“Carlos Castaño nos citó a una reunión en la finca la 35, en el Urabá antioqueño. Me manifestó que había una zona a la que tenía planeado ingresar y que inclusive, tenía cuadrado hasta la entrada a El Catatumbo. A Cúcuta llegamos el 9 de mayo de 1999”.

Jorge Iván Laverde, alias “El Iguano”
La Opinión 13 de agosto del 2008.

Fue aquel fatídico 9 de mayo de 1999 cuando irrumpieron las AUC en Norte de Santander, con la masacre en el corregimiento La Carbonera en el municipio de Tibú donde asesinaron a nueve campesinos, dejando una estela de terror, miedo, angustia, zozobra, que después de diez años persisten en los recuerdos de cientos de personas que hoy en día no logran conciliar el sueño, ante la incertidumbre de no saber qué paso, dónde están sus seres queridos, si fueron cremados en los hornos de Juan Frío o en Puerto Santander, si fueron arrojados a los ríos Zulia, Catatumbo, Táchira, Río de Oro o enterrados en fosas comunes como N.N. o simplemente dejados a la vera de los caminos para que los gallinazos hicieran su festín, completando la faena de la muerte, como cualquier cómplice cuando no se quiere dejar huella.

“Sé que no está en fosas y que tampoco lo tiraron al río, quedó en el horno y lo quiero recuperar. En la funeraria me dijeron que las cenizas de una persona caben en una caja de zapatos y si eso es lo que puedo recuperar, pues al menos que me dejen hacerlo”. Enferma de cáncer, pide a los victimarios que tengan piedad. “Me pusieron un psicólogo porque me corté las venas cuando me mataron a Deiby, mi otro hijo de 17 años, en marzo de este año” (María del Carmen Torres, madre de Sergio (18 años) y Deiby López (17 años), Revista Cambio #829).

El caso de María del Carmen, fue la constante que vivieron madres, padres, hermanos y familiares a la penetración violenta de las AUC en el departamento.

Después de diez años de esta espiral de la muerte, no hay una estadística, ni de las autoridades, ni de los comandantes, ni de los paramilitares ni de las ONG del número de asesinados, desaparecidos, desplazados, mutilados, amenazados, ni a cuanto asciende económicamente la expropiación violenta de bienes materiales (casas, hoteles, fincas, restaurantes, lanchas, ganados, entre otros), que dejaron en ese recorrido de muerte y terror ante la indolencia de una sociedad, el silencio y complicidad de algunos gobernantes y la acción y omisión de un estado que apoyó y promovió el aniquilamiento de aquellas voces y organizaciones que muchas veces no comulgaban con el establecimiento y que bajo la óptica de señalamientos de ser demócratas, defensores de derechos humanos, vivir en zonas de influencia guerrillera, ser sindicalista o en el mejor de los casos para apoderarse de sus bienes, o sencillamente, ser un estorbo para sus intereses de control y posicionamientos de áreas completas. O en el peor de los casos porque se era un desconocido en su área de influencia, o se necesitaba pasar el examen de tiro al blanco, motosierra u horno crematorio.

Hoy, diez años después de esa estela de muerte y terror y cuatro años de haberse expedido la ley de justicia y paz (975 del 2005) y de la desmovilización de 32 mil paramilitares, solamente dos mil están en la cárcel y 3.725 se han mostrado dispuestos a colaborar con la construcción de la verdad, de los 32 mil desmovilizados solamente han sido condenados a cinco años de prisión Wilson Salazar Carrascal, alias el “Loro”, un desmovilizado del frente “Héctor Julio Peinado” del bloque norte de las AUC. En el caso del Bloque Catatumbo que desmovilizó 1.425 paramilitares, todavía no se ha presentado una sola condena.

Este fatal aniversario nos llega con un proceso de justicia y paz suspendido por cuanto los paramilitares postulados han decidido no acudir más a las versiones libres y audiencia, según ellos, por el incumplimiento del Gobierno Nacional de los acuerdos que firmó y que podría conllevar a la ruptura de este procedimiento y el silenciamiento de la verdad, la negociación de la justicia y el fin de la expectativa de reparación integral, con lo cual los verdaderos perjudicados son las víctimas y el Estado lograría acallar la verdad de su responsabilidad histórica en esta tragedia paramilitar.

Después de 10 años, persisten las fosas comunes, los desplazados, desaparecidos y una impunidad que deja mucho que decir, ha faltado compromiso político y de justicia de las autoridades, para saber la verdad de lo que pasó, que permita que miles de familias puedan conciliar el sueño, las almas de los muertos puedan descansar, esa verdad debe convertirse después de diez años, en un homenaje a las voces silenciosas de las viudas (os) hijos (as) hermanos (as), víctimas que muchas veces optaron por guardar silencio, no denunciar y vivir del recuerdo como garantía de supervivencia o por desconfianza ante las autoridades que en muchos actos de barbarie y de crímenes de lesa humanidad coordinaron con el actuar de este bloque en la omisión y en la acción, complicidad reafirmada por Mancuso cuando señaló, el pago que se hacía de mil millones de pesos para los servidores públicos que hacían parte de una “nómina paralela”, nómina que envolvía a altos funcionarios de la fiscalía de Cúcuta, del Ejército, la Policía y el DAS. Las cifras de muertes, desaparecidos, desplazados entre otros, no concuerdan, se habla de seis mil a 12 mil los asesinatos, de 150 mil a 180 mil los desplazados, de los desaparecidos, estas cifras solamente las conocen las fosas comunes, los ríos y los hornos crematorios, de la expropiación violenta no hay una cifra concreta, muchos bienes después de la desmovilización, sus dueños siguen esperando que sean devueltos.

Creo que las cifras jamás se sabrán ya que en muchos casos por temor no se denunció.

Del recorrido de esta espiral de muerte (1999-2004) no escapó ningún sector de la sociedad nortesantandereana, políticos, sindicalistas, comerciantes, abogados, fiscales, jueces, periodistas, estudiantes y gente del común entre otros.

Hoy, diez años después los recuerdos siguen espantando, las almas penando y los sueños no pueden conciliarse en miles de dolientes.

Quisiéramos poder nombrar a todos esos miles como un homenaje a sus memorias en estos diez años, a los educadores, a los de Asonal, a los de la USO, Anthoc, entre otros, pero la memoria de Carlos Bernal, Tirso Vélez, Danilo Mandon, Gustavo Martínez, Iván Pérez, Carmen Sandoval, Rosalba Calderón, Cristóbal Uribe, Salomón Freite, Carlos Bautisto, Carola Santiago, Ana Victoria Jaimes, Felipe Mendoza, Elsa Clarena, Alfredo Contreras, Juan David Corzo, Victoria Jaimes Bacca, Felipe Mendoza, Omar Peña, entre otros, a ellos y a los desaparecidos que ruegue en el más allá para que esta barbarie no se vuelva a repetir, paz en sus tumbas en estos diez años.