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Movilización contra los decretos de emergencia social en Colombia
Agencia Prensa Rural / Viernes 12 de marzo de 2010
 

El 23 de diciembre del 2009 el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y su ministro de Protección Social Diego Palacios, con el argumento de crisis financiera en el sector salud, firman 14 decretos encaminados a incrementar los recursos y controlar el gasto fiscal para poder sacar del colapso a este sistema.

El sistema de salud basado en el aseguramiento se inicia desde la implementación en el año 1993 con la ley 100, que lo divide en dos regímenes, uno de ellos el contributivo (para personas con capacidad de pago) y su intermediario son las Empresas Promotoras de Salud (EPS), un ente proveedor del servicio, las Instituciones Prestadores de Servicio (IPS), y el subsidiado (para las personas de bajos recursos).

El Gobierno destinaría un porcentaje del presupuesto nacional, junto a las contribuciones hechas por los aportes del régimen contributivo, para crearse el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).

El sistema se mantenía con los tributos de los usuarios, calculando que un 70% de población pagaría por el plan contributivo y el 30% restante por el subsidiado. De este modo la mayoría sostendría la minoría.

El problema se empieza a ver cuando la cantidad de usuarios de régimen contributivo no llegó al 70% sino al 40% y el Gobierno disminuyó el esfuerzo fiscal y adquirió una deuda con el fondo.

En 1996 el Ministerio de Protección Social decidió financiar la mitad de los gastos para la salud de los más pobres y diseñó uno más pequeño para prevención de riesgos (POS).

Toda persona que se encuentre en el régimen contributivo o subsidiado está amparado por el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POS) que contiene un listado de medicamentos, procedimientos e intervenciones médicas al servicio del usuario. La diferencia radica en que quienes aportan a una EPS tienen un listado más grande que los del régimen subsidiado, entonces aquel que necesitara un procedimiento que no cubriera el POS recurriría a las tutelas.

Emergencia social

La Constitución Política de Colombia contiene una norma de excepción en su artículo 215, con la cual se pude declarar emergencia social, el cual reza: “Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 (estado de guerra exterior) que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública podrá el Presidente declarar el estado de emergencia”. La norma está sujeta a la revisión por parte de la Corte Constitucional.

Las medidas tomadas con los decretos pueden adoptar medidas fiscales pero sólo durarán mientras este periodo. Ahora, sin embargo, además de implementar medidas fiscales tributarias, se harán acciones estructurales.

Por ello el Procurador de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado pidió a la Corte Constitucional que derogue los decretos de emergencia por vicios de forma, fondo y redacción.

Por medio del decreto 128 de 2010, se le cambia el nombre a los servicios no POS por el de "prestaciones excepcionales en salud". Establece que los servicios médicos que no estén incluidos en el POS deberán ser costeados por los pacientes usando sus cesantías, ahorro pensional e, incluso, préstamos ante entidades bancarias. Sólo cuando se demuestre la total carencia de recursos económicos para el pago de los servicios que estén por fuera del POS, el Estado pagará, sin embargo, limitando dicho gasto a la disponibilidad de recursos que cuente para estas cuestiones.

El decreto 131 de 2010 reforma la ley 100 y redefine el concepto de POS. En adelante, éste prioriza la atención de baja complejidad en medicina y odontología general y sólo permitirá el manejo por especialistas "cuando se cuente con la evidencia científica" y no se afecten los costos del sistema de salud.

Esta norma restringe la posibilidad de interponer tutelas al fijar sanciones de hasta 50 salarios mínimos mensuales a los médicos u odontólogos que formulen por fuera del POS establecido.

Es notorio que el estado colombiano quiere favorecer a la minoría de la población privilegiada y los grandes monopolios de la salud, mientras la población pagará la iliquidez de las EPS.