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A propósito de una columna del Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
Las "venas rotas" de Eduardo Pizarro
Freddy Ordóñez / Martes 10 de agosto de 2010
 

Recientemente, en su columna del diario El Tiempo, titulada Venas rotas [1], publicada el pasado 11 de julio, Eduardo Pizarro Leongómez, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), señalaba que “Demandar al Estado se ha convertido en un deporte nacional”, del que, señala el autor, viven centenares de abogados, quienes cuentan con la complicidad de jueces y fiscales e incluso “en algunos casos con funcionarios de las altas cortes (como ocurrió, recientemente, con altos funcionarios del Consejo de Estado)”.

Posteriormente, el encargado nacional de promover la reconciliación entre los colombianos y la reparación integral a las víctimas del conflicto interno, suelta una perla: “Creo que la reciente demanda de Ingrid Betancourt -que ha ofendido a la inmensa mayoría de los colombianos- ha sido la gota que colmó la copa. Llegó la hora de introducir las reformas constitucionales y legales necesarias para evitar que esta vena rota en los recursos públicos continúe fluyendo hacia manos privadas sin diques de contención […] Como han podido comprobar los estudios de la ONG Transparencia Internacional, la corrupción constituye uno de los principales factores explicativos del atraso económico”.

Es así como de manera perversa Eduardo Pizarro, repito, Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, hace un relacionamiento diametralmente contrario a los postulados de los derechos de las víctimas y a la necesaria reconciliación nacional: Demandar reparación del Estado es equivalente a corrupción y apropiación privada de dineros públicos causante de atraso económico.

Si la persona encargada de direccionar la generación de propuestas que lleven a la Reparación integral de las víctimas del conflicto interno en Colombia piensa de esta manera, ¿Qué pueden esperar las víctimas? El caso de Ingrid Betancourt (cuyo análisis escapa a los alcances planteados en este texto) fue la excusa encontrada por el Presidente de la Comisión, para responsabilizar a las víctimas del conflicto por el atraso y la pobreza reinante en el país.

Parece que a Eduardo Pizarro se le olvidó lo que implica el postulado del Derecho a la Reparación, el cual se concibe como la posibilidad que tiene la persona a restablecer la situación en que se encontraba antes de convertirse en víctima. Esto incluye restablecer las condiciones de igualdad social, la posibilidad de garantizar el estatus de ciudadano y la no discriminación por su condición de víctima. En ese sentido, el daño sufrido debe ser reparado a través de medidas individuales de restitución, indemnización y rehabilitación (incluyendo atención médica, sicológica, servicios sociales y jurídicos de apoyo), medidas de satisfacción de alcance general, la garantía de no repetición y de cesación de violaciones continuadas, debiendo las reparaciones ser suficientes, efectivas, rápidas y proporcionales a la gravedad del crimen y a la entidad del daño sufrido. La forma en como sea efectuada la reparación es un factor importante para determinar el grado de confianza en las instituciones por parte de la víctima del conflicto. Así mismo, “en el caso de crímenes que, por sus características, no admiten la restitutio in integrum, los responsables deben compensar a la víctima o sus familiares por los perjuicios resultantes del crimen. El Estado deberá esforzarse por resarcir a la víctima cuando el responsable de la conducta ilícita no haya podido o no haya querido cumplir sus obligaciones” [2].

De igual forma, parte de la reparación va encaminada a la sociedad en su conjunto, especialmente lo que tiene que ver con la necesidad de conocer cuales hechos tipifican como crímenes internacionales; difundir a la sociedad y de manera completa los resultados de la investigaciones cuya finalidad era el conocimiento total de la verdad sobre lo acontecido; la búsqueda de los restos mortales de las víctimas, así como también de los desaparecidos; la publicación de declaraciones oficiales y de decisiones judiciales relacionadas con el restablecimiento de la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y/o de sus familiares y allegados; el reconocimiento público de las responsabilidades; la construcción y recuperación de la memoria; y el establecimiento y enseñanza de la verdad histórica.

En este orden de ideas, las medidas de reparación, contemplan, como ya se ha indicado, la indemnización económica, pero no se agotan con ella y tampoco puede ser tomada la indemnización económica como un “regalo estatal” (ya que lo que se busca es resarcir a las víctimas y una sanción monetaria ante una responsabilidad estatal) o como un acto de “generosidad o caridad del Estado”: regalos, generosidad y bondad, ha sido un lugar común en los Gobiernos Uribe, y se pueden leer como clientelismo, favoritismo, prebendas y corrupción, casos como el carrusel de las notarias, Agro Ingreso Seguro, los contratos en el Ministerio de Defensa, el manejo del programa Familias en Acción, la Resolución Ministerial que justificó los mal llamados “falsos positivos”, etc. Ante estos casos, Pizarro Leongómez no levantó su voz para señalar la apropiación de dineros públicos por parte de individuos particulares, como tampoco ha dicho nada por la propuesta presidencial de asumir la defensa de los integrantes de las Fuerzas Militares que sean investigados y judicializados por violaciones a los Derechos Humanos, ni sobre el Decreto 1700 de 2010, por el cual se amplían los esquemas de protección y seguridad para los ex presidentes, ex vicepresidentes de la República y sus familiares. Claro está, junto a este silencio y su indignación por las demandas contra el Estado, se presenta el respaldo a la risible propuesta de indemnizar a las víctimas del conflicto armado con un tope máximo de hasta 20 millones de pesos, en lo que sería la “nueva ley de víctimas”.

Al Presidente de la CNRR le vendría bien releer (o leer) documentos claves como los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones [3] y los lineamientos principales para una política integral de reparaciones [4].

Señalar a las víctimas de crímenes atroces como los responsables del atraso económico nacional no sólo es ridículo, sino que constituye doble victimización.

Por otra parte, el Presidente de la CNRR, cita como fuente un informe de la ONG Transparencia Internacional, señalando que: “Como han podido comprobar los estudios de la ONG Transparencia Internacional, la corrupción constituye uno de los principales factores explicativos del atraso económico”. Lo que olvida mencionar Eduardo Pizarro, son algunas cifras interesantes manejadas por el capítulo Colombia de Transparencia Internacional [5]:

- En una escala de cero (percepción de muy corrupto) a diez (percepción de ausencia de corrupción), Colombia en 2006 obtuvo una puntuación de 3.9/10, en 2007 alcanzó 3.8/10 entre 183 países, y en 2008 obtuvo la misma calificación 3.8/10. Entre 180 países, Colombia se ubicó en el puesto 70.

- La percepción de corrupción en el país en 2007 fue de 74.2% frente a 73.9% en 2006, 68.2% en 2005 y 73,5% en 2004.

- Para el 2007 los colombianos se mostraban muy pesimistas con respecto a la disminución de la corrupción en los tres años siguientes: un 52% afirma que las prácticas corruptas van en aumento.

- Frente a la actuación del gobierno en la lucha contra la corrupción, en 2007 un 49% piensa que las medidas tomadas han sido eficaces, es decir un poco menos de la mitad de los encuestados.

- Los partidos políticos reciben una calificación de 4,0/5 y el congreso con 3,9/5, donde 1 es nada corrupto y 5 muy corrupto. Los sectores mejor calificados por los colombianos encuestados son el ejército, las ONG y los organismos religiosos compartiendo una calificación de 2,8/5; y los medios de comunicación con 2,9/5. (Barómetro Global de la Corrupción 2007).

Los anteriores datos dejan ver que, los análisis de Transparencia Internacional señalan que efectivamente en Colombia se presentan grandes grados de corrupción. Pero esta corrupción ha crecido durante los años de gobierno de Álvaro Uribe, lo cual es percibido así por las personas, quienes tampoco creen que pueda disminuir la misma, y asocian la corrupción y califican como corruptas a instituciones de gran presencia uribista como los partidos políticos y el Congreso.

Finalmente Pizarro Leongómez cuestiona el monto solicitado por Ingrid Betancourt, indicando que esta tenía una intención mercantilista al pedir una cantidad tan elevada. Pero lo cierto es que estos cálculos fueron hechos con base en los ingresos percibidos por ella y las proyecciones de los mismos durante los años que duró su secuestro (en ese sentido deben ser los altos ingresos de los congresistas los que tienen que ser revisados, ingresos que hoy están principalmente en manos de la coalición uribista, a la cual próximamente tendremos que llamar “coalición de unidad nacional”), es decir lo que se conoce como lucro cesante y daño emergente, los dos referidos a perjuicios materiales; así como en el daño moral, que en lo contencioso administrativo se ha llamado daño a la vida en relación y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha consolidado en la figura de daño al proyecto de vida.

Hay algo en lo que sí coincido con el autor: “la necesidad de poner sobre el tapete el tema del secuestro y la responsabilidad de las instituciones públicas por acción u omisión”. Especialmente lo que tiene que ver con los casos de los llamados “canjeables”, quienes por caprichos de los mandatarios e intereses políticos particulares, pasan largo tiempo en las selvas colombianas o mueren en ellas. La responsabilidad estatal en estos casos debe mirarse a la luz del artículo 1.1 y 1.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sería interesante que el tema del secuestro y la responsabilidad estatal llegara al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El Presidente de la CNRR, Pizarro Leongómez, se muestra indiferente y ajeno a las víctimas del conflicto, incluso ante quienes han sido serviciales al gobierno Uribe (como Ingrid Betancourt); a su vez tapa la verdadera corrupción, y la impunidad y el desconocimiento de los derechos de las víctimas de la confrontación que vive el país, en un ejercicio de “revictimización”.

[2COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia. Principios y normas orientados a superar los conflictos armados y sus consecuencias sobre la población civil. OEA/Ser.L/II.120/ Doc. 60/ 13 de Diciembre de 2004, disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/colombia04sp/informe2.htm (revisada el día 3 de junio de 2007).

[3Adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005.