrevivir de los cultivos de coca, pero en repetidas ocasiones, hemos manifestado la voluntad de dialogar y concertar con el gobierno una propuesta real de sustitución de los cultivos, por el respeto de los derechos humanos y una vida rural digna, pero la única respuesta recibida siempre ha sido la violencia estatal.

Aunque el cultivo de coca fue introducido en la región del Catatumbo a finales de la década del 80, la siembra masiva se generalizó a principios de la década del 90 a raíz de la nefasta y antipopular apertura económica, política impuesta por el FMI y el BM, y cumplida a cabalidad por el gobierno de turno en Colombia, en ese entonces a la cabeza de César Gaviria Trujillo, trayendo como consecuencia más miseria y pobreza en el campo colombiano y obligando al campesinado del Catatumbo y otras regiones del país a buscar otras alternativas de subsistencia distintas a la producción de cultivos tradicionales lícitos y dedicarse a la producción de coca como única fuente de ingreso para la subsistencia. En el Catatumbo el corregimiento de La Gabarra del municipio de Tibú se consagró como el principal epicentro cocalero.

En 1996, el campesinado asfixiado por las políticas económicas y el abandono estatal en materia de inversión social en la región, decide marchar a la ciudad de Cúcuta para exigirle al Gobierno Nacional el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades e inversión en infraestructura. Mediante esta gran movilización que contó con la participación de más de 20 mil campesinos, lograron varios acuerdos con el Gobierno Nacional que propendían por la implementación de programas y recursos para el desarrollo social y sostenible de la región. Con la firma de estos acuerdos los campesinos retornaron a sus veredas a la espera de que el Gobierno Nacional cumpliera con lo pactado.

Ante el incumplimiento de los acuerdos alcanzados el año 1996 entre Gobierno y campesinos, y con la amenaza de implementar una base antinarcóticos en la región, los campesinos se vieron obligados a movilizarse nuevamente y en 1998 se da un nuevo éxodo con la participación de más de 30 mil campesinos, quienes se tomaron la vía que de Tibú conduce a Cúcuta por más de 30 días, paralizando toda esta zona del departamento y obligando nuevamente al Gobierno a sentarse con el campesinado en una mesa de negociación. Esta vez los acuerdos llevaron a que se generara una mesa de concertación con representantes del Gobierno y con representantes de los campesinos, quienes diseñarían un plan de desarrollo que recogiera las necesidades de las comunidades campesinas. Éste se denominó Plan de Desarrollo y Paz para la región del Catatumbo.

Sin embargo, mientras se daban los pasos pertinentes en el proceso de diseño y formulación de dicho plan de desarrollo, el paramilitarismo incursionó en la región a partir de mayo de 1999 con la complicidad del Estado por acción u omisión, y dejó, en menos de cinco años, un saldo de más de 400 dirigentes asesinados y más de diez mil campesinos muertos, sin contar con los desaparecidos que pueden ascender a una cifra similar o superior. Esto llevó a que el diseño y formulación del plan de desarrollo se diera sin la participación de los delegados campesinos, quienes fueron aniquilados de manera sistemática.

Paradójicamente, la consolidación del paramilitarismo se dio precisamente con la implementación del Plan Colombia en la región. Mientras el Bloque Catatumbo, bajo el mando de Salvatore Mancuso, y el Bloque Norte bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", masacraban, desplazaban, torturaban, violaban y desaparecían al campesinado y se apropiaban de todas sus pertenencias y bienes, por otro lado monopolizaban el negocio de la coca, siendo este periodo el de mayor expansión de los cultivos en la región, bajo control paramilitar, sin que ninguna institución civil o militar del Estado hiciera absolutamente nada. Por el contrario, el Ejército y la Policía siempre fueron un apoyo directo de los paramilitares, unas veces de forma abierta y descarada y otras de manera soterrada.

Con la desmovilización en el 2004 y 2005 de los grupos paramilitares, la región vivió una fuerte militarización. Las Fuerzas Militares, de 1.500 hombres pasaron a tener diez mil, situación que generó la agudización del conflicto político, social y armado.

Lejos de combatir el narcotráfico, el Plan Colombia se consolidó como plan contrainsurgente y también plan de exterminio del campesinado, que luego de haber retornado a la región ante la supuesta desmovilización de los paramilitares, se ha visto afectado por las constantes violaciones a los derechos humanos y a las sistemáticas infracciones al derecho internacional humanitario, ahora a manos de las Fuerzas Militares. Es el caso de los llamados falsos positivos: desde junio de 2006 hasta octubre de 2008 fueron asesinados 68 campesinos y presentados como guerrilleros dados de baja.

El gobierno antipopular y reaccionario de Álvaro Uribe Vélez, en el marco de su política de "seguridad democrática", quiere imponer de manera rápida una solución al conflicto político, social y armado en la región sin hacer reformas sociales ni económicas, a través de una creciente intervención militar norteamericana y tras el manto de la guerra antinarcóticos.

La segunda fase de implementación del Plan Colombia, las fumigaciones, la erradicación manual forzosa y la imposición de programas de corte asistencialista a través de Acción Social, evidencian que esta política de agresión contra los campesinos tiene como verdaderos fines el control político, económico, social y militar de la población, apropiarse de nuestras tierras a fin de garantizar el desarrollo de la explotación petrolera, la exploración y explotación a cielo abierto de carbón, la implementación de monocultivos como la palma aceitera, cacao transgénico, yuca amarga, caucho, caña, plátano transgénico, entre otros, que no se consolidan en una propuesta de desarrollo alternativo para la sustitución gradual de los cultivos de uso ilícitos para los campesinos sino que favorecen la imposición de un desarrollo forzado centrado en los intereses de las grandes empresas multinacionales.

Ante este crítico panorama y en un acto de resistencia pacífica, los campesinos y campesinas del Catatumbo hemos decidido no abandonar el territorio y luchar por su defensa, oponernos una vez más a las fumigaciones con glifosato por sus graves secuelas ambientales, sociales y económicas y no aceptar la erradicación manual de los cultivos de uso ilícito. Seguimos propendiendo por una salida concertada entre Gobierno y comunidades organizadas al problema de la coca.

El Gobierno no puede seguir en su actitud de resolver mediante la represión un problema de orden social, por lo tanto su solución debe ser con inversión económica y social en la región y no militar.

Por todo lo anterior, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), organización que trabaja por la defensa integral de los derechos humanos del campesinado catatumbero, hace un llamado a la comunidad nacional e internacional a solidarizarse con el campamento humanitario e invita a las demás comunidades campesinas del Catatumbo colombiano y otras regiones del país a sumarse a esta propuesta alternativa de resistencia pacífica.

¡En medio de la violencia estatal, florece la vida en el Catatumbo!

Organizaciones que apoyan (listado actualizado a las 13:03 hora colombiana):

- Antena Mutante
- Asociación Agraria de Santander
- Asociación Campesina de Arauca
- Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra
- Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja
- Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio
- Bloque de Unidad Sindical de Santander - Central Unitaria de Trabajadores - Bucaramanga
- Centro de Estudios de la Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de Santander
- Colectivo Antígona, Universidad Nacional
- Colectivo Brecha, Universidad Nacional
- Colectivo Huasipungo (Nueva York)
- Colectivo Integración Rural, Universidad Nacional
- Colectivo Pensamiento Latinoamericano
- Colectivo Siembra, Universidad Nacional
- Colectivo Vivo Arte
- Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares
- Corporación Acción Humanitaria para la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño
- Euskal Herria Sozialista
- Federación de Estudiantes Universitarios, Universidad Industrial de Santander
- Humanidad Vigente Corporación Jurídica
- Kimetz Liburuak (Euskal Herria)
- Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, Capítulo Norte de Santander
- Notimundo
- Periódico El Turbión
- Templando El Acero Artitaletxea (Euskal Herria)

Más información y adhesiones: ascamcat@gmail.com