En San Isidro, un apartado caserío perdido en las goteras de la Amazonia, a donde se llega por una trocha polvorienta en verano e intransitable en invierno, cuyos moradores carecen de servicios básicos como acueducto, electricidad, alcantarillado, puesto de salud, instalaciones educativas adecuadas y falta de docentes para las mismas, entre otras necesidades insatisfechas; se realizó con éxito el pasado 27 de enero el Primer Foro por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

En la amplia región el Estado no se ha hecho presente en lo social, pero sí mantiene una fuerte presencia militar que desde hace ocho años ha asfixiado las libertades civiles, socavado los derechos humanos e infringido el derecho internacional humanitario de la población.

En San Isidro, jurisdicción de la inspección Unión Peneya, municipio de La Montañita (Caquetá), se hicieron presentes más de mil personas representantes de las comunidades anfitrionas y de los municipios de Cartagena del Chairá, San Vicente, El Paujil, La Montañita, Solano y Milán, como también representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, la Defensoría, la Personería, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y otras organizaciones sociales.

El 18 de noviembre del año pasado, en la vereda Las Hermosas, municipio de La Montañita, cuando Iván Guerrero Arayón regresó a su parcela luego de haber estado trabajando durante el día en la finca de un vecino, encontró que tropas del Ejército se encontraban acampando en ella alrededor de su vivienda.

Los militares lo detuvieron, lo insultaron y lo amenazaron con ponerlo como objetivo militar si salía de la casa.

Un vecino, testigo de los hechos, le avisó a los familiares de Guerrero, quienes junto con la comunidad se dirigieron al comandante de la patrulla y le exigieron respeto por los derechos humanos y el DIH intrínsecos en la población civil.

En octubre de 2009, en la inspección El Danubio Peneya, fueron asesinados José Fernando Carranza, Edilberto Rodríguez Alvarado y Andrés Duran García.

Les colocaron prendas militares y los hicieron pasar como “guerrilleros dados de baja en combate”. Toda la comunidad los conoció como humildes labriegos.

Se planea gran movilización campesina

Como los casos anteriores, más de 90 denuncias sobre violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH cometidos por la Fuerza Pública fueron recibidas abierta o privadamente en el foro.

Ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos, empadronamientos, desapariciones forzadas, bloqueos alimentarios y de medicinas, detenciones arbitrarias, filmaciones y fotografías a los pobladores, amenazas, ocupación de centros educativos, viviendas y otras áreas civiles, pillaje y abusos sexuales, fueron entre otros los atropellos mayormente cometidos por las tropas del Estado bajo la política de “seguridad democrática” del régimen, denunciadas por los labriegos.

Más de 700 personas han sufrido detenciones arbitrarias y sobre otro gran número pesan órdenes de capturas ilegales.

Otro de los flagelos que agudiza aún más la crisis humanitaria de la región son las fumigaciones indiscriminadas con glifosato, que han arrasado extensos cultivos de caña de azúcar, yuca, plátano, arroz, maíz y pastizales, entre otros productos agrícolas.

Igualmente se denunció que las fumigaciones han envenenado las aguas del sistema hídrico natural de la región, las tierras cultivables y los ecosistemas. Las comunidades se quejaron que tanto a las fumigaciones aéreas, como a la erradicación manual de cultivos ilícitos, el Gobierno se niega a ofrecerles a las familias campesinas programas productivos alternativos, condenándolas al hambre, al desplazamiento y a la miseria.

Hubo insistentes denuncias contra la representante de Acción Social del departamento del Caquetá, Diana Carolina Tamayo, por amenazas de la funcionaria contra la población de Unión Peneya, de suprimir toda inversión social en la región, sí se le niega la donación de un terreno para la construcción de un puesto de Policía. “Lo que necesitamos es inversión social, no más Fuerza Pública”, le dijo a Voz Yesid Doncel, presiente de Asojuntas de Cartagena del Chairá.

Al finalizar el Foro fue creada la Mesa Local de Derechos Humanos y el Comité de Acompañamiento y Seguimiento al Proceso.

Las comunidades advirtieron que si el régimen persistía en mantener las condiciones actuales, realizarán una gran movilización campesina hasta Florencia o inclusive hasta la capital del país sí es necesaria, para que sus voces sean escuchadas.