Fue detenida en Madrid y posteriormente puesta en libertad la defensora de derechos humanos Leyla Yolima O. M., refugiada política en el Estado español. La detención obedecía a la orden de extradición cursada por el Gobierno colombiano que la acusa de colaborar con las FARC. Diversas organizaciones acusan al presidente colombiano de continuar con la política de persecución a militantes sociales, hechos que ya fueron denunciados por la Fiscalía de Colombia.

Leyla Yolima O. M., refugiada política colombiana, fue detenida el martes 15 de febrero, a la salida de su domicilio en Madrid por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. El motivo de esta detención y registro tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, fue la orden de extradición que ha cursado el Gobierno colombiano sobre ella en el “Proceso de FARC Política” que se está desarrollando en Colombia desde finales del año pasado y no por la “Operación Cali” como han publicado varios medios.

Pasadas treinta horas de la detención, Leyla fue puesta en libertad provisional sin fianza por el juez Santiago Pedraz del Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional aunque tendrá que estar localizable siempre que sea preciso y no podrá salir del país sin previa autorización judicial.

La detenida fue acusada de una posible vinculación con la guerrilla colombiana de las FARC, hecho dementido por sus abogados, Mauricio Valiente y Enrique Santiago. Estos letrados han destacado que su defendida es una perseguida política en su país por su compromiso con los derechos humanos.

Leyla, de 39 años, lleva una década viviendo en el Estado español y se le reconoció el derecho de asilo en el 2003 lo que hace improbable que el Gobierno colombiano consiga su repatriación.

Mientras tanto, la Plataforma "No a la extradición de Leyla" ya ha difundido un comunicado en el que más de 100 organizaciones y diversas personas vinculadas con la defensa de los derechos humanos reclaman la inocencia de Ley.

Según denuncia la plataforma de apoyo a Leyla, esta persecución y la posterior detención carente de pruebas forma parte de la campaña de desprestigio que inició el Gobierno de Álvaro Uribe contra los defensores de derechos humanos en Colombia y en el exterior. Argumentan que la detención forma parte de las actuaciones de los servicios secretos colombianos (DAS) denunciadas desde la Fiscalía del Estado colombiano.

La plataforma solicita también que Leyla mantenga su status de refugida para no engrosar la lista de los 7.500 presos y presas políticos que hay en las cárceles de Colombia.