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La organización de las comunidades desplazadas: Movimiento Social de Desplazados de Antioquia (Mosda)
Víctor Hugo Tobón Mesa, Winston Gallego Pamplona / Miércoles 23 de septiembre de 2009
 

Trabajo realizado en 2005 para la cátedra sobre desplazamiento forzado en la Universidad de Antioquia.

“Para quien no haya intervenido en una experiencia de práctica tan dinámica y compleja donde eminentemente todas las acciones están cargadas de intencionalidades políticas y posiciones ideológicas, pensarían que la interpretación está un poco viciada o sesgada por posiciones políticas preestablecidas. Sólo se trata de sopesar entre dos discursos que afloraron en una realidad concreta y cómo analizarla e interpretarla con los conocimientos y las acciones mismas del practicante que la ha vivido” Nicolás Castrillón

Antecedentes históricos

Gran parte de los integrantes del movimiento regional de desplazados cuentan o contaban con una rica y valiosa historia de organización y lucha política dentro del movimiento campesino colombiano, se puede decir que el Mosda, con todos sus aciertos y errores, fue un heredero legitimo de la Unión Patriótica (UP) como Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas), y de la Asociación Campesina de Antioquia (ACA), que a la vez, en un momento de su historia, logró sintetizar toda la experiencia de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) – Línea Sincelejo.

La ACA surge como una propuesta organizativa de los campesinos cafeteros que veían venir la crisis después de la caída del pacto internacional del café en 1988. Y a partir de la crisis generalizada del agro en Colombia se amplía a diferentes regiones del departamentos de Antioquia.

La Asociación hizo parte de la ANUC. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos manejaba dos corrientes a su interior: la línea Armenia y la línea Sincelejo. La primera estaba manejada por los grandes y medianos terratenientes representados en los partidos tradicionales que tenían gran injerencia allí. Además contaban con el apoyo del Gobierno. La segunda línea se caracterizó por asumir una postura crítica y radical frente a las políticas agrarias propuestas por el Gobierno.

La ACA se identifico siempre con la línea Sincelejo por considerar que era la que verdaderamente defendía los intereses de los campesinos pobres en Colombia. Esta tendencia fue la que años mas tarde se denominó Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR).

La Asociación tenía presencia en casi todo el departamento. Donde tuvo mayor dinamismo fue en Suroeste y el Nordeste. Pues, para el tiempo en que se comenzó a construir la Asociación (1989), éstas eran las zonas de Antioquia con mayor nivel de organización campesina, por todo el trabajo que la ANUC venía desarrollando en años anteriores con la población campesina de estas regiones.

El trabajo con los campesinos se fundamentó en la capacitación técnica de los proyectos agrícolas, en la formación política y en la recuperación de tierras y fincas que hacia mas de diez años estaban abandonadas y que por ende la ley de tierras expedida en el periodo de gobierno de Alberto Lleras Restrepo les permitía a los campesinos apropiárselas para el beneficio colectivo.

Aunque esta ley otorgaba ciertas garantías a los campesinos, no se consideraba, según la lectura que se hacía desde la Asociación, como una profunda reforma agraria que permitiera salidas estructurales a la dura crisis que venía sufriendo el campo en Colombia, sino como paliativo a una problemática histórica que ha sido causal de muchos conflictos sociales y armados en el territorio colombiano.

La posición de la Asociación frente a las políticas agrarias propuestas por el Gobierno la llevó a elaborar con los campesinos varias iniciativas de reforma agraria que fueron discutidas en muchos espacios sociales y gubernamentales. Dentro de las principales reivindicaciones de la propuesta de reforma agraria integral se encontraban: tierra gratis para los campesinos, créditos a bajo costo y sin intereses, subsidio a la producción y protección de la producción nacional frente a los productos extranjeros, asistencia técnica y mercadeo asegurado, entre otros.

Si bien fue éste el periodo de mas avance en el desarrollo de la propuesta política y organizativa de la Asociación, también fue la época donde más fue golpeado el movimiento campesino y entre ellos los lideres y base social de ella en las diferentes regiones de Antioquia donde se incrementó el paramilitarismo, especialmente en el periodo de gobernador de Álvaro Uribe Vélez como primer mandatario del departamento de Antioquia.

Tanto en el Nordeste como en el Suroeste se desató una serie de asesinatos selectivos a líderes y dirigentes campesinos miembros de ACA y otras organizaciones. También empezaron las amenazas y la estigmatización a todas las organizaciones campesinas y a sus dirigentes, relacionándolos con los grupos insurgentes que operaban en la región, hecho que provocó no sólo el desplazamiento de varios campesinos de la región hacia las zonas más deprimidas del Valle del Aburrá y de otras localidades, sino que puso de carne de cañón a todos sus dirigentes ante las balas de los grupos paramilitares.

Lugares de llegada y ubicación geográfica

Desde 1995 se organiza la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas). Se conforma básicamente por desplazados de la zona de Urabá. Desde entonces, la ACA inicia un proceso de coordinación con dicha organización, para llevar a cabo la primera acción de hecho que fue la toma de un sector de Villatina con unas 75 familias. Allí duraron dos meses hasta que la Fuerza Pública los desalojó.

Después, estas familias se toman la catedral de Medellín y de allí son trasladados por la Secretaría de Bienestar Social para un albergue en Belencito, logrando que, después de dos años, reubicaran a 19 familias en la finca El Diamante en el municipio de Campamento, sin que hasta el momento el gobierno departamental halla cumplido con lo pactado (estabilidad socioeconómica).

En el mes de octubre de 1996 se produjo la toma de la Universidad de Antioquia con un grupo de 120 familias desplazadas de diferentes regiones de Antioquia, la cual tenía por objetivo demostrar al gobernador Álvaro Uribe Vélez, en ese entonces, que en Medellín sí había desplazados y que necesitaban el apoyo estatal para resolver sus más apremiantes necesidades. Esta toma trajo como resultado la retención y la reseña de todas las personas que allí se encontraban. Después de ocho días de éxodo se logró llegar a un acuerdo el cual no se ha cumplido en un alto porcentaje.

En diciembre del mismo año se realiza la recuperación de tierras en el barrio El Picachito, donde participaron 170 familias entre desplazados y no desplazados y cuyo resultado fue similar a los anteriores (varios líderes detenidos y otros cuantos asesinados). Al ver el municipio de Bello la resistencia de estas familias firman unos acuerdos en los cuales el municipio se compromete a reubicarlos en un terreno urbano para iniciar un proyecto de vivienda. Hoy después de varios años, no se ha podido siquiera empezar el proyecto.

El Pinal, ubicado en el municipio de Bello, es uno de los asentamientos más antiguos de desplazados en el Valle del Aburrá, el cual también se ha caracterizado por la lucha y resistencia, pues ha sido tal la situación que hasta el momento van varias masacres (como la ocurrida en 1998 por miembros de la banda Pacheli -que tenía vínculos con los paramilitares- y de la Policía) [1] y muertes selectivas que han costado la vida a más de 200 personas.

Además, varios detenidos y desaparecidos en manos de fuerzas estatales y grupos paramilitares que se han ensañado en continuar la persecución y el exterminio a los desplazados.

El asentamiento El Pinal del barrio Enciso del municipio de Medellín, donde existe la presencia de 280 familias hace más de cuatro años, ha sido desalojado por las autoridades municipales en tres ocasiones, pero los desplazados han persistido logrando hacer frente a tan dura situación. También se ha logrado firmar acuerdos con el municipio de Medellín para que estas familias fueran ubicadas en una finca rural o para desarrollar un proyecto de vivienda donde se encuentran. Después de los acuerdos, nada de esto se ha logrado.

Al año 2003 han existido aproximadamente las comunidades de El Picachito (El Esfuerzo), con 1.100 personas congregadas en 180 familias, El Pinal con 380 familias, Vallejuelos con 1.100 familias, Olaya Herrera con 400 familias, La Torre con 450 familias, El Trébol con 550 familias, la loma de la Cruz con 60 familias, El Pesebre con 400 familias, San Blas (El Oasis) con 120 familias, Cañada Negra con 80 familias, don Félix 35 familias, Bello Oriente 43 familias, 13 de Noviembre 350 familias, Manrique la Cruz 350 familias, Villa Fátima (Itagüí) con 90 familias, Santa Rita con 100 familias.

Además, Ajizal (Itagüí) con 13 familias, Villa El Pinal (Mano de Dios) con 220 familias, La Esperanza con 80 familias, Chocosito con 20 familias.

Formas organizativas

En el caso de Bello Oriente, la organización social se encontraba en un estado muy primitivo: se carecía de líderes reconocidos legítimamente por la comunidad, no se habían creado aún ningún tipo de organización social (comités de trabajo, juntas de acción comunal, movimiento social de desplazados, etc.). Tampoco contaban con ningún tipo de reglamento interno que regulara sus relaciones comunitarias para unas mínimas normas de convivencia.

Fue a partir de la misma lucha de la comunidad y el acompañamiento organizativo de las organizaciones de derechos humanos que se empezaron a construir unas mínimas expresiones organizativas y un reglamento interno que regulara las conductas de los miembros de la comunidad y pusiera reglas claras para la convivencia pacífica de las mismas. Algunas de las normas más importantes de éste asentamiento fueron: no se podía vender los ranchos a partir de los cinco años. Esta medida buscaba frenar la especulación con los predios y cerrarles el paso a los oportunistas que veían en esta actividad un gran negocio.

La otra tenía que ver con el no vínculo de ningún miembro de la comunidad a ningún actor armado que operara en el sector, como una forma de mantener el asentamiento libre de estigmas y señalamientos o para mantenerlo al margen de un posible hostigamiento por parte de alguno de los grupos.

En el nivel organizativo, se conformó un comité asesorado por la Asociación Campesina de Antioquia, cuya función principal para ese entonces era velar por el buen cumplimiento del reglamento comunitario y aplicar las medidas pertinentes en caso de su violación.

A diferencia del sector de Bello Oriente, los sectores 3 y 4 que hoy conforman La Honda y la parte alta de La Cruz, conformaban un grupo más homogéneo en cuanto al origen de su población. La mayoría de sus habitantes provenían de Urabá, de sectores de ésta región que históricamente han tenido procesos organizativos muy fuertes. Muchos de ellos pertenecientes al Partido Comunista y a la Unión Patriótica y a los distintos sindicatos que tiempos atrás tuvieron mucho apogeo en el escenario político de la región de Urabá.

Dentro de los líderes del asentamiento son varios los que fueron concejales en algunos municipios que conforman la región. Un caso de ellos es el de Jorge Iván Herrera, quien fuera concejal del municipio de Apartadó por seis años; o el de don José Triana como antiguo dirigente sindical del Magdalena Medio; y de muchos de los dirigentes del movimiento social de desplazados que hoy se encuentran detenidos.

Mosda

El Movimiento Social de Desplazados de Antioquia se conformó hace aproximadamente ocho años. Antes se llamó Comité de Desplazados y estuvo integrado por líderes de diferentes asentamientos (Vallejuelos, Olaya Herrera, El Pinal, entre otros).

Debido a toda la problemática que ha atravesado el proceso de construcción del mismo, sepultada por el proceso de criminalización y persecución contra él, sus participantes se redujeran a las comunidades de La Honda, La Cruz y Bello Oriente y, finalmente, después de la operación Estrella VI y los constantes atropellos y hostigamientos sufridos por parte de la Fuerza Pública y los grupos paramilitares durante el 2004, el Mosda prácticamente desapareció.

El proceso organizativo en éstos últimos sectores (Honda, La Cruz) ha sido mucho más fuerte y autónomo que en asentamiento de Bello Oriente. Desde sus inicios, estas comunidades han tenido diferentes expresiones organizativas que iban orientando la vida comunitaria en sus diferentes aspectos. Con los primeros fundadores que fueron Amparo Higuita, Juan Osorno, Margarita y Gildardo Restrepo, se comenzó el primer comité de trabajo, y a medida que iban llegando los otros grupos de pobladores la organización social comunitaria fue creciendo y consolidándose.

Del primer comité creado en el sector cuatro se pasó rápidamente a conformar el comité de trabajo en el sector tres, y así paulatinamente hasta conformar las juntas de acción comunal en cada comunidad. Pero no sólo existían los comités de trabajo o las acciones comunales, sino, además, comités de vigilancia, grupos juveniles, grupos de tercera edad, entre otros.

La organización social no se limitaba a asuntos netamente políticos u organizativos: su labor se manifestaba además en el aspecto económico mediante el desarrollo de pequeños proyectos productivas de pancoger y en las obras de mejoramiento físico del sector que se hacían a través de los convites realizados cada ocho días, un hecho que desencadenó una serie de factores que repercutieron directamente en la organización social de estas comunidades y en la violación sistemática de los derechos humanos en la misma.

Este hecho fue la toma pacífica de la Universidad de Antioquia por parte de la comunidad desplazada de La Honda, La Cruz y Bello Oriente el 7 de noviembre del 2002. Esta toma fue asesorada por el Movimiento Social de Desplazados de Antioquia y por la Asociación Campesina de Antioquia, y apoyada por algunos estudiantes y miembros de la Pastoral Social.

La toma tenía como objetivo llamar la atención por los continuos atropellos de la Fuerza Pública contra la comunidad y especialmente con sus líderes. Además, exigirle al Estado que no le diera una salida militar sino social a la difícil situación que venían padeciendo estas comunidades.

El Mosda y la interlocución con el Estado

Debido a este hecho, se instaló una mesa de negociación donde participaron algunos líderes del Movimiento Social de Desplazados de Antioquia, un delegado de la Defensoría del Pueblo, otro de la Red de Solidaridad Social, un delegado de la Alcaldía Municipal -que en este caso fue la doctora Victoria Eugenia, quien preside el Comité Municipal de Desplazados-, y un miembro de la Asociación Campesina de Antioquia en calidad de asesor.

Luego de todo un día de negociación, donde el Movimiento Social de Desplazados de Antioquia presentaba un pliego de peticiones, se llegó al acuerdo de que al día siguiente serían atendidas en el sector de La Honda todas las quejas y denuncias de la comunidad y el pliego de peticiones que había presentado el Movimiento Social de Desplazados de Antioquia.

Dentro de los aspectos más importantes en el pliego de peticiones podemos resaltar la atención social en salud, empleo, alimentación y educación a la comunidad, así como el cese inmediato los atropellos y señalamientos de la Fuerza Pública a estas comunidades.

Al día siguiente, estuvieron en el sector los distintos organismos de control del Estado: Procuraduría, Defensoría del Pueblo, un delegado de la Fiscalía, un representante del Policía Comunitaria y un delegado de las Naciones Unidas para verificar las acciones de la Fuerza Pública, para recoger las distintas denuncias y par comprometerse en ponerme freno a dicha situación.

Un día después, hicieron presencia en el sector: un representante de la Gobernación (el DAPAR), el ICBF, estudiantes de la Universidad de Antioquia, un delegado de la Red de Solidaridad Social, los Comités Departamental y Municipal de Desplazados, varios líderes del Movimiento Social de Desplazados de Antioquia y un representante de la Asociación Campesina de Antioquia. El objetivo de esta segunda reunión interinstitucional en el sector era el de concretar los acuerdos a que habían llegado en el proceso de negociación dos días antes.

En la primera reunión, los organismos de control se comprometieron a investigar todos los desmanes de la Fuerza Pública en contra de la comunidad y la delegada de la Fiscalía insistió en el respeto por los derechos humanos, tomó todos los datos de los líderes y se comprometió igualmente a investigar y vigilar toda esta situación. Al segundo día, se realizaron los compromisos de atender humanitariamente a estas comunidades.

El Movimiento Social de Desplazados de Antioquia tuvo presencia en los Comités Municipal y Departamental de Desplazados, donde se han dado profundos debates entre sus líderes y los representantes de los gobiernos departamental y municipal, en torno a las políticas para la población desplazada y el trato que en particular han recibido de la actual administración municipal.

Las perspectivas políticas de este movimiento son luchar por las condiciones dignas de las comunidades desplazadas mientras estén en la ciudad, por el respeto a su libre organización y por las posibilidades de un retorno colectivo a sus lugares de origen con garantías por parte del Estado. Desde el Movimiento Social de Desplazados de Antioquia se han realizado varias actividades de reflexión sobre el desplazamiento, varias marchas y tomas exigiendo garantías sociales y políticas para su población. Por eso, no es casual que su organización social sea perseguida, señalada y estigmatizada.

Se pueden ubicar dos posiciones políticas claras y formas de ver la realidad de manera distinta: en primer lugar tenemos los Comités Departamentales y Municipales de Desplazados y la Red de Solidaridad Social, cuyo discurso encarna las políticas gubernamentales que se tienen para las comunidades desplazadas. De igual forma, la posición política del Movimiento Social de Desplazados de Antioquia.

Las posiciones políticas y los discursos ideológicos afloraron en los espacios de debates que se llevaron a cabo en las instancias gubernamentales, donde los actores expusieron sus puntos de vista frente a la problemática social y sobre el trato político que desde la Administración se le viene dando a la misma.

En cuanto a lo social, son claros y tajantes los representantes de la administración pública en la insistencia por el desalojo de algunos asentamientos de desplazados, porque según ellos el Municipio necesita estos predios para ejecutar los proyectos que desde planeación municipal se piensan construir. El argumento que esgrimen estos funcionarios es, entre otros, que están ubicados en zonas de alto riesgo, que éstas son invasiones piratas, que las personas que están allí lo hacen con el propósito de evadir impuestos, o que allí no existe población desplazada.

Además, plantean algunos funcionarios que los desplazados no tienen posibilidades de acceder a subsidios de vivienda de interés social porque no tienen capacidad de pago y pierden sus casas, ni tampoco muchas garantías en salud porque la entidad prestadora de servicios no cubre con sus gastos. Según la nueva resolución en salud para los desplazados, éstos sólo serán atendidos en casos donde la enfermedad que presentan sea por causa del desplazamiento. La pregunta entonces es: ¿Cuáles son las enfermedades que provoca el desplazamiento?

El Mosda sostuvo que las políticas gubernamentales no están encaminadas a resolver la problemática estructural de los desplazados, que todas estas instancias se crearon para atender de manera puntual un problema tan complejo como es el desplazamiento y que carecen de planes integrales que materialicen la ley 387 de los desplazados.

Desde el Mosda el argumento más contradictorio frente al discurso institucional fue que estos espacios están diseñados para atender la emergencia y no el fondo de la problemática y que además, son un distractor para la comunidad desplazada en cuanto que los involucra en reivindicaciones muy superficiales como la del colchón y el mercado, y los inhibe de discusiones de fondo como el derecho a recuperar sus tierras, sus condiciones materiales y la dignidad humana.

De aquí radica la importancia que el Movimiento Social de Desplazados de Antioquia da a la organización, porque considera que no es posible ganarse soluciones de fondo como el retorno digno con garantías si las comunidades desplazadas no están lo suficientemente fortalecidas y cohesionadas bajo una plataforma única de lucha que los lleve a trascender los aspectos puntuales de una problemática bien compleja y estructural. Para esto el Mosda construyó los siguientes comités: Salud, Educación, Deporte, Cultura, Empleo, Seguridad, Retorno, Indemnización, y Reparación integral y futuro.

El elemento ideológico, aunque no se plasma muy claramente en el discurso político, sí se puede develar la intencionalidad de los actores. Desde las instituciones gubernamentales, hay un claro propósito de conservar el orden social, económico y político bajo los lineamientos del nuevo orden mundial capitalista; y desde los lineamientos planteados por el Movimiento Social de Desplazados de Antioquia hay un clara intención en su discurso y en sus acciones de revertir las relaciones de poder en cuanto propone soluciones estructurales.

Aclarando más esta idea, se puede analizar que en las políticas gubernamentales no existe la intención de tocar los intereses de los grandes terratenientes que han venido adicionando a sus predios buena parte de las tierras de los desplazados, ni mucho menos de abrir espacios políticos para discutir el tipo de desarrollo que beneficie a estas comunidades.

"Seguridad democrática": Operación Estrella VI y otros operativos

El sábado 11 de enero de 2003, aproximadamente a las nueve de la noche, miembros del batallón de infantería Atanasio Girardot, ubicado en el barrio Villa Hermosa, que patrullaban el sector de Bello Oriente, hicieron descender de un colectivo a los jóvenes Nelson Alberto Osorio Carrillo, Fabián Suárez (menor de edad) y Róbinson Molina Torres y procedieron a torturarlos físicamente. Posteriormente fueron privados de la libertad acusados de pertenecer a grupos de milicias de las FARC.

Está situación fue la antesala previa de la operación Estrella VI, sin decir que la única, pues podemos decir que desde la llegada al barrio han sido objeto de persecución, estigmatización y violación de los derechos humanos.

El día 13 de enero del 2003, alrededor de las tres de la madrugada se desarrolló la operación Estrella VI donde se allanaron viviendas y detuvieron cerca de cien personas. Dentro de los detenidos se encontraban 59 líderes del Movimiento Social de Desplazados de Antioquia, incluida toda la junta directiva del Mosda, el presidente la junta de acción comunal del barrio La Honda y coordinadores de los diversos comités barriales, acusados de ser ideólogos de la insurgencia que operaba en el sector.

En la operación participaron miembros del Eejército adscritos a la Cuarta Brigada y de la Policía Metropolitana, así mismo agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), y delegados de la Fiscalía.

Dentro del operativo participaron al menos seis personas no identificadas que cubrían sus rostros con capuchas que se encargaron de acusar a un gran número de personas de pertenecer o colaborar con grupos insurgentes, constituyéndose en la única prueba, pues las personas fueron detenidas indiscriminadamente, sin orden de captura, acusadas del delito de rebelión.

La misma fiscal que había estado en el sector y que se había comprometido en el respeto por los derechos humanos, fue la que lideróo y suministró la información de la Fiscalía, acusándolos de ideólogos y terroristas por la toma a la Universidad de Antioquia.

Según informes oficiales sólo “encontraron dos armas de fuego y las personas no hicieron resistencia” [2].

Pero los atropellos de la Fuerza Pública continuaron durante el año 2003 y el 2004. Por ejemplo:

El día 18 de marzo del 2003, miembros de la Policía (CEAT) realizaron un operativo en el barrio la Honda; en éste, allanaron un gran número de viviendas, donde sacaron 25 personas y llevándolas para la estación de Policía de San Blas. Muchas de ellas fueron fuertemente golpeadas.

Desde mayo de 2004 la comunidad ha denunciado que personas, supuestamente desmovilizadas, hacen presencia en el sector acompañados de integrantes de la banda conocida como "La 30" y conjuntamente patrullan y controlan la zona, utilizando armas de fuego y presentándose ante la comunidad como miembros de grupos paramilitares.

Estos mismos jóvenes son los que realizan patrullaje conjunto con los agentes de Policía de la estación San Blas.

En abril 28 de 2004 miembros de esta estación realizaron un irregular operativo en el barrio La Honda, con participación de varios integrantes de una banda que opera en el sector a la que se conoce con el nombre de "La Montañita".

En mayo 27 del 2004, miembros de la Policía llegaron hasta la escuela en compañía de civiles armados y un encapuchado, en momentos en que se realizaba taller de Codehsel y retuvieron a varias personas.

En desarrollo de los operativos, aparecen buscando a los líderes y a otros miembros de la comunidad, llevando consigo sus fotografías cuando meses atrás fueron capturados, reseñados, fotografiados y dejados en libertad.

Desde entonces no han cesado los operativos irregulares con allanamientos y capturas que se hacen de manera indiscriminada [3].

En este proceso, la organización social de los desplazados trato de recomponer el Movimiento Social de Desplazados de Antioquia, que quedó muy debilitado a raíz de estos hechos y por hacer un trabajo de empoderamiento con la comunidad, que quedó muy atemorizada, confundida y con mucha apatía para organizarse porque temen correr la misma suerte de sus líderes. Además, persisten las amenazas y el señalamiento.

Pero los operativos realizados en los asentamientos hay que entenderlos en un contexto que tenga en cuenta la forma y los intereses con que se viene construyendo la ciudad en el marco de la competitividad como requisito de inserción a la globalización. La mayoría del presupuesto del plan de desarrollo municipal esta destinado a grandes proyectos de infraestructura dentro de los lineamientos del plan estratégico para Antioquia “Antioquia la mejor esquina de América”, dejando márgenes de inversión muy ínfimos para lo social y, entre este pequeño rubro, para la atención de los desplazados.

Tanto en el ámbito nacional y regional, como local, es Planeación la que define técnicamente hacia dónde debe girar el desarrollo, sin que medie una discusión profunda y ética de lo que significa y hacia dónde se debe de focalizar el desarrollo.

El túnel de Oriente, el de Occidente, el proyecto de reforestación Pradera en la comuna nororiental, y las diferentes vías que se construirán con salida al mar de los puertos secos vienen produciendo una serie de desplazamientos internos que no tocan únicamente a los desplazados, sino a mucha población ubicada en estos sitios de interés.

Vemos entonces cómo, tanto en el campo como en la ciudad, el desarrollo es motivo de orgullo para una clase privilegiada que tiene grandes intereses en estas obras y marginalidad, destierro y desplazamiento forzado para la mayoría de los excluidos sociales que se asientan en estos lugares por única alternativa de subsistencia. El megaproyecto que más amenaza la permanencia de los desplazados de la comuna nororiental y entre ellos los de La Honda, La Cruz y Bello Oriente es el parque ecológico Pradera.

Ya empezaron los procesos de desalojo en Altos de Oriente y parte del Pinal con tendencias a futuros desalojos en La Cruz, La Honda y Bello Oriente.

Balance

La serie de señalamientos, estigmatización política y judicialización a los líderes del Movimiento Social de Desplazados de Antioquia ha repercutido no sólo en el debilitamiento y dinámica interna del mismo, sino, además, en la misma comunidad. Por un lado la dificultad de oxigenar el Movimiento Social de Desplazados de Antioquia con nueva base social de desplazados de otros sectores fue difícil por las prevenciones que sobre el mismo se fundaron.

Toda la campaña de persecución y señalamiento que desde algunas instancias gubernamentales se impulsó provocó la casi imposibilidad de llegar a otros espacios organizativos de desplazados. De igual forma la comunidad se siente con temor de vincularse a las distintas expresiones organizativas que creen correr la misma suerte que los líderes del movimiento o por evitar ser blanco de alguno de los actores en conflicto.

Pero no sólo los asuntos externos fueron obstáculo para la propuesta organizativa de las comunidades. Hay tener en cuenta los errores en la construcción de movimiento social de desplazados. No se tuvo suficiente claridad por parte de algunos de sus líderes de lo que significa una propuesta de este tipo. El movimiento social que representó a estas comunidades adolece de varios elementos y principios que caracterizan un movimiento social y que lo diferencian de otras estructuras políticas y organizativas.

En primer lugar, el movimiento social de desplazados no fue una propuesta que se haya construido desde sus inicios con el concurso de la base social de estas comunidades. Es decir, la participación comunitaria no fue trabajada y entendida en su forma más amplia por parte de sus líderes y puesta en práctica en las comunidades. De otra parte, la propuesta en algunos momentos de su desarrollo se cerró demasiado y manejó un discurso demasiado radical que no permitió la integración de otras propuestas más moderadas y amplias.

Este elemento es clave para entender lo que significa un movimiento social y la importancia de éste en los procesos de desarrollo. El otro aspecto, y que es bien importante, se trata de que el movimiento se debe dotar de manera autónoma de una plataforma política atrayente para otros sectores sociales y de desplazados, que se vincule a dinámicas políticas y organizativas que otras organizaciones campesinas y de desplazados vienen jalonando a nivel nacional.

No obstante, buena parte de la comunidad estuvo dispuesta a participar de las distintas actividades de formación y movilización. No ha sido nada fácil recuperar la confianza de la comunidad en su movimiento social y en la posibilidad de seguir fortaleciendo sus procesos organizativos. Lo muy poco que se ha logrado mantener es gracias a los antecedentes organizativos tan fuertes que estas comunidades han tenido desde sus lugares de origen y el impulso, orientación y asesoría que desde otros espacios se les ha brindado.

Toda esta situación se convirtió en un gran obstáculo para que el Mosda desarrollara el trabajo organizativo en estas comunidades. En primer lugar, existió y existe la amenaza latente de un posible desalojo, que implica una segregación de la comunidad por varios sectores de la ciudad (los que se puedan reubicar), otros quedaran en condiciones absolutas de indigencia y otros tantos empeorarán la difícil situación económica donde sus familiares en la ciudad (si los tienen).

Es decir, si es difícil el fortalecimiento de la organización social en las comunidades teniendo en cuenta que aún se encuentran concentrados en estos territorios, ¿cómo se haría entonces teniéndolos dispersos por toda la ciudad?

Por otra parte, se hizo cada vez más complicada la intervención organizativa en estas comunidades por la presencia de los grupos paramilitares que coparon todos los barrios marginales de la ciudad y entre ellos estos asentamientos de desplazados.

En el asunto político, las contradicciones se dan por el tratamiento militarista que se viene dando a la problemática social en las comunidades.

Mientras las autoridades de control, e incluso en los mismos comités de desplazados se justifica la intolerancia política ejercida contra la comunidad y sus organizaciones bajo el pretexto de retomar el control de todas estas zonas de la ciudad, el Movimiento Social de Desplazados de Antioquia planteó en su momento que este es el sofisma de distracción para aniquilar las expresiones organizativas que allí existen para luego empezar a desalojar o para evitar que de manera organizada la comunidad exija soluciones de fondo a la problemática.

En este mismo orden, se presentan contradicciones en la forma en que opera la Justicia en muchos de estos casos, en la negligencia de los organismos de control para investigar y sancionar a los infractores, y la impunidad casi absoluta de los casos denunciados por atropellos y violaciones de los derechos humanos.

Uno de los aspectos mas positivos que desde la parte organizativa ha tenido estas comunidades fue la declaratoria de asentamientos refugiados internos por la paz y los derechos humanos, el 14 de febrero de 2003. Firmada por Las comunidades de Altos de Oriente, El Pinal, Bello Oriente, La Honda y La Cruz.

Esta iniciativa ha logrado en gran medida unir a la comunidad y despertar confianza en la misma, en sus procesos organizativos y frenar un poco los continuos atropellos, hostigamientos, detenciones y asesinatos de miembros de este asentamiento y de sus líderes. Esta declaratoria aún se mantiene.

Aunque la declaratoria de Asentamiento de Refugiados Internos por la Paz y Los Derechos Humanos no se ha desarrollado en los mejores términos, sí ha logrado un buen nivel de cohesión en la comunidad. Esto se ha notado en el nivel de convocatoria que han tenido los distintos talleres que realiza la institución y la nutrida participación de los miembros de la comunidad en los proyectos que en materia de derechos humanos e iniciativas artístico-culturales se vienen ejecutando.

No obstante es necesario plantear que si bien la declaratoria ha permitido el acompañamiento, que en momentos se confunde con el asistencialismo, tenemos una crítica que creemos es necesaria señalar:

Más allá de la dificultad planteada por la normatividad nacional e internacional y los conceptos manejados por ella, que no reconoce el término de refugiado interno, creemos que esto se puede solucionar si en vez de estar construyendo realidades a partir de los conceptos, construimos conceptos a partir de realidades. El problema mayor para nosotros es que esto puede suscitar una excusa que justifique una intervención militar disfrazada de intervención humanitaria, por ejemplo una invasión con los Cascos Azules “por cuestiones humanitarias” para proteger las vidas de los miembros de los asentamientos.

La declaratoria de Asentamiento de Refugiados Internos por la Paz y Los Derechos Humanos la realizaron partiendo de las siguientes circunstancias:

Profunda crisis humanitaria, que si no se atiende inmediata e integralmente llevará a un redesplazamiento (lo que realmente sucedió) [4]

Agudización del conflicto social y armado y su traslado a los sectores marginales de Medellín, que desató un aumento de la violación sistemática de derechos humanos. focalizada en nuestros asentamientos.

Operativos de las fuerzas del Estado, detenciones masivas y estigmatización.

La falta de una política clara del Estado en materia de salud, educación, vivienda y empleo para la población desplazada forzadamente.

El poco cumplimiento de la gran mayoría de acuerdos firmados con el Gobierno.

La nula efectividad de los acuerdos firmados tras la toma de la UdeA en materia de seguridad y excesos de autoridad por la Fuerza Pública.

La declaratoria de los Asentamientos de Refugiados Internos por la Paz y Los Derechos viene acompañada con siete artículos que buscaban desarrollar y reglamentar el asentamiento. A continuación nombráramos los artículos:

Artículo 1. Se argumenta la decisión de la declaratoria y realiza un llamado a la comunidad internacional solicitando acompañamiento permanente e intervención ante las instituciones del Estado.

Artículo 2. Define que los miembros de los asentamientos internos son población civil no combatiente desplazada. Igualmente plantea que los miembros de los asentamientos son las personas que se comprometan voluntariamente en el proceso con la intención de solicitar protección para su vida ante los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

Artículo 3. “Las personas que hacemos parte de los asentamientos de refugiados internos por la paz y los Derechos Humanos no realizarán actividad alguna que tenga relación directa o indirecta con las operaciones militares de ninguno de los actores en conflicto, o con el apoyo táctico o estratégico de los mismos”.

Artículo 4. “Las comunidades de los asentamientos de refugiados internos por la paz y los derechos humanos tomaremos las medidas oportunas y necesarias para controlar el acceso o transito a todas las personas diferentes a la comunidad; además las diferentes ONG o entidades que quieran ingresar a estos asentamientos deben contar con el consejo de integración comunitaria para coordinar las diferentes acciones”.

Artículo 5. Delimitación del territorio con banderas blancas y con vallas o pancartas con la frase “Por La Defensa De Nuestra Vida Con Dignidad”.

Artículo 6. Los asentamientos de refugiados internos por la paz y los Derechos Humanos reconocemos la competencia de un consejo de integración comunitario, conformado por un representante de las diferentes organizaciones de los asentamientos, y representante de las organizaciones sociales y de derechos humanos en calidad de acompañantes.

El consejo de integración comunitario se regirá autónomamente por medio de la construcción de su propio reglamento. Así mismo este consejo cumplirá funciones administrativas y disciplinarias.

Artículo 7. “Llamamos a los diferentes actores armados legales e ilegales para que respeten la autonomía de la comunidad, el libre desarrollo de su organización social y las garantías de locomoción dentro y fuera del asentamiento”.

Resaltamos como un logro a nivel político la propuesta alternativa de un retorno digno y garantías que construyó el Mosda, en alianza con la Asociación de Ayuda Solidaria (Andas) y la Asociación Campesina de Antioquia (ACA).

La propuesta de retorno se construyó tratando de superar las falencias de las propuestas de retorno o reubicación planteadas por el Gobierno Nacional, a las cuales el Mosda y las otras organizaciones les hacen los siguientes cuestionamientos:

Falta de responsabilidad del Gobierno, pues el Gobierno no está siendo responsable al plantear un retorno bajo las condiciones actuales del conflictos social y armado además “cómo puede garantizar el Estado un retorno con garantías, cuando ha sido cómplice y expulsor de población a lo ancho y largo del territorio nacional en la historia política de este país” [5].

¿Cómo serán las garantías de seguridad? De lograr retornar no se ve muy claro cómo va hacer el Estado para garantizar la seguridad de las personas que regresen a las zonas que son de control paramilitar.

¿Con quiénes piensa retornar? El problema en este punto se ubica en la información sobre el numero de desplazados pues “son muchas las personas desplazadas las que ya no aparecen en el registro único de la Red de Solidaridad Social y otras tantas que no han sido registradas por diferentes argumentos…” [6].

La propuesta del Mosda y las otras organizaciones sociales y de base contiene tres ejes centrales, a saber: económico, político y social.

Cada uno de estos ejes contiene una serie de puntos los cuales mencionaremos a continuación:

En lo económico

Garantizar alimentación, herramientas y semilla mientras se inicie la producción de los proyectos a desarrollar.

Levantar información clara de la tierra y demás bienes perdidos, a través de un censo nacional. Así mismo este censo debe buscar establecer en manos de quién se encuentran esos bienes. Este censo debe ser respaldado por las organizaciones de desplazados y por organizaciones de acompañamiento.

En caso de retorno recuperar todos los bienes perdidos (tierra, casas, animales).

Titulación de tierras, pues muchas no contaban con escrituras públicas.

En caso de reubicación indemnizar a las familias que por distintas razones no pueden recuperar su tierra.

Proceso de reforma agraria integral, que “contemple la distribución y titulación de tierras para los campesinos y las personas que retornen. Otorgar créditos blandos sin intereses, garantías para la producción y la distribución de los productos…” [7].

El retorno no puede estar condicionado al cultivo de productos que afecten o no den garantías para la alimentación, pues esto atenta contra la soberanía alimentaría y nacional.

Si el retorno es imposible, el Gobierno debe garantizar la ayuda humanitaria.

Lo político

Que en la negociación con los grupos paramilitares se de un real proceso de Verdad, Justicia y Reparación.

Denuncia a nivel internacional de los crímenes de lesa humanidad cometidos por paramilitares, Fuerza Pública y funcionarios del Gobierno.

Libertad de organización y libre locomoción en los lugares donde se retorne.

Si es imposible el retorno, no impedir los asentamientos de nuevos desplazados forzados que llegan a las ciudades.

Reconocimiento de los asentamientos como campamentos de refugiados internos.

Rechazar la estigmatización de las comunidades y defensores de los derechos humanos.

Creación de comisión internacional independiente que investigue las violaciones de derechos humanos perpetrados por la Fuerza Pública en Medellín.

Construir mesa amplia de discusión sobre políticas de retorno con participación de las organizaciones y la población desplazada.

Lo social

Trato social y no militar a la problemática del desplazamiento forzado.

Garantizar salud, educación, recreación.

Proyectos sociales.

Respeto a las comunidades indígenas y negras, su libre organización social y política.

[1Amnistía Internacional. Colombia, los paramilitares de Medellín:¿desmovilización o legalización?, 2005. Pág., 20

[2Declaración del coronel Rafael Mejía Roa, segundo comandante de la IV Brigada Medellín periódico el Colombiano, 16 enero de 2003. pág. 8ª.

[3La información acerca de los operativos y las detenciones se encuentra en los comunicados de a la opinión pública realizados por el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (Codehsel)

[4Paréntesis nuestro

[5Asociación Campesina de Antioquia. Desplazados. ¿refugiados internos o excluidos? ACA. Medellín, 2003. pág. 36

[6Ibíd. Pág. 37

[7Ibíd. Pág. 38