El terrorismo de estado es el principal instrumento para ocasionar el desplazamiento forzado, por medio del cual son abandonadas las tierras a merced del gran latifundio, la ganadería extensiva, los megaproyectos, las multinacionales y el lavado del narcotráfico. Este ha dejado sin tierra a más de cuatro millones de campesinos en los últimos años. También las multinacionales, con la autorización del gobierno, se han apropiado de centenares de miles de hectáreas y han utilizado muchas formas para producir el desplazamiento tanto forzado como voluntario de los campesinos. Entre los principales causantes de este proceso se encuentran las políticas antinarcóticos, como las fumigaciones, y ahora la erradicación voluntaria, como el programa “P400”, que es implementado por la fuerza pública, y mediante el cual se le da al campesino 400 mil pesos por cada hectárea arrancada por sus propios medios. Además, también se está dando la utilización de paramilitares desmovilizados haciendo una erradicación manual y forzada, aspecto al que se le suman los operativos militares con la violación de los derechos humanos y las permanentes infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), que aumentan los grados de incertidumbre en la población campesina.

Éste es el contexto nacional y regional que se presenta en las zonas de economía campesina, donde se están aplicando estas políticas, como es el caso de la región del Magdalena Medio. Actualmente, en el municipio de Yondó (Antioquia) se vienen aplicando estas medidas, que son preocupantes para la supervivencia del campesinado, pues la coca es el único cultivo del cual depende la economía campesina. En este municipio, las comunidades campesinas han venido reuniéndose desde hace dos años, en la búsqueda de alternativas y soluciones a la problemática.

Es así que en la vereda San Francisco se han realizado tres reuniones en lo que va corrido del año 2006, y en la última reunión, efectuada el 24 de junio, contamos con la participación de varias entidades como la Defensoría Regional del Pueblo, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), el Observatorio Internacional de Paz y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, como también algunos medios de comunicación regional. Asistieron alrededor de unas 700 personas provenientes de 15 veredas. Este encuentro se desarrolló mediante dos mesas de trabajo: la primera trató el tema de la crisis humanitaria, la violación de los derechos humanos y las infracciones al DIH por parte de la fuerza pública. La segunda trató el tema de la erradicación manual y forzada de cultivos de uso ilícito, y las alternativas de sustitución. En el debate surgió una situación preocupante, pues en medio de toda la incertidumbre existente, hoy aparecen compradores foráneos de tierras ofreciendo a $200 y $300 mil por hectárea, desde luego, una compra en los términos legales. Pero lo que es raro es que estos oportunistas aparecen hoy en medio de la incertidumbre que tienen los campesinos, incertidumbre producto de las políticas de estado, con su fuerza pública y sus erradicadores desmovilizados. Este punto es bien interesante profundizarlo, ya que uno de los grandes conflictos de este país es la concentración de la tierra, pues el 85% de las tierras aptas para la producción agrícola y pecuaria está en manos del 15% de la población, y el 15% restante de la tierra está en manos del 85% de la población. Esto muestra la inequidad en la distribución de la riqueza en este país, pues detrás de la forma como han adquirido las tierras de los que hoy las poseen, hay mucha sangre derramada.

Hoy en día, entre Yondó y Barrancabermeja hay un puente que une los departamentos de Santander y Antioquia, el cual va a articular una gran vía muy importante para el mercado interno nacional, lo que quiere decir que en el futuro próximo, cuando esta vía esté construida, las tierras de la zona rural de Yondó tendrán un gran valor. Pero desafortunadamente hay oportunistas que quieren confundir a los campesinos, pues se quiere comprar miles de hectáreas en Yondó, porque se piensa que el mejor negocio de la región es comprar tierras en este municipio, lógicamente para engordarlas y esperar a venderlas cuando empiecen a construir la vía o después de construida, cuando estén valorizadas.

La ACVC, junto con las comunidades, está adelantando una campaña en toda la región para que los campesinos no vendan sus tierras, pues hay que identificar quiénes son los que quieren comprar, para qué, y por qué, precisamente ahora cuando hay mucha incertidumbre en la región, producto de la presencia de la fuerza pública, de los erradicadores desmovilizados, de las violaciones a los derechos humanos, de las infracciones al DIH y de la crisis humanitaria regional. Todo esto está generando desesperanza y negando toda posibilidad de desarrollo para los campesinos que llegaron a estas tierras hace cuatro décadas a colonizarlas, y hoy por unos pocos centavos quieren arrancárselas de sus manos.

Esta importante reunión en la vereda San Francisco, después de una intensa jornada de trabajo, concluyó lo siguiente:

1. Adelantar una campaña para no vender las tierras a los oportunistas.
2. Crear una directiva de los presidentes de juntas de acción comunal para liderar una mesa de trabajo con las autoridades civiles.
3. Crear una mesa de discusión permanente entre las comunidades y las autoridades civiles acompañada con organizaciones defensoras de los derechos humanos.
4. Establecer un espacio comunitario para la discusión con el nombre de “encuentro comunal por la vida digna de la región”, el cual se reunirá cada dos meses para evaluar la gestión de la directiva y la mesa de trabajo.
5. Que los cultivos de coca deben ser sustituidos con alternativas viables y no erradicados forzadamente.
6. Las temáticas de la mesa de trabajo serán:
a) Derechos humanos, DIH y crisis humanitaria.
b) Sustitución de los cultivos de coca.
c) Zona de Reserva Campesina
7. Que se levante inmediatamente la suspensión de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra.

Actualmente la mesa de trabajo está conformada por el alcalde del municipio de Yondó, la ACVC, la directiva del encuentro comunal por la vida digna de la región, y organizaciones defensoras de los derechos humanos, con el fin de implementar conjuntamente las conclusiones en la búsqueda y construcción de soluciones a la difícil situación que atraviesan nuestros campesinos.

Tenemos entendido que la gobernación de Antioquia le ha titulado 22 mil hectáreas en los municipios de Remedios y Segovia a la multinacional Kedhada, filial de la Anglo Gold Ashanti Mines, y otras 22 mil hectáreas en el Sur de Bolívar, y no siendo suficiente, están solicitando en concesión más de un millón de hectáreas en la serranía de San Lucas para explotar las minas de oro, sin tener en cuenta la posesión de las tierras que han hecho los colonizadores por más de cuatro décadas en estas zonas.

La ACVC hace un llamado a toda la población campesina del Magdalena Medio, del Nordeste Antioqueño y del Sur de Bolívar a la unidad de clase en contra de las políticas de estado, causantes de desplazamiento forzado, violación de los derechos humanos, y en general de crisis humanitaria, organizándonos para resistir en nuestras tierras y configurar en nuestro territorio el desarrollo con dignidad que nosotros como campesinos queremos.