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El proyecto de Ley de Víctimas y sus implicaciones: ’Es un canto a la bandera’
El Gobierno mutiló los aspectos que eran favorables a las víctimas, afirma Jairo Ramírez, defensor de derechos humanos.
Álvaro Angarita / Miércoles 10 de junio de 2009
 
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Jairo Ramírez

Jairo Ramírez, secretario ejecutivo del Comité Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos, analiza en esta entrevista el proyecto de Ley de Víctimas, aprobado positivamente en el Senado con el aval de las organizaciones de víctimas y mutilado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por las mayorías uribistas. Las organizaciones de víctimas retiraron su apoyo a la iniciativa por considerarla anodina, pero el martes 9 de junio la Cámara se preparaba para someterla a votación en plenaria, tras lo cual quedaría convertida en ley.

En Colombia, más de 150 mil personas afectadas por la violación de sus derechos fundamentales han interpuesto demandas reclamando justicia y reparación por parte del Estado.

- ¿Qué opinión le merece el texto de Ley de Víctimas que al cierre de esta edición del semanario Voz la Cámara se preparaba a votar en plenaria?

- Hay una gran diferencia entre el texto original que se había acordado con el senador Juan Fernando Cristo, ponente del proyecto no solamente en Senado sino en la Cámara, en el cual el Gobierno mutiló los aspectos fundamentales que eran favorables a las víctimas y le daban un carácter universal, reconociendo sus derechos. El Gobierno lo que ha hecho es apoyarse en su bancada en el Congreso para desconocer los derechos de las víctimas, sobre todo, el universo mayor de ellas, que son las víctimas de crímenes de estado.

De tal manera que una primera aberración del proyecto es la que excluye a las víctimas de crímenes de estado del derecho a la reparación. Además, la iniciativa no reconoce víctimas futuras, sólo las registradas hasta la sanción de la ley, destruye el principio de la buena fe y sólo reconoce como víctimas a las que lo han sido a manos de la Fuerza Pública, excluyendo autorías criminales de otros agentes del Estado.

- ¿Entonces en la iniciativa final la reparación está ausente?

- Sí, literalmente esa parte fue excluida, sustraída del proyecto, y en consecuencia, de aprobarse lo que saldrá será una ley residual, en el sentido de que podría beneficiar a un número bastante ínfimo de víctimas. Es un decir, porque la verdad es que aun las víctimas que fueran beneficiadas tampoco tendrían una reparación en todo el sentido de la palabra tal cual está establecido en los convenios internacionales sobre reparación a víctimas.

Lo que figura es una simple indemnización, que no llega a sobrepasar los 18 millones de pesos por víctima, y aparte de eso les descuentan de esa suma, sobre todo a las personas desplazadas, la asistencia estatal: mercados, aportes para microproyectos y otros. De tal manera que la reparación es inexistente.

Hay indemnización parcial, pero no hay un sentido integral como lo establecen las organizaciones internacionales, sobre todo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que contempla reparación no sólo en lo material, sino en materia de recuperación de la memoria, asistencia psicosocial y otros aspectos que deberían tenerse en cuenta.

- ¿Se plantea que las víctimas tengan que certificarse como tales para acceder a los beneficios?

- Sí, en este caso se acude a un vicio que ha tenido Acción Social, para el caso concreto de los desplazados. Más de la mitad del registro de desplazados que tiene Acción Social no han sido reconocidos. Sólo son reconocidos los que Acción Social asume, y así más de dos millones de desplazados han quedado por fuera, porque según Acción Social no han podido demostrar su condición de desplazados, a pesar de haber presentado un sinnúmero de papeles que les han exigido.

Esta ley les exige tener que acreditarse como víctimas, cuando ya en los juzgados, las fiscalías y defensorías del pueblo está suficientemente acreditada la condición que las victimizó.

- ¿Cuál va a ser la reacción de las organizaciones de defensa de las víctimas y de derechos humanos, al quedar aprobado finalmente este proyecto?

- El Movimiento Nacional de Víctimas y las organizaciones de derechos humanos, en general las centrales sindicales, el movimiento social, hemos rechazado ese proyecto tal cual ha quedado. Juan Fernando Cristo, ponente en el Senado, ha dicho que el proyecto fue descuartizado por el Gobierno, lo que grafica su situación real. Lo que hemos pedido es que el proyecto de ley sea retirado. Sin embargo, la coalición mayoritaria del Gobierno opta por aprobarlo de esa manera, lo que lo convierte sencillamente en un canto a la bandera, que las víctimas recibirán con una gran frustración.

Una vez más se demostrará el fracaso de la Ley de Justicia y Paz, y esto puede llevar a que el movimiento de víctimas desarrolle a más largo plazo una estrategia que permita ganar una reparación integral como lo reclaman las víctimas y sus derechos sean efectivamente respetados desde el propio estado.