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Denuncia pública
Rechazamos la violencia oficial contra la comunidad universitaria
Federación de Estudiantes Universitarios / Sábado 17 de octubre de 2009
 

El Observatorio de Derechos Humanos “Iván David Ortiz” y la Federacion de Estudiantes Universitarios (FEU-Colombia) ponen en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional los hechos violentos ocurridos en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, el viernes 16 de octubre de 2009.

Antecedentes

1. Desde inicios del mes de octubre se está llevando a cabo en la Universidad Nacional de Colombia un proceso de discusión sobre la apremiante situación presupuestal de la Universidad y de la aprobación del nuevo estatuto de bienestar y convivencia.

2. En el marco de estos procesos de discusión, el jueves 8 de octubre se realiza una asamblea triestamentaria, en la que la universidad se declara en asamblea permanente.

3. El martes 13 de octubre se realiza una nueva asamblea triestamentaria, en la que la comunidad universitaria se declara en paro hasta el miércoles 21 de octubre. En el marco de este paso se programó para el viernes 16 de octubre un foro sobre la financiación de la universidad al cual fue invitado formalmente el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, quien se niega a asistir al evento.

Hechos

1. El viernes 16 de octubre a las once de la mañana, el señor Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional de Colombia, asiste a una rendición de cuentas en el departamento de Química de la universidad. Ante esto, varios estudiantes de la universidad deciden entrar a este evento para invitarlo al espacio que se había programado previamente por la asamblea, reciben la negativa del señor rector, quien decide salir del lugar, negándose tajantemente a responder a las inquietudes de los estudiantes.

2. Ante esta situación, la indignación de algunos estudiantes los lleva a colocarse alrededor del carro del rector, exigiéndole que dé respuestas claras a las inquietudes presentadas y que asista al espacio programado por la asamblea triestamentaria.

3. Desde ese momento la vicerrectora general de la Universidad, Beatriz Sánchez, empieza a dar declaraciones ante los medios de comunicación, en los que señala que el rector de la Universidad había sido secuestrado y ultrajado por grupos infiltrados en la universidad. Esta situación se prolonga por cuatro horas, en las que el rector de la universidad se niega a hablar con los estudiantes y continúa con sus acusaciones

4. En el periodo de tiempo que se comprende entre las 12:30 pm y las 2:00 pm, el grupo que rodea va creciendo y comienzan a llegar los decanos de varias facultades, algunos representantes estudiantiles, periodistas y profesores, que son acompañados por representantes de la Defensoría del Pueblos y la Secretaría Distrital de Gobierno.

5. Cerca a las dos de la tarde, frente a la Facultad de Odontología, gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo, algunos profesores y representantes estudiantiles, se llega al acuerdo de que el rector se presentará al auditorio León de Greiff para establecer un diálogo con los estudiantes. Ante esto, y buscando evitar que el rector abandone el campus, los estudiantes deciden movilizarse alrededor del carro hasta este auditorio

6. A pesar del acuerdo logrado, al llegar a la altura de la entrada de la calle 26 de la universidad, el rector decide detenerse y reversar la decisión que ya se había tomado, alegando que no existían condiciones de seguridad. Ante esto, con la gestión de la Secretaría de Gobierno Distrital llega una comisión de la Guardia Indígena que se compromete a hacer parte del anillo de seguridad del rector.

7. A las cuatro de la tarde se da orden de desalojo de todos los edificios de la Universidad para estudiantes, profesores y personal administrativo. Esta situación no es informada a los estudiantes que se encontraban transitando por la universidad y en la entrada de la 26.

8. En esta situación se realiza una rueda de prensa de los decanos de varias facultades de la universidad a varios medios de comunicación presentes en la universidad. El decano de la facultad de Ciencias Humanas, Fabián Zanabria, asume la vocería de este grupo y señala que el señor no se encontraba secuestrado y no había sido objeto de agresiones físicas por parte del estudiantado presente en el lugar, como se había señalado en algunos medios de comunicación.

9. Se lleva a cabo un nuevo proceso de mediación por parte de la Secretaría de Gobierno Distrital, la Defensoría del Pueblo, profesores y algunos representantes estudiantiles. Cerca a las 5:15 pm se llega a un acuerdo en el que el rector se compromete a asistir al Auditorio León de Greiff el día lunes 19 de octubre de siete a once de la mañana a dar una explicación frente al tema presupuestal de la universidad, y los estudiantes le dan el espacio para que pueda salir de las instalaciones de la universidad. Desde ese momento los estudiantes comienzan a retomar sus actividades cotidianas.

10. Sobre las 5:20 pm, cuando el rector había abandonado el campus universitario y se encontraba en la rectoría de la universidad, se lanza la orden presidencial para la entrada violenta de la Fuerza Pública, ingresando 300 efectivos a pie, siete tanquetas y 50 motos.

11. En el marco de esta acción son detenidas 22 personas, entre las que se encontraba un menor de edad, una joven que fue golpeada en la retención según el dictamen de Medicina Legal, varias personas que estaban participando en un evento cristiano en las instalaciones de la universidad, un grupo de jóvenes que participaba en la feria universitaria en Corferias y estudiantes que estaban practicando algunos deportes en las instalaciones de la universidad.

Estas personas son llevadas a las instalaciones de la Estación de Policía de Teusaquillo, para después ser trasladadas a la Unidad Permanente de Justicia, en las que son detenidas hasta el sábado 17 de octubre en horas de la mañana.

Denunciamos este hecho como parte del proceso de señalamiento, estigmatización, persecución y judicialización que se ha venido desarrollando en contra de la comunidad universitaria, en contra del derecho a la protesta y manifestación pública de los estudiantes, en contra del pensamiento crítico y de la opinión reflexiva y contraria al Gobierno.

Rechazamos esta acción violenta y represiva contra la comunidad universitaria y contra el conjunto del movimiento estudiantil en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, así como las demás formas de persecución que se han venido presentando en las universidades públicas del país.

Responsabilizamos al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Álvaro Uribe Velez, al ministro de Defensa, al ministro del Interior y Justicia, al vicepresidente, a los demás funcionarios del Gobierno Nacional, a las Fuerzas Militares y de Policía, especialmente al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), a las autoridades de la Universidad Nacional en cabeza del rector Moisés Wasserman, por las violaciones a los derechos humanos que se presentan actualmente y que se presenten a futuro contra la comunidad universitaria.

Exigimos

A la Vicepresidencia de la República, que se comprometa con la garantía de los derechos humanos de los jóvenes universitarios, así como al conjunto de la comunidad universitaria.

A la Procuraduría General, investigar los hechos aquí explicados en lo que corresponda, vigilar las acciones de los miembros de la Fuerza Pública y el cumplimiento de las respectivas sanciones que se llegaran a imponer a estos miembros.

A la Organización de Naciones Unidas, pronunciarse acerca de esta situación.

A la Defensoría del Pueblo pronunciarse acerca de esta situación teniendo en cuenta el informe de riesgo 048 de 2006 y la nota de seguimiento de éste y el continuo desarrollo de acciones similares contra la manifestación pública.

A las directivas de la universidad pronunciarse en relación a esta agresión, explicar la entrada de la Fuerza Pública al interior de la universidad después de que se había logrado una solución consensuada a la problemática que se vivió al interior de la universidad y retractarse públicamente de las declaraciones injuriosas dadas a los medios de comunicación por funcionarios como la vicerrectora general Beatriz Sánchez.

Solicitamos:

A las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos solidarizarse y pronunciarse acerca de la situación de agresión y criminalización de la protesta social y de la manifestación pública como mecanismo de ejercer el derecho a la libre opinión.