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Revocar la destitución del general Álvaro Velandia es abrir otro camino hacia la impunidad
 

La Coordinación Colombia – Europa Estados
Unidos (CCEEU), red de 230 organizaciones
sociales y de DDHH, expresa su preocupación por la decisión de revocar la destitución del general Álvaro
Velandia tomada recientemente por una sala de conjueces del Consejo de Estado, decisión que podría tener la grave
consecuencia de permitir su reintegro a las Fuerzas Armadas.
La CCEEU considera, en primer lugar, que el general Velandia no puede ser reintegrado a su cargo porque fue
responsable directo de, al menos, dos actos criminales: la desaparición forzada y el asesinato de Nydia Érika
Bautista en 1987, tal como quedó probado en 1995 en el proceso disciplinario ante la Procuraduría. Esta decisión
fue posteriormente confirmada por la Sala Plena del Consejo de Estado con participación de 27 magistrados en
2008.

Una decisión judicial de este tipo no hace otra cosa que abrir un nuevo camino hacia la impunidad en
Colombia, donde los crímenes de Estado permanecen sin sanción en la mayoría de los casos. Las pocas decisiones
que han contribuido en parte a la verdad, justicia y reparación, como la sanción disciplinaria y destitución del
general Velandia en el caso de Nydia Érika Bautista, no pueden en ningún caso ser revocadas por una instancia de
menor rango, y menos por medio de una actuación sospechosa y sin fundamento. Este fallo vulnera los
compromisos del Estado colombiano en materia de derechos humanos, contradice la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y de diferentes instancias internacionales de protección a los derechos humanos y desprestigia a los
órganos de justicia. Más aún, la Fiscalía está en mora de reabrir, con base en el fallo de la sala plena del Consejo de
Estado, la investigación penal que permita el juzgamiento del general Velandia por estos crímenes de lesa
humanidad.

La CCEEU coincide con el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, en su valoración de que la
sentencia de la Sala Plena, que ahora se pretende desconocer, fue proferida válidamente dentro de un proceso
judicial previsto por el ordenamiento jurídico, con pleno respeto del derecho al debido proceso. Por lo tanto, es
evidente que los conjueces tomaron su decisión sin argumentos jurídicos suficientes y alegando una supuesta
violación de derechos de quien fue, paradójicamente, el máximo responsable de uno de los principales centros de
violación de derechos humanos en Colombia, el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia Charry
Solano (también conocido como Brigada XX), autor de la tortura, desaparición forzada y asesinato de Nidia Erika
Bautista y de muchas otras personas, razón por la cual, y atendiendo insistentes recomendaciones internacionales,
fue suprimido en 1997 por el Gobierno colombiano.

COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA
ESTADOS
UNIDOS

Mesa Ejecutiva: Claudia Erazo (311 848 47 11), Marta Burbano (315 525 04 60), Ana María Rodríguez (4176 621
48 32) o Gustavo Gallón (7449333).