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Los abusos que padecen las familias indígenas de las zonas rurales, en el escenario político internacional
Argentina: La ONU indaga en los derechos de los campesinos
El Movimiento Campesino Indígena llegó a través de la APDH a las Naciones Unidas, el organismo está cerca de enviar una misión que se ocupará de las denuncias sobre violencia.
Rodolfo González Arzac / Domingo 14 de marzo de 2010
 
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Caso. Santos Ramón González recibió un balazo en medio de un operativo que montó la policía para quitarle las tierras en las que su familia vive desde hace 60 años.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que representa a unas 15 mil familias que viven en pueblos rurales, presentó a través de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) un detallado informe ante las Naciones Unidas acerca de la difícil situación de los derechos humanos en seis provincias argentinas. El relevamiento podría traer dos consecuencias: la llegada de una inspección de la ONU y, luego, una posible recomendación del organismo al gobierno argentino. Un potencial que depende, como suele ocurrir en estos casos, de un sinfín de variables políticas. Más allá de si concreta sus objetivos últimos, el trabajo tiene un peso específico.

“La tarea que se sintetizó en el informe tiene que ver con un largo camino de denunciar lo que está pasando en el campo argentino. Se demuestra la violación de los derechos humanos. Y está basado en un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Esperamos que las Naciones Unidas verifiquen las denuncias y recomienden políticas para defender los derechos”, le dijo a Crítica de la Argentina Ramiro Fresneda, abogado del MNCI.

El documento de casi 200 páginas describe los numerosos casos de desalojos violentos de campesinos –empujados por autoridades políticas, judiciales y policiales– que están amparados por la ley que determina la posesión veinteañal (al haber actuado como propietario durante ese lapso, en forma pacífica, continua e interrumpida). El alto impacto tóxico de las fumigaciones aéreas en las comunidades rurales. El terrible efecto en el presente de las minas abandonadas en décadas pasadas, como en las localidades de Abra Pampa y Pan de Azúcar. Los casos de contaminación y amenazas a la población que protesta por los daños causados en las minas que están funcionando, como Minera Alumbrera y Agua Rica, en Catamarca. La situación grave que atraviesan los pueblos originarios. Y el extraordinario cambio en la estructura de producción –la concentración en grandes empresas– que implica el modelo agroexportador.

Días atrás, el informe fue presentado en público en la sede porteña de APDH. Entre las conclusiones se considera que la situación de los derechos humanos en Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca es “extremadamente crítica”. La movida, poco usual, de peso político internacional le da visibilidad a situaciones poco conocidas, dramáticas y olvidadas por la dirigencia política. Los testimonios recogidos y los casos denunciados son contundentes. En esta página se describen dos de ellos. Uno, con la violencia de protagonista en Santiago del Estero. Otro, en Córdoba, que obligó a decenas de familias a abandonar sus lugares, y que se origina en una situación, sencillamente, insólita.

Quimilí. En el lote cinco, en el paraje El Colorado, en las afueras de la polvorienta Quimilí, se vive una de las batallas con más violencia de las que sufren los campesinos en Santiago del Estero. El caso de Santos Ramón González es parte medular del informe que el MNCI presentó ante las Naciones Unidas. Y registra la complicidad de políticos, jueces y policías con empresarios para quitarle a la familia las tierras que ocupan hace más de 60 años.

Las visitas privadas o policiales, por las noches, con amenazas y tiros, empezaron en 2003. Entre septiembre de 2008 y octubre de 2009 hubo cuatro. La más feroz fue la que formó parte del septiembre negro: una embestida que incluyó razias en varios municipios de la provincia, dejó 27 detenidos, y se libraron 150 órdenes de captura contra campesinos de la zona. El 8 de septiembre de 2008, a las siete de la mañana, con frío bajo cero, la familia González estaba lista para comenzar con las tareas de todos los días. Santos Ramón iba a juntar maíz. Pero dos policías armados con escopetas golpearon y derribaron la puerta de su casa. Gritaban.

A vos te buscamos, hijo de puta.

A Santos Ramón le dieron un tiro en la pierna izquierda. Otros tres tiros pegaron en la pared gracias a la intervención de Luis, uno de sus hermanos. A don Román González, el padre de ambos, entretanto, dos mujeres de uniforme lo cachetearon para que no mirara. A Víctor, el marido de una de las González, lo tiraron al suelo y lo sacudieron a patadas. Todos fueron detenidos.

Entre los hombres armados y los vehículos de la Policía los González vieron otra camioneta: una Nissan Frontier roja. Conocen a su conductor: Miguel Jiménez, un puntero político clave en los tiempos de los Juárez que conserva su poder intacto en los tiempos del gobernador Gerardo Zamora, un radical de excelente sintonía con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La Policía que acompañó a Jiménez, o viceversa, dijo que se llevaba a Santos Ramón González por haber disparado contra una avioneta que fumigaba. Es una causa vieja que los campesinos habían dado por cerrada tras probar que ese día, a esa hora, Santos Ramón no estaba en el lugar desde donde se hicieron los tiros. Los hermanos González comprobaron rápidamente que el motivo de la detención no era lo central.

Los agentes les ofrecieron la libertad a cambio de que le reconocieran la posesión del lote 5 a la persona que los denunció: un testaferro de un empresario de Monte Maíz, provincia de Córdoba. Los González se negaron, y Santos Ramón y Luis fueron a parar 45 días al penal de Santiago del Estero. Les dieron la misma celda que a un asesino. Nunca recuperó ni su camioneta, ni 5.400 pesos que tenía ahorrados ni sus herramientas de trabajo. La policía se llevó todo. Santos Ramón, además, tiene cuatro puntos de sutura donde le dispararon. Y rabia.

La Rinconada. En el paraje de La Rinconada, departamento de Río Seco, en Córdoba, se registra otro de los conflictos denunciados ante las Naciones Unidas. Es un caso, como tantos otros, con títulos de propiedad de dudoso origen. De hecho, el empresario de jugos René Fritzler alambró unas 23 mil hectáreas donde viven hace más de 120 años unas 50 familias –hace dos años eran el doble– mostrando un título de la provincia de Santiago del Estero. La localidad está en el límite de Córdoba y Santiago, pero, según determinó la Justicia, no existen dudas de que el campo queda en Córdoba. En los hechos, los campesinos quedaron aislados, sin poder salir a la ruta y sin que sus animales accedan al agua. Fritzler, además, curiosamente, construyó en el campo una pista de aterrizaje de 1.700 metros.

“Esto es un campo abierto y comunitario que explotamos 50 familias. Vacas, ovejas, chanchos, cabritos. Vino esta gente y nos quitó todo el campo. Después de las denuncias, la Justicia cortó los alambres. Pero ha habido momentos difíciles. Vivimos siempre con amenazas. Ellos siempre vienen con custodia policial en moto. Ahora están calmos. No se sabe hasta cuándo. Ellos tienen plata, nosotros nos defendemos como podemos”, explica Mario Angulo, que vive con su mujer y una hija en La Rinconada, como lo hicieron su padre y como lo hizo su abuelo.

El informe presentado en las Naciones Unidas dice que “observando las condiciones del lugar puede percibirse una situación de extrema tensión de impredecibles consecuencias, toda vez que ésa es una región de escasa agua de calidad y, por lo tanto, todo el impedimento al acceso al agua potable es una cuestión de vida o muerte para las personas y los animales”. Y señala “la presencia de civiles armados, quienes amedrentarían y hasta habrían golpeado a los campesinos”.