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Las organizaciones de derechos humanos de Colombia y de EU hacen un llamado a EU para condicionar la ayuda hacia Colombia y apoyar el Estado de derecho
Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos / Viernes 3 de septiembre de 2010
 

En nuestra condición de organizaciones no gubernamentales de Colombia y de EEUU y de defensores de
derechos humanos, hacemos un llamado al gobierno de EEUU para que se abstenga de certificar el
cumplimiento de las condiciones relacionadas con derechos humanos que permiten que Colombia reciba la
asistencia militar de EEUU. Si EEUU certifica a Colombia, estaría violando las reglas que gobiernan la ayuda
externa estadounidense, ya que Colombia no solo ha fallado en cumplir sus condiciones, sino que por el
contrario ha retrocedido significantemente durante un periodo de más de un año. Especialmente, ha fracasado
en ofrecer justicia por los crímenes cometidos en materia de derechos humanos por las fuerzas armadas.

Certificar a Colombia bajo estas condiciones sería decirle al nuevo gobierno de Colombia que EEUU no es
serio cuando se trata de mirar este tipo de abusos. Si se abstiene de certificar a Colombia, tal como ocurrió en la
anterior administración, EEUU no sólo apoyaría el Estado de derecho en Colombia, sino que además
transmitiría un mensaje de sus expectativas sobre el nuevo gobierno de Colombia, alentándolo para que en todas
sus actuaciones respete y garantice los derechos humanos.
Urgimos que el Departamento de Estado se abstenga de certificar a Colombia hasta que se vean
resultados claros del avance de los casos de derechos humanos y se combata la enorme impunidad que
existe en Colombia al respecto.

A continuación se presentan algunas de las muchas y graves violaciones de derechos humanos cometidas desde
septiembre de 2009, fecha en la que se expidió la última certificación a Colombia, las cuales suponen un
incumplimiento de los condicionamientos a la ayuda militar estadounidense
Fracaso en cumplir con la condición de investigar y procesar las violaciones cometidas por las fuerzas
armadas de Colombia. A pesar de que EEUU presionó para investigar y procesar a los miembros de las
fuerzas armadas que fueron responsables de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, no ha habido
casi ningún avance en este frente.

El sistema de justicia militar se ha demorado en transferir los casos de derechos humanos a los jueces civiles
después de un período en que hubo ciertos avances. Con posterioridad a que la directora ejecutiva de la justicia
militar se vio obligado a renunciar en mayo de 2009, la transferencia de los casos se ha hecho dramáticamente
lenta: de 34.5 casos transferidos por mes en el 2008 se pasó a 3 casos por mes en el último trimestre de 20091.

El sistema civil de justicia ahora está investigando casos que envuelven aproximadamente 3 mil víctimas de
supuestas ejecuciones extrajudiciales desde el año 2002, con resultados que aún son muy lentos. De
aproximadamente 30 oficiales militares de alto nivel que fueron despedidos de sus cargos como reacción al
escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, no ha habido ni un solo cargo jurídico o condena por dichos
crimes, y algunos de ellos continúan prestando servicio2.
Incluso en dos de los casos de más alto perfil la impunidad todavía continúa. En el sonado caso de Soacha, no
hay condenas después de dos años y medio y los procesos judiciales están avanzando a paso de tortuga. De los
62 miembros de las fuerzas armadas que han sido vinculados a este caso, 54 han sido liberados debido al
vencimiento de términos, con solo algunos militares que todavía continúan en custodia. Cuando se hizo la
liberación de estos militares por vencimiento de términos, el ejército organizó una suntuosa fiesta, que incluyó
masajes, regalos, spa y días libres. Adicionalmente, el Procurador General de la Nación no ha tomado acciones
disciplinarias contra estos oficiales que presuntamente estuvieron involucrados con el caso. Entretanto, las
familias de las víctimas continúan siendo amenazadas.
Diez solados involucrados con la masacre de 5 adultos y 3 niños en la comunidad de San José de Apartadó en el
año 2005 fueron absueltos de toda responsabilidad por un juez en Antioquia. Esta sentencia estableció que la
existencia de un grupo conjunto formado por miembros del Ejército y paramilitares no era evidencia adecuada
para culpar al Ejército en la planeación de crímenes, y descartó como evidencia la confesión de un capitán del
Ejército y la de un soldado que prestó servicio en el momento en que se presentó el crimen sobre la relación de
oficiales del Ejército con miembros paramilitares en la planeación y ejecución de la masacre. El juicio estuvo
marcado por obstáculos tales como la falta de cooperación del INPEC en el traslado de los paramilitares
detenidos al juicio, quienes eran testigos clave en la investigación, sin ninguna explicación, y por la ausencia de
acceso de los familiares de las víctimas a las audiencias3.
Existen cerca de 150 miembros de los militares mencionados por los lideres paramilitares en las audiencias de
“Justicia y Paz”, como colaboradores de los paramilitares, a muy pocos de ellos les han imputado cargos
judiciales y sólo uno ha sido condenado. A pesar de que al menos diez generales han sido denunciados por
formar grupos paramilitares, o han sido asociados con sus crímenes, no se han iniciado investigaciones
judiciales en su contra.

Existe uno pronunciado incumplimiento durante este período de la obligación de avanzar en el
desmantelamiento de los grupos paramilitares y sus conexiones. Mas allá de ser desmantelados, los
paramilitares y los nuevos surgidos con posterioridad al proceso de desmovilización, han expandido su
presencia en los últimos dos años. Operan en al menos 600 de los 1090 municipios, y muchos grupos son
liderados por hombres que fueron líderes de las AUC. Sigue habiendo evidencia de la colaboración entre
militares y paramilitares, la cual se da en al menos 10 departamentos del país. Un ejemplo es Argelia, en donde
desde el 2006 hasta el presente los crímenes cometidos por estructuras paramilitares han frecuentemente tenido
lugar cerca a retenes policiales o del ejército o cuando hay movilizaciones de tropas cerca al perímetro de
pequeños pueblos mientras los paramilitares operan ahí. La comisión de masacres y asesinatos selectivos en
muchas áreas del país están incrementando nuevamente, tal como se evidenció en la ola de amenazas de
muertes hechas por paramilitares durante los meses de abril y mayo del 2010, con cientos de individuos de
organizaciones no gubernamentales que fueron blancos de éstas.

Falta de cumplimiento de los requerimientos de respeto a defensores de derechos humanos, sindicalistas,
indígenas y comunidades afro-colombianas. Desde septiembre de 2009, 26 defensores de derechos humanos
y líderes de comunidades han sido asesinados. Solo en mayo de 2010, 9 líderes fueron asesinados. Muchos de
los que fueron asesinados participaron en el taller nacional de garantías (un grupo gubernamental y no
gubernamental que discutió las garantías de los defensores de derechos humanos para poder realizar su trabajo);
al menos 8 personas que participaron fueron asesinadas en los últimos tres meses. Un defensor fue asesinado
dos días después de reunirse con el Ministro del Interior. En el 2010, hasta el momento 31 líderes sindicales han
sido asesinados, 7 líderes comunitarios y un líder indígena.

Ha habido un incremento exponencial en las amenazas contra los defensores por correo electrónico desde abril
del 2010. A pesar de las innumerables alertas nacionales e internacionales, el anterior gobierno de Colombia
parece no prestar atención. 110 defensores colombianos de derechos humanos, líderes de desplazados, grupos
de comunidades y afro-colombianos han recibido amenazas por correo electrónico, panfletos, mensajes de texto
y llamadas telefónicas. La organización no gubernamental estadounidense WOLA también recibió amenazas.
Hasta la fecha, la investigación de los correos electrónicos enviados con las amenazas no ha arrojado ningún
resultado.

La Fiscalía General de Colombia está investigando la posible participación de al menos 4 asesores
presidenciales que tenían conocimiento de los seguimientos ilegales y “chuzadas” del DAS a miembros de la
oposición, a magistrados de la Corte Suprema, a periodistas y a defensores de derechos humanos. En las
investigaciones sobre el DAS, llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación, se muestra que estas
operaciones fueron mas allá de simples interceptaciones telefónicas. Estas eran más una campaña para
desprestigiar a la oposición, lo cual se obtuvo mediante estrategias como el montaje de un video de las FARC,
el requerimiento de la suspensión de la visa de un periodista (posiblemente a los Estados Unidos), la
falsificación de vínculos con grupos ilegales armados, sabotaje (robo de pasaportes, cedulas de ciudadanía),
falsas acusaciones en público, amenazas y extorsión4. Mientras algunas de estas acciones ocurrieron entre el
2004-2006, otras se dieron entre el 2007 - 2009, y todavía no tenemos la seguridad de que estas interceptaciones
y seguimientos ilegales hayan terminado. Aunque La Fiscalía continúa investigando estos hechos, en el
Congreso cursa un proyecto de ley que pretende suprimir el DAS y crear una nueva agencia de inteligencia, al
cual no se le ha dado trámite.

Estas acciones del Estado colombiano contra algunos de los más sobresalientes defensores de derechos
humanos, periodistas y jueces, anulan completamente cualquier derecho a la libre expresión y a la libre
asociación en Colombia. Estas son todas antítesis a los requerimientos que condicionan la certificación con
relación al respeto de los derechos humanos. Adicionalmente, los archivos del DAS aún no han sido depurados,
con el fin de que la información que haya sido obtenida de manera ilegal sea eliminada de las bases de datos de
inteligencia y contrainteligencia.

Estos ejemplos demuestran que el gobierno colombiano en el último año ha fallado en el cumplimiento de
las condiciones bajo la ley de los EEUU, y en muchos de estos puntos clave ha habido incluso un marcado
deterioro. Certificar a la luz de estas graves violaciones de derechos humanos y de la persistente
impunidad seria desconocer abiertamente lo prescrito en la ley. Llamamos al Departamento de Estado a
abstenerse de la certificación y a promover la mejoría real y sustentada de los estándares de los derechos
humanos en Colombia.

Bogotá, 2 de septiembre de 2010

Notas:

1 “Condicionamientos de la ayuda militar de Estados Unidos a Colombia incumplimientos y retrocesos” Documentos
Temáticos N0 5, Observatorio de Derechos Humanos y Derechos Humanitario, Coordinacion Colombia Europa Estados Unidos, June 24 2010.

2 “Fuimos Carne de Buitre”. EL Espectador, March 2nd 2009 http://www.elespectador.com/impreso/tema-deldia/
articuloimpreso123316-fuimos-carne-de-buitre

3 “No habrá vencimiento de términos en juicio por masacre en San José de Apartado” Verdad Abierta
http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/40-masacres/2184-no-habra-vencimiento-de-terminos-en-juicio-por-masacre-desan-
jose-de-apartado , February 2010.

4 Fiscalia Once Delegada ante la Corte Suprema de Justica. Evidencia caja No.5 copia AZ63 – 2005, January, 2010