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Viaje al epicentro de los proyectos hidroeléctricos del Huila
La mala energía del Quimbo
Alfredo Molano recorrió la región en la que se construirá un megaembalse que inundaría 8.800 hectáreas. Los proyectos sobre el Alto Magdalena son: Pericongo, Isnos, Chillurco, Oporapa, Guarapas, tres veces Betania. La polémica sobre los efectos sociales y ambientales de represar nuestro río madre dura ya varios años
Alfredo Molano Bravo / Jueves 2 de diciembre de 2010
 

La Protesta

Por:Guillermo Samboní, Diario del Huila

Volqueteros, parceleros, finqueros y habitantes de los municipios de Gigante, Garzón y El Agrado, realizaron ayer una marcha pacífica contra la construcción de la represa del Quimbo, y por incumplimiento de los acuerdos por parte la Multinacional Emgesa, propietaria del proyecto.

La manifestación que tuvo como escenario la antigua inspección de Río Loro, jurisdicción municipal de Gigante, originó el cierre la vía nacional en el tramo Garzón - Gigante, durante cuatro horas, originando un monumental trancón vehicular que afectó tanto al transporte de pasajeros intermunicipal como al transporte de carga, que en gran volumen transitaba por la vía a la hora de la protesta.

Aunque hubo presencia de la fuerza pública, no se presentaron incidentes violentos y en todo momento hubo un constante diálogo entre los organizadores de la protesta entre ellos la ONG Plataforma Sur y los mandos del Ejército y la Policía, que acudieron al lugar.

Según el profesor universitario, Míller Dussán, de Plataforma Sur en la protesta “anti-quimbo” participaron dos grupos: Un grupo que se opone rotundamente a la construcción del Quimbo, por los “graves efectos ambientales que la construcción de la hidroeléctrica causaría a la región” y in segundo grupo que participó en la protesta estaba integrado por el gremio de volqueteros, parceleros y dueños de las tierras a inundar, a los que Emgesa, no les ha cumplido lo pactado inicialmente en las mesas de negociación cuando arrancaron las negociaciones para la ejecución del proyecto.

La manifestación se levantó hacía cuatro y media de la tarde luego de la intermediación del senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, quien desde Bogotá, vía celular estaba al tanto de lo que ocurría en Río Loro.

“El senador Cepeda, logró contactarse con un alto funcionario de la Defensoría del Pueblo en Bogotá y se acordó una cita con la dirigencia del movimiento que defiende la ecología en nuestro departamento y se opone a la construcción de este proyecto hidroeléctrico y el Defensor Nacional del Pueblo para la próxima semana y bajo esa promesa y como nuestro ánimo no es alterar el orden público, hemos decidido levantar la protesta” manifestó Miller Dussán.



La mala energía del Quimbo
Por: Alfredo Molano

El investigador y sociólogo recorrió la región en la que se construirá un megaembalse que inundaría 8.800 hectáreas. Los proyectos sobre el Alto Magdalena son: Pericongo, Isnos, Chillurco, Oporapa, Guarapas, tres veces Betania. La polémica sobre los efectos sociales y ambientales de represar nuestro río madre dura varios años.

La tierra

El Huila, dicen los historiadores, quedó arruinado después de la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Los beligerantes arreaban el ganado, que era la única riqueza de la región, para alimentar y calzar a sus tropas. En el conflicto con el Perú (1932) el departamento aportó gran parte de los contingentes que fueron a pelear en las selvas pretendidas por la Casa Arana, que competía con ferocidad a los caucheros huilenses, tolimenses y caucanos. José Eustasio Rivera lo cuenta.

Por la misma época se inicia la siembra de arroz con riego en Campoalegre y Palermo. El algodón, el sorgo, el tabaco y otros cultivos comerciales vendrían después de la Violencia (1946-53), cuando gran parte de las tierras más planas y fértiles a orillas del río Magdalena habían sido concentradas en pocas manos.

Los campesinos fueron desalojados y expulsados hacia las cordilleras y hacia las selvas. La gran mayoría de colonos que abrieron el Caquetá y el piedemonte del Meta eran opitas. En estas regiones, donde los campesinos apenas sobrevivían, echaron raíces las Farc, fundadas a raíz del triunfo del gobierno de Valencia y Ruiz Novoa en Marquetalia (1964).
Cinco años antes, Fidel Castro se había tomado el poder y poco después proclamado el socialismo en Cuba. Kennedy fundó, para contrarrestar su influjo en América Latina, la Alianza para el Progreso, uno de cuyos programas más destacados fue la reforma agraria.

En Colombia la lucha contra el latifundio venía afianzándose desde el reconocimiento constitucional de la función social de la propiedad (1936), pero fue en los años sesenta cuando, amparados en la AID, un acuerdo entre algunos liberales y unos pocos conservadores permite sacar adelante la Ley 135 de 1981, que autorizó reformar la rígida estructura agraria.
Durante el gobierno de Lleras Restrepo (1966-1970) el campo vivió un notable revolcón más de expectativas que de realidades. El Incora titula tierras baldías en zonas alejadas, parcela rastrojeras empobrecidas de terratenientes a unos pocos campesinos, construye distritos de riego y organiza empresas comunales.

Los terratenientes y gamonales opusieron una tenaz resistencia que obligó al Gobierno a organizar el movimiento campesino en una poderosa asociación (ANUC), que pronto desborda el marco legal y se lanza a la invasión de haciendas.

En el Huila, donde el conflicto armado revestía gran fuerza, la reforma agraria fue particularmente tímida. El esfuerzo se orientó a la titulación de predios baldíos. No obstante, los campesinos sin tierra, muchos jornaleros en las grandes empresas arroceras, invadieron tierras que, por presión de los acontecimientos de orden público, terminaron siendo tituladas.

Al sur de Neiva y ribereñas del Magdalena, se organizaron ocho empresas comunitarias. Dos han sido muy nombradas: la de Escalereta, en el municipio de El Agrado, y la de Veracruz, en el municipio de Gigante. La primera fue resultado del tesón campesino y de la pobreza municipal.
Los jornaleros invadían, la Policía los encarcelaba y el Alcalde los soltaba porque no tenía con qué alimentarlos. Así muchas veces, hasta que los invasores se quedaron con la hacienda.

En Gigante —donde aún crece la ceiba plantada en 1853 cuando se decretó la abolición de la esclavitud en Colombia—, la falta de agua impedía que los cultivos de arroz, sorgo y maíz fueran rentables y el ganado lechero diera para el sustento.

La situación era tan crítica que los parceleros tuvieron que volver a jornalear. Hasta que un día un inversionista les propuso a los comuneros un negocio: tomar las tierras comunales en comodato durante 15 años a cambio de construir en ellas un distrito de riego.

Así fue. Los campesinos se volvieron primero peones en las obras de riego y luego en los cultivos beneficiados. Hace cinco años, los socios de la empresa comunitaria, ya viejos, pudieron gozar del logro de sus luchas y sacrificios. Después de cuarenta años, al menos sus hijos acariciaban el sueño de una tierra propia y fértil.

El agua

El sueño fue interrumpido una tarde cuando llegaron unos empleados uniformados a informarles que esas tierras irían a ser inundadas para construir la represa del Quimbo.

Los campesinos más viejos recordaban que desde los años cuarenta se oía hablar de la obra que finalmente confundieron con la hidroeléctrica de Betania, aguas abajo de la desembocadura del torrentoso río Páez en el Magdalena, contratada por Misael Pastrana, inaugurada por Virgilio Barco y privatizada por Gaviria.

Fue la más gigantesca y controvertida obra de generación eléctrica construida en el país: 7.400 hectáreas inundadas, a lo largo de 53 kilómetros que almacenan 2.000 millones de metros cúbicos de agua para producir 540 megavatios, el 8% de la demanda del país.

La polémica sobre los efectos sociales y ambientales de represar nuestro río madre duró varios años. Los años que duró la construcción de la obra y los años en que los sedimentos fueron reduciendo el volumen de agua y la generación de electricidad, efectos debidos a la deforestación de la cuenca del Alto Magdalena y en particular a las cargas de barro y arena arrastradas por el río Páez desde el nevado del Huila.

La empresa hispano-chilena Emgesa compró en 1991 la hidroeléctrica de Betania. Tanto el gobierno como la compañía eran conscientes de la acelerada sedimentación del lecho y por eso tenían prevista la construcción del Quimbo, así como ahora tienen proyectadas otras hidroeléctricas aguas arriba en la medida en que las de abajo vayan disminuyendo la generación de energía por idéntico fenómeno.

Los proyectos, todos sobre el Alto Magdalena, son: Pericongo, Isnos, Chillurco, Oporapa, Guarapas, con una potencia calculada en 1.424 megavatios: tres veces Betania. Y como una cosa lleva a la otra, tal como la propiedad de Betania lleva a la construcción y propiedad del Quimbo, Emgesa va por todo: la cuenca alta del río Magdalena.

Abriendo el zoom y mirando lejos, nuestro río madre, eje de nuestra civilización, quedará represado arriba, envenenado en el medio por todas las aguas negras que le botan pueblos y ciudades, y destruidas sus ciénagas y humedales en el bajo Magdalena al ritmo de la codicia terrateniente.

La obra

El proyecto de la hidroeléctrica del Quimbo fue negociado por el gobierno de Uribe en bolsa, enmarcado por el Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario, cuyas bases son la confianza inversionista y la seguridad democrática.

La obra es la primera que se vende bajo el esquema de subasta por cargo de confiabilidad, que significa que a Emgesa se le garantiza “un ingreso fijo independiente de su participación diaria en el mercado mayorista asignado por un período de 20 años, reduciendo así el riesgo de su inversión”, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En plata blanca: pura ganancia para la empresa.

La construcción de la obra está calculada en 700 millones de dólares y tendrá capacidad para generar 400 megavatios, el 5% de la demanda eléctrica del país, cifra que representará para la fecha de su inauguración, en 2014, exactamente el excedente de electricidad que el Sistema Eléctrico Nacional estará produciendo cuando entren en servicio las hidroeléctricas de Pescadero, Porce IV, Hidrosogamoso, Cucuana en el Tolima, Urrá II.
La venta del futuro Quimbo fue hecha en junio de 2008 y la opinión pública del Huila la fue conociendo poco a poco, casi de una manera secreta. La razón es simple: la hidroeléctrica tendría la exclusiva función de producir energía para la exportación a Ecuador, Centroamérica —Plan Puebla-Panamá— y el Caribe —Santo Domingo y Puerto Rico.

El embalse tendría una longitud de 28 kilómetros e inundaría 8.800 hectáreas: 5.300 están en producción y 2.000 de ellas son tierras de antiguos parceleros del Incora.

La controversia

El sitio de presa sería construido a kilómetro y medio arriba de la cola de Betania, municipio de Gigante y su propia cola estaría en límites con La Jagua y afectaría también a Garzón y El Agrado. La escala del proyecto y sus contradictorios efectos han desatado una aguda controversia en la región.

Para el Gobierno y para Emgesa (la firma constructora) es un proyecto que cumple todas las de la ley y blinda al país contra nuevos apagones; para la bancada parlamentaria del departamento, la obra suprimiría 25.000 empleos, afectaría a más de 500 familias de pequeños campesinos y destruiría el alcantarillado de todas las cabeceras municipales rivereñas.

El origen de la obra, su naturaleza y el ejemplo de los daños causados —y nunca reparados— por Betania, han creado un movimiento de protesta acompañado por Plataforma Sur, una red de organizaciones sociales de la región, que ha convocado foros, mesas de discusión y concertación, y participado en las discusiones convocadas por el Congreso y por el Gobierno.

La iniciación de las obras de construcción depende de la licencia ambiental y ella en buena medida del estudio de impacto ambiental que el Gobierno contrató con Emgesa. Aunque legal, según la Ley 56, el procedimiento hace a la empresa juez y, al mismo tiempo, parte interesada.

Tanto la investigación de los impactos como el trámite de la licencia tienen plazos perentorios determinados por los compromisos financieros que Emgesa ha adquirido con la banca internacional. Segura de que el Gobierno aprobaría la licencia, la empresa inicio obras en el sitio donde en 1997, Ingetec, que hacía estudios de factibilidad, abrió un subterráneo que facilitaba tanto las pesquisas geológicas como la construcción del futuro túnel de desvío de aguas del Magdalena. La noticia circuló rápidamente y los críticos de la obra lograron fundamentar las irregularidades.

El 11 de febrero, un día antes de la audiencia pública realizada en Gigante y con asistencia de 1.500 ciudadanos, de los que el 80% estuvo en desacuerdo con el proyecto, el ministerio de Medio Ambiente dictó pliego de cargos contra Emgesa por haber iniciado obras sin licencia ambiental. Emgesa se defendió alegando que la ampliación del túnel no equivalía a la iniciación de la obras sino a nuevos estudios de factibilidad. Las garantías a los inversionistas suelen ir muy lejos.

Los efectos

Toda obra de magnitud como la proyectada en el Quimbo tiene efectos directos y colaterales, positivos y negativos. En un lado de la balanza están los contratistas, por lo general grandes compañías nacionales e internacionales que cuentan con un equipo profesional regular y contratan sólo mano de obra no calificada.

Emgesa habla de 3.000 puestos de trabajo que supuestamente benefician al departamento, pero no asegura que sean obreros de la región. El Gobierno hace la segunda voz y alega que el Sena prepararía a cientos de trabajadores. Por supuesto que estas contrataciones implican un sustancial aumento de la demanda de alimentos, vivienda que benefician al comercio local, pero también demandas de salud, educación y servicios que comprometen los presupuestos públicos.

Los políticos, aunque critican la obra, están ya pidiendo hojas de vida para llenar los cupos que el proyecto necesite. Ellos son contratistas o controlan los contratos de los contratistas en su propio beneficio económico y electoral. Por eso la oposición que hacen a la obra es un mecanismo para negociar su injerencia y acrecentar su poder local.

El segundo gran problema social del Quimbo es el desalojo de 380 familias campesinas, la compra de predios a grandes propietarios y la reubicación de 800 familias que residen hoy en la futura zona de inundación. A los grandes propietarios se les comprará a buen precio sus tierras, como es normal; ellos suelen ser también políticos o gente pudiente a nivel departamental o nacional. Son sólo siete hacendados. A los pobladores que residen y son afectados, la empresa les ha ofrecido la construcción compensatoria de barrios satélites. A los campesinos les está ofreciendo compra de predios y reubicación.

El Gobierno prevé una gran agitación social y una protesta de carácter político, para lo cual prepara la construcción de cuarteles de Policía —especialmente para el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)— y la instalación de una base del Ejército en La Jagua, que el Gobernador del departamento pidió ser financiada por la empresa.

El ex-presidente Uribe anunció en uno de sus famosos Consejos Comunales que “el Quimbo va porque va”. Estas medidas y declaraciones tienen un efecto natural y calculado: debilitar el poder de negociación de las comunidades afectadas que puede traducirse en el síndrome del ahogado: mejor echarle mano al sombrero.

Dentro del mismo paquete de garantías al inversionista está la declaración de utilidad pública del área, que le permite a Emgesa solicitar la expropiación por vía administrativa a propietarios que no se avengan a una negociación de predios donde en el mejor de los casos los afectados sólo cuentan con un único voto a su favor, pues los otros dos son de Emgesa y del Gobierno.

Para poner un ejemplo sobre la diferencia que separa las partes: el valor de la producción de la zona a inundar es avaluado por la empresa en 16.000 millones anuales, un ex director de la Corporación Regional del Alto Magdalena, Eduardo Patarroyo, lo calcula en 30.000 millones y Plataforma Sur en 50.000.

Uno de los temas más delicados es el ambiental. Plataforma Sur y un numeroso y documentado grupo de entendidos han denunciado dos grandes efectos negativos: la destrucción de un bosque ripario que hoy abarca unas 800 hectáreas y la obstrucción de los alcantarillados locales, puesto que el peso de la inundación impediría la salida de las aguas negras al vaso.

El bosque ripario busca ser compensado con dinero o con la siembra de árboles en un parque o de flores en antejardines. Respecto al problema de las aguas negras, la empresa aconseja la construcción de plantas de tratamiento, a pesar de saber, porque es su negocio, que esta solución eleva el costo del servicio en más del 20%.

Los efectos sobre la vida y los flujos de los peces no han sido discutidos. El ex-presidente Uribe habló de hacer jaulas para mojarra o tilapia o cachama como se hace en Betania. La empresa balbucea, pero alega que el proyecto es unipropósito y, por tanto, de paso proclama que la energía producida no se venderá en la región y menos a precios subsidiados; agrega que si los municipios quieren ser parte del negocio le compren acciones en la Empresa de Energía de Bogotá, socia de Emgesa.

Tampoco la propietaria del proyecto quiere saber nada del turismo ni de la piscicultura, los caramelos con que Uribe engatusó a los gamonales municipales. En realidad, turismo y piscicultura serán imposibles no sólo porque el exclusivo propósito del embalse es la producción de electricidad, sino porque la cota de inundación variará en 70 metros, lo que haría insostenible cualquier entable.

Exportar energía, ¿a qué costo?

En pocas palabras, la represa del Quimbo cumple dos funciones principales, salvar a Betania que tiene rendimientos decrecientes y exportar energía eléctrica. El negocio está hecho y las modificaciones a favor de la población local o del entorno ambiental, fuera de las previstas y calculadas a favor de los beneficios de EMGESA, son nulas. Negocio es negocio.

Los efectos negativos son cada vez más claros para la gente de la región y poco a poco, como se está viendo, las protestas son más críticas, públicas y masivas. La empresa y el gobierno replican con una batería de argumentos que la experiencia de Betania tiende a invalidar.

Tratan de pagar a bajos precios los daños, imponen las cifras y buscan dividir a las comunidades, uno de los efectos colaterales mas graves e injustos. Frente a la protesta que el gran negocio del Quimbo puede desatar, el gobierno elabora una brutal estrategia basada en la fuerza o en la amenaza de ejercerla si la población no se somete a las condiciones de rentabilidad determinadas por EMGESA.