La Asociación de Víctimas del Desplazamiento Forzado (Asovidesfor) solicitó la creación de una comisión especial de verificación de la crisis humanitaria que actualmente experimenta Arauca, a raíz de los efectos del conflicto armado en ese departamento.

Flor María Trujillo, directiva de esa organización, le dijo a Codhes que "es importante crear una comisión de derechos humanos con un acompañamiento internacional y nacional para que realmente visibilicen esto y se tomen medidas frente a esa situación, porque la situación de seguridad en el departamento, tal como dice el estado colombiano, no se está realizando".

La líder social explicó que la ola de asesinatos en Arauca ha ido en aumento en los últimos años y que esa situación se refleja en el incremento del desplazamiento forzado. De acuerdo con un estudio reciente, elaborado por una organización humanitaria internacional en la zona, en los últimos nueve años se han registrado al menos tres mil homicidios, de los cuales 327 se cometieron en 2008.

Muchas de estas muertes, según Asovidesfor, han afectado principalmente a líderes campesinos, dirigentes sociales, indígenas y desplazados. Cifras de organizaciones defensoras de los derechos humanos en ese departamento hablan de los homicidios de al menos 40 docentes rurales en los últimos cuatro años, 20 desplazados asesinados en 2008 y por lo menos 120 mil personas solicitando protección internacional por causas relacionadas con el conflicto armado interno.

El Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento (Sisdhes) de Codhes, registró hasta diciembre del año anterior el desplazamiento forzado de 4007 personas en el municipio de Tame, considerado el mayor expulsor de desplazados del departamento. Sin embargo, informaciones de investigadores sociales de esa zona del país se atreven a afirmar que por lo menos el 50% de habitantes de ese municipio ha sido víctima de este flagelo.

Igualmente se reportan casos recientes de amenazas, de desapariciones forzadas y de retornos de comunidades desplazadas sin el debido acompañamiento institucional, y sin reunir las condiciones de dignidad, voluntariedad y seguridad, requeridas para garantizar el bienestar de las poblaciones afectadas.

En Arauca, muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos han mostrado reiterativamente su preocupación por la situación de los seis pueblos indígenas que residen en ese departamento, cuyas comunidades han tenido que desplazarse no sólo por confrontaciones armadas en medio del conflicto, sino además por la ejecución de megaproyectos de infraestructura y trabajos de exploración petrolífera liderados por empresas transnacionales.

"La seguridad del Estado es más para los intereses de las transnacionales que para proteger la vida de la población civil", le dijo a Codhes Flor María Trujillo de Asovidesfor.

Y se mostró esperanzada en que la intervención del gobierno colombiano para contrarrestar la crisis humanitaria en Arauca, sea con soluciones integrales y no por medio de la vía militar: "Arauca necesita que se tomen medidas al respecto, y no queremos decir que se tenga que necesitar Fuerza Pública para que se atienda esta crisis humanitaria. Lo que necesitamos es respeto y un estado que realmente le pueda responder a la crisis".

Organismos humanitarios con presencia en Arauca también reiteraron en las últimas semanas que en ese departamento las guerrillas del ELN y de las FARC libran desde hace un tiempo una disputa territorial y que además de esos grupos armados y de la Fuerza Pública, también opera en la zona de frontera con Venezuela otra organización conocida como Frente Bolivariano de Liberación (FBL).