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Gobernabilidad y legitimidad en Colombia
Aiden Salgado Cassiani / Lunes 7 de diciembre de 2009
 

Tenemos hoy por hoy una crisis política que enfrenta al gobierno y la burguesía de Colombia, con los presidentes de América y, más agudamente, con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez, enfrentamiento cuyo origen es la utilización de, por lo menos, siete bases militares en territorio colombiano por parte del ejército de Estados Unidos –al cual se le conceden todas las garantías para que sus militares cometan cuanta barbarie les venga en gana en contra del pueblo colombiano- y casi seguro, contra los vecinos bolivarianos (principalmente por el alcance del armamento, equipos de comunicación y medios de transporte que traerían los gringos, que les daría cobertura sobre toda Sudamérica).

Tal situación despierta en los ciudadanos de otros países la pregunta: ¿por qué la población de Colombia no protesta? ¿Por qué reelige a Uribe concediéndole tanta popularidad? Pues bien, en unas cuantas letras, voy a tratar de pintar el panorama al respecto.

Primero, en la actualidad uno de los pueblos con mayor movilización en América y quizás en el mundo -exceptuando a Honduras- es el colombiano. Mas tenemos unos medios de comunicación cuya misión es acallar esas voces.

Estuve en Colombia en el mes de octubre y del 13 al 16 de ese mes se dieron más de diez movilizaciones, dos de ellas muy contundentes, realizadas por parte de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, una de las cuales terminó con una rueda de prensa donde Uribe ofrecía recompensa de 50 millones de pesos a quien diera razón de unos universitarios que exigían a su rector que se quedara en reunión brindando un informe financiero.

En la otra movilización, dos días después, se congregaron más de 50 mil estudiantes de diferentes universidades del país, quienes con esfuerzo y recursos propios se movilizaron a la capital para protestar el recorte presupuestal y en contra de las bases militares estadounidenses. Una tercera movilización de gran importancia fue la de los compañeros aborígenes o indígenas en el Cauca y otra importante fue en la costa Caribe bajo la consigna “hay hambre”. Estas protestas confrontan a Uribe y a toda su política -pero como les expresé, eso los medios lo callan.

En segundo lugar, la reelección (por primera vez en la historia para un presidente colombiano) de Uribe en 2006 fue un acto de ilegalidad: allí se compraron parlamentarios para que apoyaran la iniciativa, con el caso comprobado de los congresistas Yidis Medina, quien confesó recibir el pago de prebendas y por ello fue condenada a prisión, y está pagando condena en casa por cárcel; y el de Teodolindo Avendaño, quien fue comprado y también fue a prisión y en la actualidad paga condena.

Estos dos personajes fueron presos por el delito de cohecho, pero en mi país el delito de cohecho sólo se le aplicó a una de las dos partes involucradas por primera vez en la historia, es decir no se investigó, juzgó y condenó al otro autor del delito: el Presidente.

Tercero, la popularidad de Uribe en Colombia es sólo medida por las casas encuestadoras de la burguesía y por los medios de comunicación de la derecha nacional, realizando unas cuantas entrevistas telefónicas sin conocer nosotros una sola persona que sepa de alguien a quien le hayan realizado esa famosa llamada. Y hablo plural en términos de los estudiantes pues eso de la encuesta lo hemos discutido y repito: nadie conoce a nadie al que se la hayan realizado (y por supuesto a nosotros menos). Entonces los medios crean esa imagen de popularidad, la cual estimo no llega a 50%.

Pero en nuestro país existe una abstención de más del 50% de personas habilitadas para votar y tenemos más de un millón de votos que se ejercen por presiones militares (esto lo demuestra la cantidad de congresistas vinculados con el paramilitarismo -unos investigados y otros presos-, más del 25% del Congreso Nacional); otros votos son comprados pues sólo con el hecho de inscribir la cédula te están pagando los gamonales regionales entre 20 y 15 dólares dependiendo del gamonal y de la región; ahora suma igual cuando ya se ejerce el derecho a sufragar; un registro electoral por depurar desde hace más de 20 años, donde personas que han estado fuera del país aparecen votando así como también muertos y eso sí, todos hechos irregulares a favor del Gobierno por el mero hecho de ser quien más influye en el nombramiento de las autoridades notariales y de registro que son las que llevan a cabo el proceso electoral.

Entonces con toda esta maramusia, ¿qué legalidad puede tener un gobierno como el de Uribe? Mas sucede que los medios lo llenan de legitimidad y sobre todo cuando tiene toda la estructura del Estado a su favor: no existe un solo medio televisivo en manos independientes, menos de la izquierda o de la oposición.

El medio televisivo más democrático en Colombia apenas se emite los fines de semana -sábado y domingo- con una duración de 30 minutos diarios, y su director debió exiliarse debido a la cantidad de amenazas de los paramilitares que al parecer, apoyaron y apoyan al gobierno de Uribe públicamente.

Ahora bien, en Colombia se vive un proceso de tercera reelección que por lo observado anoche 30 de noviembre en Telesur, legalmente nuestra Constitución no lo permite por múltiples razones. Pero son estos temas a los que los medios de comunicación masiva no prestan atención y se los esconden al pueblo; el hecho que originó una propuesta de censura al ministro de Agricultura en el Senado -quien le regaló una millonada a los latifundistas por apoyar económicamente la recolección de firmas del referendo reeleccionista de Uribe- también fue escondido.

(Por cierto esas firmas la gente las dio sin saber para qué estaba firmando en unos casos y en los restantes sin saber para qué periodo se podría postular de nuevo Uribe a la Presidencia). Son todas realidades a tener en cuenta al momento de realizar un análisis de la situación política de Colombia.

Ante este panorama, para el próximo año se presentarán las elecciones al congreso y las presidenciales. Según informe de la organización Arco Iris –la cual realizó la investigación sobre los políticos que llegaron al Congreso con el apoyo de los paramilitares y que después dio origen a la "parapolítica", demostrándose que más del 25% del Congreso colombiano estaba comprometido con el paramilitarismo- en su último informe Arco Iris manifiesta que no hay garantía de que tales hechos no vuelvan a ocurrir en los próximos comicios electorales pues, a pesar de lo graves y del escándalo, las autoridades colombianas no han tomado correctivo ninguno.

En la parte presidencial, si se obra en derecho Uribe no podría ser candidato, y los candidatos que presentaría a su favor son el ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos (uno de los dueños del medio de comunicación escrito de mayor circulación nacional -casi el único-, El Tiempo y uno de los canales televisivo de noticias, Citytv además de múltiples emisoras radiales); el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias “Uribito”; el ex senador Germán Vargas (dueño de uno de los partidos aliados al uribismo, Cambio Radical, y represente del lo más derechoso de Colombia); y la embajadora en España desde hace más de cinco años Noemí Sanín (por cierto ya manifestó su apoyo a las siete bases utilizadas por soldados gringos, una crema-nata de la burguesía neogranadina).

Ellos están estudiando la posibilidad de realizar consulta interna si se obra en derecho y Uribe no pasa.

Por el otro lado está una fuerza que se opone a la reelección de Uribe, o al uribismo, pero no a la política del primer mandatario del todo.

Uno es el ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo (no ha mostrado una posición contundente en contra del uribismo); otro es el ex senador Rodrigo Pardo del Partido Liberal (más tirado al gavirismo, que es ambivalente al gobierno de Uribe, aunque tiene una postura más nacionalista y de él se puede esperar cualquier cosa); por el otro lado está el candidato del Polo Democrático, Gustavo Petro (quien viene de las guerrilla del M-19 pero que últimamente ha estado dando unos extraños virajes hacia la derecha, aunque es el único con actitud de izquierda y de un partido alternativo).

Ellos están estudiando la posibilidad de una consulta entre interna para elegir el candidato que enfrentaría a Uribe o al uribismo -que por el papel de los medios y todo el panorama anterior cuenta con mayor posibilidad real de ganar la Presidencia.

Por otra parte tenemos que la crisis social y el conflicto continúan agudizándose. En un informe de la revista Semana que empezó a circular ayer se habla del incremento de los grupos paramilitares -ultraderecha- en Bogotá, hoy por hoy perpetradores de más delitos que la misma insurgencia. Ya se habla de lo que podemos llamar un fracaso general de la política de “seguridad democrática”, bandera del gobierno de Uribe y dirigida solamente contra las guerrillas comunistas, pues el paramilitarismo continúa galopando y ubicándose estratégicamente en la capital.

La situación económica no mejora: continúa el desempleo, la tercerización laboral, el subempleo, cada día hay mayores recortes al presupuesto para inversión social, se recortan progresivamente las libertades, etc.

Pero, a pesar de ello, el pueblo sigue en organización, movilización y acción en contra de las adversas condiciones.

En términos militares hay una insurgencia que al parecer se está replegando a la espera de cómo se resuelve el panorama político, con intención de avanzar en la iniciativa de intercambio humanitario, lo cual podría ser una puerta para empezar a vislumbrar un verdadero diálogo de paz.

Mas tal iniciativa –la del acuerdo humanitario- impulsada por Colombianos por la Paz que tiene como cabeza visible a la senadora Piedad Córdoba y una cantidad de ilustres académicos como Iván Cepeda (integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice) e intelectuales como Ricardo García, ex rector de la Universidad Distrital en Bogotá, de la Federación de Estudiantes de Colombia –FEU-, está siendo asediada por el Estado.

Es así como se causó el escándalo por tres agentes del DAS (policía secreta de la Presidencia) que intentaron detener a una de las personas que participaban en un evento internacional por el Acuerdo Humanitario en la ciudad de Cali. En el momento, siguen en proceso la liberación unilateral por parte de las FARC unos militares que estas tienen en su poder, pero el Gobierno Nacional no brinda las garantías.

He aquí pues el espantoso panorama que vivimos en Colombia.