Desesperados se encuentran los campesinos desplazados que se tomaron el parque central de la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá. Después de dos meses, ni el gobierno nacional ni el local les da alguna solución respecto a los derechos que reclaman en el pliego de peticiones presentado ante la mesa de negociación por medio de sus voceros.

Pero se siguen incrementando las agresiones por parte de la fuerza pública. En este caso, es la Policía Nacional, que los mantiene en permanente confinamiento, de tal manera que no parecen desplazados sino presos, restringiendo así el acceso de donaciones básicas como ropa, leña y alimentos.

También se han presentado casos como el de familias que han salido ante las falsas promesas de los funcionarios del gobierno que les ofrecen dinero y vivienda, pero cuando logran su salida del lugar, no les dan nada y luego le dan la orden a la policía que no les permite volver a entrar en caso de que quieran hacerlo. Así hay casi 200 familias, entre ellas muchos padres, que no pueden entrar a ver a sus hijos por esta situación. Hay otros con el temor de ver a sus hijos en la calle, por la posibilidad de que se conviertan en indigentes, drogadictos o prostitutas.

De igual manera, los agentes siguen arremetiendo permanentemente contra ellos, ocasionándoles lesiones graves. Incluso se han presentado casos de abortos a causa de las agresiones. También se ha denunciado la detención y desaparición forzada de varias personas a manos del Esmad. Nadie sabe de su paradero y las autoridades no dan respuesta alguna.

Esto se suma a las diarias amenazas de desalojo forzado. Los policías intimidan a los desplazados pasando todas las noches en motocicletas con sirenas prendidas y rozando las vallas del cerco con los bolillos diciéndoles: “Esta noche los sacamos, hijos de puta”.

Tampoco les permiten acercarse a la entrada porque les golpean y amenazan con traer el camión para que se los lleven, o les dicen que les van a echar gas lacrimógeno. También se han presentado panfletos con amenazas de muerte por parte de “paramilitares”, siendo la policía la responsable de la difusión de dichos papeles, porque todo lo que entra y sale tiene que ser debidamente registrado por ellos, pues argumentan ser los encargados de la “seguridad” de estas personas.

Una delegación del International Peace Observatory, conformada por voluntarios procedentes de España, Dinamarca, Estados Unidos y Colombia, y funcionarios del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo se acercaron al lugar de la toma el 1 de agosto para observar la situación por la que estaban pasando las comunidades desplazadas conglomeradas allí. Pero al igual que a las demás personas les fue restringido el acceso por parte de las autoridades responsables. Sólo hasta el día 21, después de más de tres horas de tomadura de pelo, desgaste y dilaciones, se les permitió entrar y recoger testimonios de las personas que se encuentran dentro del cerco policial, así como de las retenidas a la entrada del campamento. En este encuentro se pudo constatar la situación denunciada previamente y se conoció un panfleto amenazante dirigido a los desplazados.