En la disputa que hay en Colombia por la tierra, el campesinado de la región del Sur de Bolívar, unido en la Mesa por la Vida Digna, reafirma su compromiso en la defensa del territorio, su tenencia y su explotación.

La Mesa por la Vida Digna, que se realizó en la vereda Villanueva, corregimiento de San Pablo, del 26 al 28 de Junio, es un espacio de democracia participativa donde los delegados de la Juntas de Acción Comunal que conforman la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra se reúnen periódicamente para concertar el tipo de desarrollo al que aspiran para su propia región: campesinos y campesinas concientes de la importancia de ser interlocutores prioritarios en la definición del futuro de sus tierras y de sus vidas. “Tenemos una misión histórica: defender nuestro territorio”, así lo afirman los delegados de las comunidades rurales.

En el encuentro, en el cual participaron 16 veredas y distintas organizaciones nacionales e internacionales que acompañan los procesos organizativos de la región, se trataron 3 temas: Zona de Reserva Campesina, Derechos Humanos y Crisis Humanitaria, Cultivos de uso ilícito y sustitución.

Los delegados campesinos recordaron las etapas más importantes del proceso organizativo que los llevó a unirse y a conformar una organización campesina que defendiera sus intereses de pobladores de la región, como la marcha del 96 y el éxodo campesino del 98: acciones de hecho masivas que lograron resultados importantes gracias a la interlocución con los gobiernos de Samper y de Pastrana.

Entre estos procesos se destaca la creación de la Zona de Reserva Campesina, una figura jurídica posible dentro la ley 160 de 1994 que, a través de la titulación de la tierra y de puesta en marcha de un plan de desarrollo concertado por las comunidades locales, impide la expansión del latifundio y promueve un desarrollo digno respetuoso del medio ambiente, de la economía y de la organización campesina.

Esta figura se hace particularmente importante en un país como Colombia, que ocupa el tercer lugar en el mundo en cuanto a nivel de concentración de la tierra y donde el nivel de soberanía nacional es preocupantemente bajo, siendo una prioridad del gobierno generar desarrollo por medio del ingreso de multinacionales e inversionistas extranjeros que, según el mandatario Álvaro Uribe Vélez, generarían posibilidades laborales y, por ende, un crecimiento en los estándares de vida de los colombianos de bajos recursos, así como está descrito en la fórmula neoliberalista de la trickle down economy: en una pirámide de vasos donde el agua cae desde lo alto, esta se rebozaría en todos los vasos del nivel inferior hasta llenarlos todos.

La realidad es muy diferente en Colombia y en el mundo. La entrada de las multinacionales y de los grandes inversionistas extranjeros no ha significado ningún desarrollo para las comunidades del Sur de Bolívar, solo ha coincidido con el aumento de los niveles de violencia en la población, la represión armada y la explotación indiscriminada de los recursos naturales. La represión se ha venido manifestando principalmente en dos formas: por un lado la utilización de la fuerza por parte del ejército y los paramilitares que atemoriza y atropella la población civil y por el otro, a través de la leyes que como el Código de minas,la Ley de informantes y de programas como Familias en acción y Guardabosques, quieren obstaculizar el desarrollo rural involucrando la población civil en el conflicto armado.

Estas dos formas de represión, puestas en marcha por el gobierno de forma conjunta, pretenden desplazar a los campesinos de sus fincas, con el objetivo de dejar las regiones rurales campo libre para la entrada de las multinacionales.

La crisis humanitaria generada a raíz de la violencia institucionalizada al servicio de este tipo de modelo económico, ha sido históricamente aguda en el Sur de Bolívar y en todo el Magdalena Medio, laboratorio de implementación de la estrategia paramilitar, progresivamente extendida a las otras regiones del país. Las constantes denuncias cuentan de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, heridos y muertos a causa del conflicto armado, y una violencia generalizada en la zona rural, cuya población civil vive con miedo y temor por su vida. Solo en este mes de mayo, van 17 los muertos por violencia en el municipio de San Pablo, según datos de la Vicepresidencia de la República.

En este contexto de violación de derechos y de ausencia estatal, se suma una crisis económica agudizada por las fumigaciones que, en el mes de marzo, acabaron con los cultivos de los campesinos. Bajo el pretexto de acabar con los cultivos de uso ilícito, el gobierno colombiano recurre a las aspersiones aéreas de glifosato que, de forma indiscriminada, que acaban con los cultivos de uso alimentario de la población civil. En el Sur de Bolívar hay presencia, desde hace tres décadas, de cultivos de coca que, a causa de la difícil comercialización de otros productos y pese al pésimo estado de la infraestructura vial, se convirtieron en el principal medio de sustento de los pobladores locales.

A través de las fumigaciones aéreas, medida coercitiva efectuada por el gobierno nacional a partir del año 1976 y financiada a partir del 1999 con recursos del Plan Colombia, el gobierno pretende obtener dos resultados: acabar con los cultivos ilícitos y poner fin a la lucha insurgente que, según el gobierno, utiliza la coca como principal medio de financiación.

Los intentos gubernamentales han tenido, hasta el momento, escasos resultados porque las guerrillas, que nacieron mucho antes del auge de la coca, siguen en su lucha armada y los cultivos de uso ilícito, lejos de acabarse, siguen existiendo en Colombia generando una economía sumergida de la cual amplios sectores se benefician abundantemente.

La preocupación más grande viene de una cláusula contenida en la Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y del Desarrollo Social 2007-2013 (EFDDS), más conocida como la fase II del Plan Colombia, según la cual si en 2013 no se habrá acabado con el 50% de los cultivos de uso ilícito, el gobierno colombiano contempla solicitar el ingreso directo de las fuerzas norteamericanas en territorio colombiano para ocuparse directamente del asunto, recalcando aún más la falta de soberanía nacional que existe en Colombia.

La propuesta del campesinado del Sur de Bolívar y de muchas otras regiones es la misma desde hace muchos años: la sustitución concertada de los cultivos de uso ilícito a cambio de alternativas de sustento digno para la población civil e inversión social en las zonas marginadas de Colombia. Pero la respuesta estatal siempre ha sido la misma, anunciada por el ruido de los helicópteros y de las avionetas que llevan destrucción y desesperación.

A pesar de este panorama desolador, no se ha logrado parar la resistencia civil que las comunidades campesinas adelantan desde décadas: como en el cuento de Lilliput de Swift, los pequeños habitantes se unen en contra del gran enemigo que parece invencible. Hoy más que nunca los pobladores rurales reafirman la importancia de la organización popular como medio para defender su territorio y sus derechos de pobladores soberanos en sus propias tierras y no están dispuestos a aceptar en el plan arrasador que el gobierno tiene preparado para ellos.