Informamos a la comunidad en general, medios de comunicación, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, embajadas, agencias de cooperación, Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia, observadores internacionales, plataformas de derechos humanos y organismos de control sobre la grave situación en derechos humanos que persiste en la region del Catatumbo.

La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) es una coalición de 199 organizaciones colombianas que trabajan por la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos. Es una plataforma autónoma, amplia y plural de encuentro y de trabajo compartido entre organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales de diferentes regiones del país. Con el apoyo de organizaciones internacionales de solidaridad complementa las tareas esfuerzos de las ONG en relaciones y el trabajo internacional por los derechos humanos, al igual que incide en el trabajo conjunto para la construcción de políticas eficaces que afiancen nuestro estado social de derecho.

Conforme a nuestro mandato, nos pronunciamos y rechazamos de manera categórica los preocupantes y lamentables hechos que ponen en riesgo la vida, la libertad e integridad de los defensores y líderes sociales que vienen trabajando en la región del Catatumbo, recogiendo e impulsando los planes de vida de la comunidad, y resistiendo a las amenazas que quieren impedir su permanencia y el legitimo desarrollo de sus actividades en esta región.

Hechos

Hostigamientos del Ejército Nacional de Colombia al Campamento de Refugio Humanitario

1. El 18 de julio del 2009, a las cinco de la mañana, alrededor de 30 hombres fuertemente armados, identificados como Tropas del Batallón G Maza No. 5 de la Brigada 30 del Ejército Nacional, ingresan de manera irregular al Campamento Refugio Humanitario. Denunciamos no sólo la violación a un territorio de paz, sino las infracciones al derecho internacional humanitario, porque las tropas de este batallón eran acompañadas por cuatro hombres encapuchados, estaban integradas por uniformados que se cubrían el rostro, no se identificaban ante los campesinos y estaban comandadas por el teniente Muñoz, quien portaba un camuflado sin insignias. Situación que evidencia una vez más la constante violación a los derechos humanos e irrespeto al DIH -sobre todo a uno de sus principios fundamentales, como es el de distinción- que comete la Brigada 30 en la región del Catatumbo.

2. El domingo 27 de septiembre de 2009 a las 5:40 pm, al mando del teniente Ronald Torres y los cabos Granados y Gómez, entraron nuevamente al Campamento Refugio Humanitario aproximadamente 50 militares del Batallón de Infantería No. 13 General Custodio García Rovira, pertenecientes a la Brigada 30 del Ejército Nacional.

3. El 16 de noviembre de 2009 a las 8:05 am, tropas del Ejército Nacional reiteran su hostigamiento e irrespeto a la comunidad que permanece dentro del Campamento Refugio Humanitario, ingresando a este territorio de paz sin cumplir con los protocolos de identificación e insultaron a los líderes campesinos que reclamaban a los militares el debido reconocimiento. La comunidad logró establecer que hacían parte de la Brigada Móvil No. 5 Batallón No. 46.

4. El 5 de enero del 2010 a la 1:20 am, tropas del Ejército Nacional irrumpen la tranquilidad del Campamento Refugio Humanitario, violando las prohibiciones de ingreso de personas armadas a este territorio de paz, y nuevamente incumpliendo los protocolos de identificación de la tropa y de sus mandos.

5. Frente a estos hechos cabe recordar que las comunidades campesinas del Catatumbo han sufrido por años la violación a sus derechos humanos y libertades fundamentales. Es reconocido el conflicto armado de esta región, que se ha convertido en una guerra a sangre y fuego contra la población civil, desencadenada por grupos armados al margen de la ley y por miembros del Ejército Nacional. Aunado a esto, la incursión paramilitar a la región del Catatumbo ha dejado la muerte sembrada en sus territorios y una población victima de graves delitos de lesa humanidad.

Por esta condición de riesgo y vulnerabilidad, y ante la amenaza constante sobre la vida, se ha declarado el Campamento Refugio Humanitario y debe entenderse como expresión de su temor a ser desplazados, asesinados, presentados como bajas en combate, y como una inicitiva de paz y de protección de su vida y la defensa al territorio, los recursos naturales, etc. Como consecuencia de toda esta arbitrariedad y constantes vejaciones, la comuniad manifiesta que la presencia de cualquier actor armado (legal o ilegal) representa un peligro para su integridad física y la unidad de sus familias, y donde el Ejército Nacional con sus constantes incursiones, en este caso al Refugio Humanitario, viola y desconoce de manera abierta y descarada los principios y las normas del DIH.

6. Las denuncias y quejas de Ascamcat han sido ignoradas por parte de los entes de control como la Procuraduría Regional, que ha manifestado que las incursiones del Ejército al Refugio Humanitario obedecen “al cumplimiento de las responsabilidades constitucionales de la Fuerza Pública, brindando protección a las comunidades, como legitima expresión del estado social de derecho”.

Hostigamientos de la Fuerza Pública a los líderes de Ascamcat

7. El 11 de noviembre de 2009 a las ocho de la noche, miembros del cuerpo de Policía de la ciudad de Cúcuta llegan a la puerta de la oficina de Ascamcat y abordan a José del Carmen Abril Abril, presidente de esta Asociación. Lo requisaron y le radiaron su cédula, bajo la excusa de estar haciendo la persecución a un sospechoso.

8. En la mañana del 16 de diciembre, en el corregimiento de La Gabarra, agentes de la Policía obligaron a cuatro líderes de Ascamcat, que venían del Refugio Humanitario, a bajarse del carro para una requisa y a presentar sus cédulas para ser radiadas. Estas acciones se realizaron fuera de los retenes establecidos, dirigidas únicamente a los líderes de Ascamcat y prolongadas por más de una hora. Queremos denunciar este hecho como uno más dentro del control al que someten a los líderes de Ascamcat y los múltiples empadronamientos que sufren por parte de la Fuerza Pública.

Hostigamiento a la MIA y a las audiencia populares “por la vida, la dignidad, la tenencia de la tiera y la permanencia en el territorio”

9. El 28 de agosto de 2009, en el Campamento de Refugio Humanitario, durante el primer encuentro de la MIA, respaldado por la Gobernación de Norte de Santander, hizo presencia un investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, irrespetando este espacio de diálogo e interlocución entre comunidades asentadas en el Refugio Humanitario y autoridades civiles del orden nacional, regional y local. La presencia de este funcionario evidencia una vez más la persecución y el control gubernamental a estas iniciativas de paz y a propuestas alternativas, lideradas por Ascamcat, que no cree que las soluciones a las problemáticas de la región se encuentren en las políticas del presidente Uribe.

10. El 29 de enero de 2010, en el marco de la Tercera Audiencia Popular “por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la permanencia en el territorio” celebrada en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, con participación de 58 juntas de acción comunal y con la asistencia de aproximadamente 450 personas, líderes campesinos y miembros de organizaciones sociales, se presentaron situaciones que atentan contra el proceso y sobre todo con el derecho constitucional a la participación y organización política, que amenazan la vida y la integridad física de los miembros de AScamcat y de todos los que allí estaban presentes. Queremos informar a la comunidad nacional e internacional que:

 José del Carmen García, alcalde del municipio de Tibú, el concejal Pablo Robles, y el personero de Tibú, participantes de la audiencia popular, ingresaron al lugar del evento en compañía de dos desconocidos, que afirmaron, en el momento de inscripción y de registro, venir en compañía del alcalde.

 Miembros de la comunidad reconocieron que esos dos desconocidos son miembros de la Fiscalía, porque habían sido interrogados por ellos, en especial “el que portaba gorra blanca”.

 En el desarrollo de la audiencia, estos individuos registraron los nombres de la junta directiva de Ascamcat, de los miembros de la MIA, de cada líder que se presentaba; registraron los nombres de los líderes de la ACVC, Asorvimm y Cahucopana y realizaron varias fotografías del auditorio y de los participantes.

 Estos hombres se presentaron ante el auditorio como Anderson Anteliz y Jhon Alexander Fredy Padilla, integrantes de un medio de comunicación independiente, afirmaron tener el aval del señor alcalde y del concejal Pablo Robles para participar en el evento.

 La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez solicitó a estos hombres retirarse del recinto hasta que pudieran comprobar que no hacían parte de la Fiscalía ni de ningún cuerpo de investigación de la Policía. Los hombres no quisieron mostrar su documento de identificación ni un carné avalando su condición de prensa, y seguían afirmando que venían con la aprobación del señor alcalde y del concejal de Tibú. Estos hombres se retiraron del lugar sin identificarse, sin entregar las fotos tomadas y los datos recogidos y gracias a la complicidad de los policías que se encontraban allí presentes.

 Edgar Duarte, defensor del Pueblo de Fronteras; el corregidor de La Gabarra; Personero de Tibú Manuel Eduardo Jaimes; personero de San Calixto Pedro Quintero; comunicaron lo ocurrido ante el comandante de la estación de Policía de La Gabarra, subteniente Pinzón, quien informó ante ellos, y posteriormente ante Ascamcat, el Periódico Voz, Brigadas Internacionales de Paz (PBI), el Observatorio Internacional de Paz (IPO), personero y alcalde de Tibú, que la presencia de aquellos dos individuos obedecía a un esquema de seguridad, situación que tampoco fue clara, porque se comprometió a investigar la procedencia y accionar de esos hombres.