La Corte Suprema de Justicia asumió el proceso del político antioqueño César Pérez García que busca establecer su presunta responsabilidad en la masacre ocurrida en Segovia (Antioquia) el 11 de noviembre de 1988.

Esa noche, un grupo de paramilitares disparó indiscriminadamente contra la población civil y dejó 43 muertos y 45 heridos. (Lea cómo fue la masacre).

Por esos días, Pérez era representante a la Cámara y acababa de perder su poder político en Segovia, donde el partido izquierdista de la Unión Patriótica (UP) barrió en las elecciones locales. Siete concejales de los 10 que tenía el municipio y la alcaldesa Rita Ivonne Tobón eran de la UP.

Supuestamente, la matanza ocurrió como retaliación porque la gente dejó de apoyar al Partido Liberal y prefirió en esas elecciones a la UP. Esa apreciación aparece en varios testimonios consignados en el expediente.

Durante las investigaciones que hacía la Fiscalía sobre el caso, compulsó copias del proceso a la Corte Suprema para que investigara al Representante. Por el fuero del funcionario, ese era el tribunal al que le correspondía llevar el proceso.

La Fiscalía argumentó que “esta región había sido de ideas liberales, estando a su cabeza César Pérez García como representante de ese grupo”. Explicó que después del proceso de paz del gobierno de Belisario Betancourt, surgió el partido Unión Patriótica (UP), que tuvo éxito en Segovia en las elecciones de 1988.

Pero el estigma contra los militantes de la UP se sintió también en esa región, donde, como en muchas partes, los señalaban de ser guerrilleros o colaboradores de los insurgentes.

Esto “originó la discrepancia entre las autoridades civiles, militares y de policía, las cuales no ocultaban su forma de actuar y el deseo de recriminación”, rezan documentos de la Fiscalía. En el expediente, reposan versiones de los militares que decían que la alcaldesa de Segovia era “la jefe de la red de inteligencia de la UP.”

Como consecuencia de esa imagen que se tenía de los militantes de ese partido, “apareció en esa Región de tiempo atrás el grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), los cuales decían que apoyaban al grupo de César Pérez”, de acuerdo con documentos que están en el expediente.

Son varios los testimonios que la Fiscalía obtuvo en aquel entonces que hablaban de vínculos de los liberales con la matanza. Uno es el del padre Jorge Mira, párroco de Segovia. Él dijo que la posible causa de la masacre fue el problema político que surgió después del triunfo de la UP.

“Este municipio ha sido manejado por el Partido Liberal con sectarismo y exclusivismo. Al perder el poder, ha habido manifestaciones de resentimiento y se atribuye a este partido la organización del movimiento MRN, del cual no tengo yo ninguna prueba ni ningún conocimiento de cómo ni por quién está organizado”, fueron sus palabras.

Otra declaración que reposa en el expediente y que ahora tiene en cuenta la Corte Suprema de Justicia es la de Jael Cano, concejal de Segovia por el partido de la UP. En un interrogatorio, le preguntaron si ella consideraba que la aparición del MRN coincidió con la pérdida del poder del Partido Liberal en esa zona.

“Si quiere que le conteste con sinceridad, sí... ese movimiento nació a raíz de haber perdido el poder que tenía en el Nordeste desde hace casi cien años y nació aquí, en Segovia”, respondió la Concejal.

Entre las declaraciones que vinculan al Partido Liberal con el MRN, algunas hacen referencia específica a Pérez García. Una es el testimonio del paramilitar Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias ‘Vladimir’.

El 10 de enero de 1996, ante un Fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, afirmó que “referente a la participación del político César Pérez García, ya lo dije anteriormente, este fue quien coordinó con Fidel Castaño. Pidió toda la ayuda para sacar la UP de Segovia porque había perdido las elecciones”.

Pero este no es el único paramilitar que vinculó al político con la masacre. También lo hizo Henry de Jesús Baquero, el 29 de febrero de 1996. Cuando le preguntaron por las personas que participaron en la matanza, él respondió que “hay un Senador o representante a la Cámara, no recuerdo qué era para ese entonces, en esa época perdió las elecciones en Segovia y su nombre es César Pérez García. A raíz de eso fue y buscó a Fidel Castaño para que le ayudara a sacar a la UP de Segovia”.

Confusión

La Corte Suprema de Justicia había dicho en 1994 que no tenía competencia para llevar el caso porque los hechos por los que lo señalaban no tenían relación con las funciones que desempeñaba Pérez García en el momento de la masacre.

Pero la decisión que tomó este tribunal el pasado 13 de mayo en cuanto a recibir de nuevo el proceso, se sustenta en que la masacre de Segovia supuestamente sí tuvo que ver con las funciones que desempeñaba Pérez García como representante a la Cámara.

“De los testimonios e indagatorias se desprende que presuntamente existió un interés político con la finalidad de mantener en dicho territorio la hegemonía de quien para esa época representaba el liderazgo del Partido Liberal”, dice en el documento donde consta la decisión.

Posiblemente, la pérdida del fortín político de Pérez en Segovia “provocó la alianza (con el MRN) cuyo fin era la recuperación de dicha zona, hecho que se encuentra inescindiblemente relacionado con las elecciones y el ejercicio del derecho al voto, a la elección popular, único medio establecido en la Constitución Política para acceder a una curul en el Congreso de la República”, es la razón que dio la Corte para asumir el proceso.

El caso no prescribe, porque se considera un delito de lesa humanidad. Hace parte del genocidio de la UP.