El reciente planteamiento presidencial de constituir una “red de informantes” al interior del sector estudiantil de Medellín generó una gran controversia y a la vez un rechazo casi unísono de la sociedad colombiana.

La propuesta lanzada por Uribe consiste en pagar a mil estudiantes de la capital antioqueña la suma de cien mil pesos mensuales (poco más de 36 euros y menos de 50 dólares), a manera de bonificación, por entregar información a las autoridades sobre acciones delincuenciales en la ciudad. Como en otras propuestas, el Presidente señaló que la medida “no tiene reversa”, lo cual simplemente demuestra el tipo de “democracia” que existe en el país.

Realmente la idea gubernamental no es novedosa. Tampoco podría decirse que es una nueva arremetida contra la universidad pública. No es una iniciativa nueva porque simplemente es la confirmación del beneplácito y la satisfacción del mandatario nacional y el Gobierno con la actuación realizada al interior de los claustros educativos de sectores de la derecha afines al Gobierno (o con identidad política común) y cuya principal labor ha sido la identificación, seguimiento y eliminación del movimiento estudiantil, sindical y profesoral, y en general del pensamiento crítico y las voces disidentes al actual gobierno.

Un texto de los paramilitares rezaba hace unos años: “Muchas personas vinculadas a la Universidad como estudiantes, docentes y empleados reaccionamos conformando un grupo autónomo dedicado a recabar información de inteligencia sobre el origen y los autores de tales actos terroristas”. La anterior afirmación coincide con la del Presidente, en la necesidad de obtener información como forma de llegar a los “delincuentes”. Esta acción estaría orientada a la defensa de la vida (al igual que la propuesta gubernamental), más adelante continúa el texto: “Llamados a la acción en defensa de nuestra Universidad y de nuestras propias vidas y bienes, además de la del patrimonio del pueblo colombiano que paga sus impuestos, encontramos puntos de identidad con la organización político militar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ACCU”.

La cita es de un comunicado difundido por las Autodefensas de la Universidad de Antioquia, en la ciudad universitaria en junio 26 de 1999 [1]. Las coincidencias con la propuesta gubernamental simplemente saltan a la vista, y las trágicas consecuencias de este tipo de accionar son conocidas por todos: amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados.

Otro ejemplo que permite dimensionar las propuestas orientadas a las labores de inteligencia en las universidades salió a la luz en diciembre pasado, esta vez en la ciudad de Cúcuta. El ex comandante del Frente Fronteras de las AUC, Carlos Andrés Palencia, conocido también como “Andrés” o “Visaje”, en diligencia de “confesión de hechos”, declaró ante el fiscal 8 de la Unidad de Justicia y Paz que en la desaparición y muerte del estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander, Gerson Gallardo Niño, ocurrida el 3 de abril de 2003, participó de manera activa Oscar Andrés Delgado Gil (alcalde del municipio de Chinácota, Norte de Santander), quien acusó ante los comandantes paramilitares al estudiante de ser integrante de un grupo guerrillero [2].

Esta infundada y mentirosa afirmación de Oscar Delgado fue causal de la desaparición forzada y posterior asesinato de Gerson, homicidio que sólo siete años después de haber sido cometido (y a cinco de la “desmovilización” del Bloque Catatumbo) es reconocido por los bárbaros asesinos de civiles, los criminales sedientos de sangre llamados AUC.

Los anteriores ejemplos del modo de operar de los paramilitares en la universidad colombiana nos permiten concluir que la propuesta de Uribe no es nueva. Los paramilitares la ejercieron (como AUC) y la ejercen (como Águilas Negras, ONG, Autodefensas Gaitanistas, Bloque Capital, etc) al igual que el actual gobierno la ha ejercido en las universidades, reconociéndolo implícitamente mediante el planteamiento presidencial [3].

A manera de ilustración de cómo funcionan actualmente las redes de informantes, tenemos que en la Universidad Nacional, según David Flórez (dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y representante estudiantil al CSU de la UNAL), se encuentran amenazados 66 estudiantes y 15 catedráticos [4]. Muchas de estas amenazas son resultado de esas “labores de inteligencia” de grupos al margen de la ley, las cuales han incluido seguimientos, fotografías, interceptaciones y filmaciones a activistas estudiantiles, las cuales después son usadas como “pruebas” en procesos judiciales y extrajudiciales.

Por todo lo referido es que repetimos que la propuesta no es novedosa y pareciera que pretende legalizar a personas y grupos de personas que de tiempo atrás realizan labores de inteligencia en las universidades para el Gobierno, para los paramilitares, para la derecha. Lo curioso es que ha sido lanzada en la misma universidad que sirvió de piloto para el experimento de infiltración paramilitar: En comunicados difundidos en las Universidades Nacional de Medellín, Universidad del Atlántico y la Universidad Industrial de Santander, durante el año 1999, los grupos de autodefensas indicaban que estaban “siguiendo el ejemplo de la Universidad de Antioquia” [5]. Ante esto surge la pregunta: ¿Se implementará la idea en otras universidades?

Ahora bien, no podemos señalar que esta es una nueva arremetida contra la universidad pública. Realmente ante lo que estamos es ante una expresión de una arremetida prolongada y sistemática contra la universidad y el estudiantado, que en anterior ocasión se expresó con el debate en torno a la precaria situación financiera de los claustros universitarios y la respuesta del Gobierno ante el incidente presentado entre el rector de la Universidad Nacional y un grupo de estudiantes el año anterior.

Esta arremetida prolongada ha tenido anteriormente también manifestaciones violatorias de los derechos humanos e infractoras del derecho internacional humanitario, como son el señalamiento de “guerrilleros” a los estudiantes hechos por integrantes del Gobierno. Las cifras hablan por sí mismas: en el periodo 2002-2004, según la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), fueron asesinados 47 estudiantes, amenazados 52 y detenidos de manera arbitraria 281 [6].

Tal continuidad de ultrajes contra los universitarios devela el interés del establecimiento por controlar tan importante sector social, lo que a su vez nos muestra el potencial transformador que guarda la universidad.

Frente a la propuesta presidencial se han hecho muchas observaciones y criticas, con las cuales coincidimos:

(i) La política de informantes inmiscuye a la población civil dentro del conflicto, lo que representa infracciones al derecho internacional humanitario y violaciones a los derechos humanos;

(ii) El Gobierno Nacional no tiene una política seria contra la criminalización urbana, el planteamiento presidencial refleja el desespero del mandatario por solucionar un problema que tiende al crecimiento, lo que demuestra la ineficacia de la política de "seguridad democrática";

(iii) Es una propuesta, al igual que la realizada en Cali (“red de informantes taxistas”), que en el momento político nacional tiene fines electorales, buscando comprar el voto de los universitarios a razón de $100.000;

(iv) La propuesta vincula a más jóvenes a la dinámica de guerra, alimentando la misma, y carece de sentido común al ser lanzada a los jóvenes que mediante el estudio, evitan caer en círculos del crimen;

(v) la idea llevará a la estigmatización y victimización del colectivo estudiantil, pues los grupos armados y delincuenciales reconocerán en ellos a sus “enemigos”; y

(vi) La política de recompensas no ha gozado de control, ni reglamentación seria, ha desbordado su finalidad, colocándole precio a la vida legalizando el crimen, por lo cual simplemente podrían esperarse “falsos positivos”, esta vez dentro de las universidades.

Como se puede apreciar, la “recolección de información” a cambio de dinero no es una propuesta gubernamental nueva. Por el contrario, ha sido aplicada de tiempo atrás por la derecha en el país (cuya máxima expresión han sido los grupos paramilitares), cobrando la vida de inocentes. El actual gobierno también ha hecho uso de ella y pareciera que pretende legalizar actuaciones irregulares e ilegales dentro de los claustros universitarios, buscando silenciar el pensamiento crítico al interior de la Universidad y desconociendo las críticas que desde el discurso de los derechos humanos y del constitucionalismo tiene su planteamiento. Los informantes en las universidades demuestran ante todo el afloramiento de un estado cada vez más criminal.