La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), hizo parte de la comisión de acompañamiento en apoyo al Sindicato de Trabajadores Mineros y Energéticos (Sintramienergética), las Juntas de Acción Comunal, la Asociación de Pensionados Residentes en Segovia, la Asociación de Acreedores de la Frontino Gold Mines, el Sindicato de Trabajadores Oficiales del Municipio de Segovia (Sintraofam), Veeduría Ciudadana, la asociación que representa a un nutrido grupo de pensionados Ajupemse, el Concejo municipal de Segovia, y población en general, quienes se declararon en paro cívico indefinido en Segovia (Antioquia) desde el pasado 25 de agosto.

Los días 3, 4 y 5 de septiembre, una delegación de organizaciones defensoras de derechos humanos, sindicales, sociales, populares y estudiantiles de Barrancabermeja, Bogotá, Bucaramanga y el Magdalena Medio; entre ellas la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra (ACVC), la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), la Central Unitaria de Trabajadores seccional Bucaramanga y Bogotá, la Asociación Regional de Victimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio (Asorvimm), la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua), la Federación de Estudiantes Universitarios de la UIS, Funtraenergetica, la Escuela de Formación Popular Sandra Rondón Pinto y la Agencia Prensa Rural, así como Brigadas Internacionales de Paz, quienes prestaron su acompañamiento y se hicieron presentes en este municipio por convocatoria realizada por la Conap Nororiente.

La comisión tenía como objetivo realizar un acto de solidaridad y apoyo a las justas reclamaciones realizadas por campesinos y mineros de Segovia y Remedios, plasmadas en pliego petitorio siendo algunas de ellas: el reconocimiento de la propiedad privada, la reivindicación laboral, el reintegro de los 1600 trabajadores despedidos por la firma liquidadora, el compromiso y respeto por el medio ambiente.

El 4 de septiembre en las instalaciones de Sintramienergética se realizó una asamblea en donde se analizó la problemática que atraviesan los trabajadores y campesinos. De la misma manera, se hicieron públicas las denuncias de amedrentamiento a miembros del sindicato quienes días antes recibieron en sus celulares por medio de un mensaje de texto y correos electrónicos amenazas de muerte.

Seguido a este acto, se inició una marcha por las calles de Segovia, a la cual se sumaron los comerciantes, quienes cerraron sus establecimientos. Al finalizar el recorrido en las vías de acceso al municipio se hicieron barricadas, acto que se había divulgado con antelación. De esta manera se hizo un llamado de atención a la administración municipal para que diera soluciones prontas a la problemática.

Por medio de reuniones adelantadas con la Defensoría del Pueblo, el alcalde del municipio y demás entes gubernamentales, se decidió, luego de varios días de taponamiento, dar la vía de acceso al municipio. No obstante, se mantendría el paro cívico.

En el marco de estas negociaciones, el presidente de la directiva de Sintramienergética: Dairo Rúa se desplazó hacia Bogotá a exponer esta problemática en la Comisión Quinta del Senado. De igual forma mantuvo reuniones con el Viceministro de protección social y el Vicepresidente de la República.

Antecedentes

Año de 1979: el Estado colombiano permitió que una compañía extranjera, Frontino Gold Mines, pagara a trabajadores y jubilados las acreencias laborales con activos que en ese entonces por varias problemáticas tenían poco valor. Hoy día, el precio del oro se ha ido incrementado, es entonces cuando el gobierno quiere expropiar la empresa para entregársela a una multinacional, llamada Medoro Resources.

1979: la Frontino Gold Mines deja los activos en dación por acción de pago por acreencias a trabajadores y jubilados de la empresa quedando registrado en documento llamado acuerdo de New York, con acta protocolizada el 6 de agosto de 2003 en notaria publica de Medellín, dando nacimiento a las escrituras públicas.

El 3 de junio del 2004, el gobierno nacional, mediante acta firmada por la superintendencia de sociedades, el señor Rodolfo Daníes Lacouture en Segovia reconoce que estos son activos que fueron dejados a trabajadores y jubilados, ya que el patrono no existe y la empresa como tal tampoco, ya que fue liquidada en 1979. A pesar del reconocimiento por parte del estado, se decide por pretensiones políticas e intereses económicos decretar liquidación obligatoria, quedando en concordato preventivo hasta el año 2005 cuando la superintendencia de sociedades declara la liquidación total obligatoria. En la actualidad se encuentra dicho proceso en manos de Luis Fernando Alvarado Ortiz.

El ex presidente Álvaro Uribe Vélez, que en su momento se desempeñaba como mandatario, en consejo de seguridad del 7 de abril del 2008 se dirigió a los trabajadores manifestándoles que lo único que tenían que aceptar era un inversionista que pusiera capital y disciplina a la empresa, y que de este modo se podría seguir generando empleo a la población.

Así, en junio de 2009 se hizo llegar una propuesta de solución viable a la superintendencia de sociedades, consiguiéndose un inversionista, también extranjero, que está dispuesto a invertir hasta 250 millones de dólares en los activos para pagar pasivos especialmente pensiónales y ambientales, haciendo una restructuración técnico ambiental. La Samarium Group Corporation no compraría la empresa sino invertiría en una unión temporal entre 5 y 10 años.

Haciéndose caso omiso a la propuesta el gobierno, por intermedio del liquidador se firmó contrato de venta, entregándosele activos a la Medoro Resources, Zandor Capital y Gran Colombia Gold.

Los trabajadores afirman, con documentos que lo prueban, que la empresa, sus activos y el título minero fueron transferidos a trabajadores y jubilados, y exigen sean respetados sus derechos constitucionales.