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Agresiones físicas en intento de desaparición forzada en Cali
 
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Sandra Liliana Nieto Arzayus, agente del DAS identificada con C.C. No. 52.524.971 y código 1831, participante en el intento de captura ilegal en el Encuentro por la Paz.

Agresiones físicas y perfidia, en detención arbitraria y tentativa de desaparición forzada, cometidas por tres detectives del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) del estado colombiano, lesionan la libertad e integridad personal del líder campesino y defensor de derechos humanos, integrante de la Asociación Pro Constitución de Zona de Reserva Campesina del municipio de Corinto, filial de Fensuagro CUT, de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” y de la Coordinación Departamental Cauca del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano.

Y ponen en riesgo la vida, la libertad y la integridad personal de los asistentes al Encuentro Nacional e Internacional por el Acuerdo Humanitario y la Paz en Colombia

De acuerdo a denuncias recibidas recientemente:

Suroccidente de Colombia, departamento del Valle del Cauca, municipio de Santiago de Cali, Universidad Santiago de Cali e Institución Educativa Politécnico Municipal;

en el marco del Encuentro Nacional e Internacional por el Acuerdo Humanitario y la Paz en Colombia, nuevo esfuerzo popular por discutir, concertar acciones y proponer al pueblo colombiano y a los pueblos del mundo, salidas políticas y humanitarias al conflicto social, político y armado colombiano, evento en el cual se concentran más de cinco mil delegados nacionales e internacionales de organizaciones populares, sociales y políticas;

tres detectives del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), mediante engaños, hacen salir de las instalaciones en donde se encontraba a uno de los asistentes del evento. Posteriormente lo golpean, lo detienen e intentan subirlo a la fuerza a un automotor.

Ante la reacción de los presentes, el líder campesino es liberado y los agentes del DAS son detenidos y minutos más tarde fueron puestos a disposición de agentes del ministerio publico del estado colombiano.

Es de resaltar que sobre líderes agrarios y defensores de derechos humanos en el norte del departamento del Cauca, el estado colombiano continúa desarrollando una cruzada de represión, señalamiento, estigmatización y aniquilamiento.

Por lo tanto, responsabilizamos al estado colombiano en cabeza del señor Álvaro Uribe Vélez, a las gobernaciones de los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca en cabeza de Guillermo Alberto González Mosquera y Juan Carlos Abadía, y a las fuerzas regulares (militares y de Policía) e irregulares (narcoparamilitares) del estado colombiano por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en contra de las organizaciones agrarias y de derechos humanos, en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

Hechos

Al suroccidente de Colombia, departamento del Valle del Cauca, municipio de Santiago de Cali

Sábado 14 de noviembre de 2009

Universidad Santiago de Cali, cerca de la una de la tarde, el ciudadano colombiano Iván Danilo Alarcon Quiceno, quien se encontraba participando en el Encuentro Nacional e Internacional por el Acuerdo Humanitario y la Paz en Colombia, recibe una llamada celular de una mujer que le dijo que “estaba en el aeropuerto de Cali”, que “venia de Bogotá”, que era “defensora de derechos humanos” y que “necesitaba el informe de los atropellos que han sucedido en el corregimiento el Jagual” (corregimiento del municipio de Corinto, norte del Cauca).

Iván Danilo le dijo que lo llamara luego debido a que él no había almorzado, la señora le pregunta “dónde era el almuerzo” a lo que Danilo responde que era en el Colegio Politécnico Municipal. Luego le preguntó en dónde quedaba y Danilo le respondió que era detrás de la Universidad Santiago de Cali. Sin sospechar absolutamente nada, Danilo se dirige a la carrera 62 No. 2-28 Barrio Pampa Linda, Instalaciones del Colegio Politécnico Municipal

Cerca de las 2:30 pm, Iván Danilo, quien se encontraba al interior de la Institución Educativa Politécnico Municipal nuevamente recibe una llamada de celular de una mujer que se identificó como defensora de derechos humanos, y le dijo “ya estoy acá en la puerta, salga”.

Iván Danilo salió a la puerta principal de la institución educativa y vio dos taxis, uno vacío y en el otro se encontraba una mujer de aproximadamente 28 años de edad, de tez blanca y cabello rubio, quien le dijo que se acercara, Iván Danilo se acercó y la mujer le dio la mano y le dijo "hola, Danilo, ahora sí vamos a hablar" . Luego sobre Danilo se abalanzaron dos hombres y le dijeron que se subiera al taxi, que eran del DAS.

Ante lo cual Iván Danilo reaccionó y gritó. Los dos hombres lo tiraron al suelo y lo cogieron del cuello. En esos momentos se da un forcejeo y varios de los participantes en el evento que transitaban por el lugar se acercaron y evitaron que Danilo fuera subido al automotor.

Cuando centenares de campesinos y estudiantes se aprestaban al lugar de los hechos, uno de los individuos le coloca a Iván Danilo una esposa en la mano derecha e intenta subirlo al taxi de placa VCF117 de Cali e identificado con el No. 2634.

Segundos más tarde, centenares de campesinos de la comisión de seguridad del evento rodearon el automotor y liberan a Iván Danilo y proceden a ingresar a los agresores a las instalaciones del Instituto Politécnico Municipal.

La comisión de derechos humanos del evento y las organizaciones asistentes proceden a informar a las autoridades y solicitar la intervención del ministerio público.

Cerca de las cuatro de la tarde, un funcionario de la Personería Municipal de Santiago de Cali llega al lugar y los agentes del DAS son entregados, al igual que sus pertenencias.

Al hacerles una requisa a los agentes del DAS se encontró lo siguiente:

- Un formulario con información de inteligencia, con lugares, fotografías de personas, fuentes humanas de personas del Departamento Administrativo de Seguridad
- Tres proveedores de pistola Prieto beretta 9mm, de 15 cartuchos
- Placa del DAS, No. 1821
- Celulares, dos de ellos Nokia y uno Motorola
- Un porta proveedor de pistola 24.100
- Un documento con códigos y con números de celular (aproximadamente 3.600 números)
- 30 cartuchos calibre 9 mm
- Dos Pistolas 9 mm prietto beretta gardone vt.
- Cinco bonos de Ecopetrol por 20.000 C/u
- Dos carnets del DAS
- Tabla con señales de código para las comunicaciones del DAS
- Lista con 13 números de celulares
- Licencia de conducción
- Recibos de transacciones bancarias
- Un CD y memorias USB
- Una agenda con documentos de información de inteligencia
- Un canguro
- Un maletín negro.

Los detectives del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que realizaron los actos de agresión son:

- Sandra Liliana Nieto Arzayus, C.C. No. 52.524.971 y código 1831
- Alexander Benavidez Monroy, C.C. No. 80.003.932 y Código 1848
- Adonio Daza Velandia, C.C. No. 79.705.370 y Código 3915

Frente al fundado temor de los habitantes del municipio de Corinto, de las organizaciones y los asistentes al encuentro nacional e internacional por el acuerdo humanitario y la paz en Colombia, en rechazo a las extralimitaciones de las fuerzas regulares del estado colombiano, y ante el temor del núcleo familiar del ciudadano colombiano Iván Danilo Alarcon Quiceno.

Señalando que

Iván Danilo Alarcón Quiceno, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.301.967 Pradera (Valle). En la actualidad es el fiscal de la Asociación Pro Constitución de Zona de Reserva Campesina del Municipio de Corinto, filial de Fensuagro CUT e integrante de la Red de Derechos Humanos del Sur Occidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” y de la Coordinación Departamental del Cauca del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano.

El pasado sábado 11 de agosto de 2009 fue objeto de una detención arbitraria, de señalamientos y de agresiones físicas y psicológicas por parte de policías del estado colombiano en el municipio de Corinto, hechos que fueron oportunamente denunciados por la gravedad de las amenaza.

Ante la grave crisis humanitaria en el municipio de Corinto, agudizada desde el mes de octubre, ha formado parte de comisiones que exigen el cumplimiento del DIDH y del DIH al grupo de militares asentados en la zona.

Responsabilizamos

Al estado colombiano, y en particular al mayor general Justo Eliseo Peña Sánchez (Tercera División del Ejército de Colombia), al brigadier general Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia (Comando de Policía Región 4 Sur Occidente) y a Felipe Muñoz Gómez (director del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS) por acción y omisión de serias violaciones a los derechos humanos. Y en especial por la vida e integridad física del ciudadano colombiano Iván Danilo Alarcón Quiceno, residente en la zona de operaciones de las unidades que dirigen.

Exigimos

Responsabilidad estatal frente a los derechos a vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal, la organización y el trabajo del ciudadano colombiano Iván Danilo Alarcón Quiceno.

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)

El cumplimiento de su mandato como veedores de que el estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Al estado colombiano

El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos han formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.

Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidos los campesinos y defensores de derechos humanos y sus organizaciones en los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca por parte de las fuerzas regulares e irregulares del Estado.

Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la libertad, la seguridad e integridad personal y la libre organización de los ciudadanos integrantes de las organizaciones populares y sus líderes naturales en los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca y en especial del ciudadano colombiano Iván Danilo Alarcón Quiceno y su núcleo familiar.

Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones e infracciones descritos en los hechos de esta denuncia.

A las gobernaciones del Valle del Cauca y del Cauca

Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidos los campesinos y defensores de derechos humanos y sus organizaciones en los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca por parte de las fuerzas regulares e irregulares del Estado.

Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la libertad, la seguridad e integridad personal y la libre organización de los ciudadanos integrantes de las organizaciones populares y sus líderes naturales en los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca y en especial del ciudadano colombiano Iván Danilo Alarcón Quiceno y su núcleo familiar.

Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones e infracciones descritos en los hechos de esta denuncia.

A la Defensoría del Pueblo

Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales a la derechos a la vida, la libertad, la seguridad y integridad personal y la libre organización de los ciudadanos integrantes de las organizaciones populares y sus líderes naturales en los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca y en especial del ciudadano colombiano Iván Danilo Alarcón Quiceno y su núcleo familiar.

Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones e infracciones descritos en los hechos de esta denuncia.

Solicitamos

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)

En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del estado colombiano se apeguen a las normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

Instamos a los organismos de derechos humanos y organizaciones populares a mantenerse atentos y alerta ante la crítica situación de derechos humanos que están afrontando los habitantes del municipio de Corinto, las organizaciones de derechos humanos y los asistentes al encuentro nacional e internacional por el acuerdo humanitario y la paz en Colombia.

Instituciones a donde se deben dirigir:

Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
auribe@presidencia.gov.co

Francisco Santos
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
fsantos@presidencia.gov.co

Gabriel Silva Luján
Ministro de la Defensa Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co
mdn@cable.net.co

Fabio Valencia Cosio
Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
Fax. 2221874
ministro@minjusticia.gov.co

Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
Fax. 570 20 00
contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co

Wólmar Antonio Pérez Ortiz
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.
Fax. 640 04 91
defensoria@defensoria.org.co
secretaria_privada@hotmail.com

Alejandro Ordóñez Maldonado
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co
reygon@procuraduría.gov.co

Carlos Franco
Programa Presidencial De Derechos Humanos Y De Derecho Internacional Humanitario.
Clle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C.
Fax. 337 46 67
cefranco@presidencia.gov.co
fibarra@presidencia.gov.co

Nota: favor remitir al siguiente correo los oficios, gestiones e informe de las acciones que adelanten con base en esta información. redfcifuentes@gmail.com, redfcifuentes@yahoo.es