Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
:: Magdalena Medio, Colombia ::
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Comisión de verificación sobre las fumigaciones
“El desafío es fortalecernos y luchar contra esta amenaza”
Las comunidades campesinas defienden la soberanía nacional
Juana Zapata / Martes 30 de junio de 2009
 

El domingo 28 de junio se llevó a cabo en la vereda Villa Nueva, de San Pablo (Bolívar), la comisión de verificación sobre las fumigaciones que afectan a las comunidades campesinas del Sur de Bolívar, de las cuales asistieron 16 delegados de las juntas de Acción Comunal de esta zona adscritas a la Asociación Campesina del Valle de Río Cimitarra, así como el equipo de trabajo de la ACVC, las organizaciones defensoras de derechos humanos Cahucopana, Asorvim, Credhos y Asodesamuba, acompañantes internacionales, la delegada de derechos humanos de la Vicepresidencia, Delsy Ruiz, y las corporaciones jurídicas Humanidad Vigente y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Se dio inicio a la jornada con la intervención de la abogada Johana Rocha del Colectivo José Alvear Restrepo, quien señaló que las fumigaciones con glifosato, químico elaborado por la transnacional Monsanto desde 1976, genera crisis alimentaría, destrucción de los cultivos de pancoger de yuca, plátano, maíz, frijol, huertas caseras, entre otros; contaminación de las aguas, destrucción de la flora y fauna, y desplazamientos, lo que conduce a una crisis humanitaria.

Las aspersiones aéreas con glifosato hacen parte de una política mejor conocida como Plan Colombia que se encuentra en su segunda etapa, y que está ligada a las políticas norteamericanas de intervencionismo en los países que generan la oferta de la cocaína dentro de la doctrina de la lucha contra las drogas, en una lógica según la cual los países productores son responsables de este fenómeno y los países que lo consumen “asumen su responsabilidad” destinando recursos dirigidos en su mayoría al fortalecimiento de las Fuerzas Militares.

Según el colectivo José Alvear, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos realizaron un acuerdo político que determina que si para el 2013 no se ha acabado con los cultivos en un 50%, Colombia será intervenida militarmente por EU, lo que significa que éste sería territorio libre para las tropas norteamericanas y por ende la invasión de este país al mejor estilo de Vietnam.

Las implicaciones son muchas: por un lado las aspersiones con glifosato no se realizan con una rigurosa selección de los cultivos, lo cual demuestra que el objetivo de las fumigaciones no es acabar con la coca sino con el campesinado colombiano, se fumigan los cultivos de pancoger atentando con la soberanía alimentaria, los campesinos son fumigados en sus viviendas, se contaminan las aguas de las cuales dependen.

Los campesinos son cultivadores de coca porque el Estado no brinda inversión social para generar ingresos al campesinado en condiciones dignas. Los campesinos se dedican al cultivo de coca porque un kilo de pasta de coca equivale a dos millones de pesos (unos 664 euros, 932 dólares) y un kilo de yuca equivale a dos mil pesos. No existen vías para sacar la producción agrícola, el transporte es demasiado costoso, las comunidades no tienen acceso a educación ni salud, no existe acueducto ni alcantarillado. En estas condiciones el campesinado no tiene otra opción que cultivar coca para sostener a sus familias.

El cultivo de la coca y su cadena productiva, así como la supuesta lucha contra las drogas, son un negocio redondo. Aquí ganan multinacionales que incluyen las empresas que venden lo químicos para la preparación de la cocaína, los narcotraficantes hacendados, sicarios, políticos de noble estirpe, mercenarios, fuerzas militares del Estado, las grandes instituciones bancarias internacionales, expendedores de drogas, fabricantes de armas para la guerra, la multinacional Monsanto que vende el veneno para las aspersiones.

Todos ganan menos el campesino, que además de cultivar por necesidad es explotado en dicha cadena productiva y termina siendo el culpable de un fenómeno creado por una sociedad occidental sumida en la decadencia y la desesperanza.

Aquí los campesinos son realmente las víctimas de un negocio hipócrita, porque por un lado es uno de los más rentables del planeta después de la guerra, donde la gran mayoría de burgueses y capitalistas del planeta han sacado tajada, pero a su vez lo repudian y dicen que luchan contra él, cuando su lucha no es más que una excusa para intervenir en los países que para ellos son subdesarrollados, pero que les generan los recursos y materias primas para mantener su nivel de vida, para poner combustible en los carros norteamericanos y europeos.

Las fumigaciones se llevan a cabo en 20 de los 32 departamentos que integral el país y son realizados con 13,2 litros por hectárea, cantidad que genera no sólo una contaminación superficial, sino también subterránea. Las aspersiones son realizadas por helicópteros militares que amedrantan a la población con los ametrallamientos que realizan con la excusa de despejar el área. Estos entes estatales violentan a las comunidades y violan los derechos humanos.

Sin embargo, las comunidades campesinas y sus organizaciones como la ACVC buscan una solución a esta problemática desde propuestas que den garantía a las condiciones de vida digna, que eviten el desplazamiento de sus habitantes y la estigmatización de los campesinos por ser cultivadores de coca.

Los campesinos solicitan al Gobierno que se siente a negociar con las comunidades. Rechazan las fumigaciones y plantean la sustitución de cultivos, con inversión social en educación, salud y vivienda, proyectos productivos que generen ingresos, créditos de fácil acceso que no terminen con la desterritorialización de las familias que no tienen cómo pagarlos. Exigen la reparación integral de este atentado contra la vida, el cese de las ejecuciones contra campesinos inocentes y de la persecución política y judicial contra las organizaciones campesinas, y permanecer en el territorio en condiciones dignas.