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En medio de ataques aéreos indiscriminados y torturas
Policía detiene arbitrariamente a líderes campesinos en Corinto (Cauca)
 

Al suroccidente de Colombia, departamento del Cauca, municipio de Corinto. Ataque indiscriminado, detención arbitraria, agresiones físicas y psicológicas, por parte de policías del estado colombiano, en contra de campesinos integrantes de la Asociación Pro Constitución de Zona de Reserva Campesina del Municipio de Corinto, Filial de Fensuagro CUT e integrante de la Coordinación Departamental del Cauca del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano.

De acuerdo a denuncias recibidas recientemente:

Integrantes del Comando de Policía, Región 4 (Sur Occidente) al mando del brigadier general Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia y de la Fuerza Aérea del estado colombiano, en desarrollo de la doctrina de la Acción Integral y su política de Consolidación de la Seguridad Democrática continúan desplegando acciones sistemáticas de terror de estado concretadas en ataques en contra de la seguridad y libertad personal de humildes campesinos.

Como política de estado, a través de la intimidación, el señalamiento, la estigmatización la criminalización y el aniquilamiento de campesinos y sus organizaciones, el estado colombiano allana el camino para el desarrollo del modo de producción capitalista y el aniquilamiento de formas de producción comunitarias.

Por lo tanto, responsabilizamos al estado colombiano en cabeza del señor Álvaro Uribe Vélez, a la Gobernación del Departamento del Cauca en cabeza de Guillermo Alberto González y a las fuerzas regulares (militares y de Policía) del estado colombiano por las violaciones al derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) en contra de los ciudadanos asentados en el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca

Hechos

Al suroccidente de Colombia, departamento del Cauca, municipio de Corinto

Sábado 1 de agosto de 2009

Corregimiento Río Negro, vereda El Playón, cerca de la una de la tarde, cuando los campesinos Danilo Alarcón Quiceno, Libia Noscue Culcue, Jairo Antonio Millán, Gerardo Campaña y Hernando Coicue observaban los daños que causó el río Paila Castilla a la carretera que comunica a la vereda El Playón del municipio de Corinto con la vereda La Calera del municipio de Miranda, arribaron a la zona cuatro helicópteros de la Policía Nacional y dos aviones de la Fuerza Aérea Colombiana, que iniciaron un bombardeo indiscriminado, ante lo cual el grupo de campesinos se resguardó en la vivienda más cercana.

Posteriormente, dos helicópteros aterrizaron a un lado de la vivienda. De ellos descendió un grupo de policías del estado colombiano pertenecientes al grupo Omega, quienes llegaron a la vivienda donde se encontraban los campesinos y procedieron a sacarlos a la fuerza, apuntándoles con sus armas de dotación y amedrentándolos con ellas. Luego los obligaron a tenderse en el patio de la casa boca abajo con las manos puestas en la cabeza.

Después sacaron al señor Jairo Antonio Millán, quien fue esposado con las manos hacia atrás y le exigieron que se tirara boca abajo, a lo cual él se negó, debido a la forma como lo esposaron.

A los detenidos arbitrariamente el grupo de policías les preguntó insistentemente por "Seplin" [al parecer en referencia a cierto guerrillero de la región, conocido por el alias de Zepelín y reportado por el mismo Gobierno como dado de baja en 2003, nota de Prensa Rural], insistiendo en que dijeran dónde estaba y por dónde se había ido.

A un joven que es sordomudo, el grupo de policías lo agredió físicamente porque no respondía las preguntas que ellos le hacían.

El grupo de campesinos atemorizados respondió que no sabíamos nada de la persona que preguntaban porque ellos estaban en el trabajo de la carretera. Luego los policías les quitaron las pertenencias y bolsos, los revisaron y luego se escuchó por la comunicación de ellos que les ordenaban tomar fotos a cada uno boca abajo alzando el rostro, luego les quitan los documentos y envían los datos a través de comunicación radial. También fotografiaron todos los documentos de identidad y finalmente requisan la vivienda.

Uno de los helicópteros aterriza en un lugar cercano y de él descienden miembros de la Policía, quienes bajaron a un campesino que habita en una de las viviendas cercanas, a quien llevaron apuntándole con sus armas de dotación y le hicieron lo mismo que les habían hecho a los demás.

Al grupo de campesinos lo tuvieron detenido por cerca de una hora y media, tirados boca abajo con la advertencia de que no respondían si se levantaban, luego cerraron las puertas de la casa y se subieron en los helicópteros.

Frente al fundado temor de los habitantes del municipio de Corinto y en rechazo a las extralimitaciones de las fuerzas regulares e irregulares del estado colombiano, y ante el temor del ciudadanos colombianos Danilo Alarcón Quiceno, Libia Noscue Culcue, Jairo Antonio Millán, Gerardo Campaña y Hernando Coicue y sus núcleos familiares.

Señalando que:

Iván Danilo Alarcón Quiceno, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.301.967 Pradera (Valle).
Libia Noscue Culcue, identificada con cédula de ciudadanía No. 34.610.132 de Santander de Quilichao (Cauca).
Jairo Antonio Millán, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.660.658.
Gerardo Campaña, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.710.786 de Miranda (Cauca).
Hernando Coicue, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.765.374 de Corinto (Cauca).

En la actualidad algunos son directivos e integrantes de la Asociación Pro Constitución de Zona de Reserva Campesina del Municipio de Corinto, filial de Fensuagro CUT e integrantes de la Coordinación Departamental del Cauca del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano.

Responsabilizamos

Al estado colombiano, y en particular al mayor general Justo Eliseo Peña Sánchez, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional; al brigadier general Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, comandante de la Región de Policía No. 4; y al coronel Luis Joaquín Camacho Sarmiento, comandante del Departamento de Policía Cauca; por las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del estado en Corinto y en especial por la integridad física de Danilo Alarcón Quiceno, Libia Noscue Culcue, Jairo Antonio Millán, Gerardo Campaña y Hernando Coicue, asentados en la zona de operaciones de las unidades militares y policiales que dirigen.

Exigimos

Responsabilidad estatal frente a los derechos a vida, la seguridad personal, la organización y el trabajo de los ciudadanos colombianos Danilo Alarcón Quiceno, Libia Noscue Culcue, Jairo Antonio Millán, Gerardo Campaña y Hernando Coicue.

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

El cumplimiento de su mandato como veedores de que el estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos.

Al estado colombiano

El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del derecho internacional de los derechos humanos han formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.

Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas los campesinos y sus organizaciones en el Departamento del Cauca por parte de las fuerzas regulares e irregulares del Estado.

Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, a la libre movilidad y la libre organización de los ciudadanos integrantes de las organizaciones populares y sus líderes naturales en el departamento del Cauca y en especial de los ciudadanos colombianos Danilo Alarcón Quiceno, Libia Noscue Culcue, Jairo Antonio Millán, Gerardo Campaña y Hernando Coicue y su núcleo familiar.

Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la detención arbitraria, la agresión psicológica y el hostigamiento a que fueron sometidos los ciudadanos colombianos Danilo Alarcón Quiceno, Libia Noscue Culcue, Jairo Antonio Millán, Gerardo Campaña y Hernando Coicue.

A la Gobernación del Cauca

Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas los campesinos y sus organizaciones en el departamento del Cauca por parte de las fuerzas regulares e irregulares del Estado.

Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, a la libre movilidad y la libre organización de los ciudadanos integrantes de las organizaciones populares y sus líderes naturales en el departamento del Cauca y en especial de los ciudadanos colombianos Danilo Alarcón Quiceno, Libia Noscue Culcue, Jairo Antonio Millán, Gerardo Campaña y Hernando Coicue y su núcleo familiar.

Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la detención arbitraria, la agresión psicológica y el hostigamiento a que fueron sometidos los ciudadanos colombianos Danilo Alarcón Quiceno, Libia Noscue Culcue, Jairo Antonio Millán, Gerardo Campaña y Hernando Coicue.

A la Defensoría del Pueblo

Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales a la derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, a la libre movilidad y la libre organización de los ciudadanos integrantes de las organizaciones populares y sus líderes naturales en el departamento del Cauca y en especial de los ciudadanos colombianos Danilo Alarcón Quiceno, Libia Noscue Culcue, Jairo Antonio Millán, Gerardo Campaña y Hernando Coicue y su núcleo familiar.

Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la detención arbitraria, la agresión psicológica y el hostigamiento a que fueron sometidos los ciudadanos colombianos Danilo Alarcón Quiceno, Libia Noscue Culcue, Jairo Antonio Millán, Gerardo Campaña y Hernando Coicue.

Solicitamos

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado colombiano se apeguen a las normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

Instamos a los organismos de derechos humanos y organizaciones populares a mantenerse atentos y alerta ante la crítica situación de derechos humanos que está afrontando el departamento del Cauca.

Instituciones a donde se deben dirigir:

Alvaro Uribe Velez
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
auribe@presidencia.gov.co

Francisco Santos
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
fsantos@presidencia.gov.co

Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co
mdn@cable.net.co

Fabio Valencia Cosio
Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
Fax. 2221874
ministro@minjusticia.gov.co

Mario Iguarán
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
Fax. 570 20 00
contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co

Wolmar Antonio Pérez Ortiz
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.
Fax. 640 04 91
defensoria@defensoria.org.co
secretaria_privada@hotmail.com

Alejandro Ordóñez Maldonado
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co
reygon@procuraduría.gov.co

Carlos Franco
Programa Presidencial De Derechos Humanos Y De Derecho Internacional Humanitario.
Clle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C.
Fax. 337 46 67
cefranco@presidencia.gov.co
fibarra@presidencia.gov.co

Nota: favor remitir al siguiente correo los oficios, gestiones e informe de las acciones que adelanten con base en esta información. redfcifuentes@gmail.com, redfcifuentes@yahoo.es