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Amenazan a familia y abogados de las víctimas del caso de los niños de Tame
Humanidad Vigente / Viernes 25 de marzo de 2011
 

El señor José Álvaro Torres recibió una llamada al celular de su hija mayor donde le advertían que tenía que salir de Saravena si no quería que le mataran otro hijo. El día anterior, los abogados de Humanidad Vigente, recibieron llamadas intimidatorias.

El jueves 24 de marzo en horas de la mañana, entró una llamada al celular de la hija mayor del señor José Álvaro. Una voz masculina preguntó quién contestaba y luego sentenció: "ah usted es la hija del perro hijueputa, dígale que ya le dimos por donde más le duele y que vamos seguir dándole, no descansaremos hasta matarle otro hijo, tienen que largarse de Saravena, sabemos donde están viviendo". Don Alvaro y su familia están refugiados temporalmente en el edificio de las organizaciones sociales de Arauca.

A esta amenaza, se suman las llamadas intimidatorias dirigidas a integrantes de Humanidad Vigente el día 22 de marzo. El mismo día en que fue asesinada la Juez que llevaba el caso, doctora Gloria Constanza Gaona, en Saravena Arauca, una integrante de la organización recibió dos llamadas al teléfono de su casa, donde se ordenaba "llevar dos tintos a la oficina de Olga" y 30 minutos después, la misma voz de mujer llamó a ordenar "tres tintos para la oficina de Lucho".

Olga Silva, abogada titular representante de la víctimas del caso de los niños de Tame, y Luis Alfonso Ruiz, director de Humanidad Vigente, presentaron ante la Fiscalía una denuncia penal formal ante estos hechos intimidatorios que coinciden con el asesinato de la Jueza, con las amenazas a la familia de las víctimas y con los hechos sucedidos semanas anteriores contra potenciales testigos de la comunidad como la judicialización del líder comunal José Toroca, quién desde octubre de 2010 ha participado activamente en la denuncia de lo sucedido con las niñas víctimas de violación y el homicidio de una de ellas junto a sus hermanitos.

Humanidad Vigente expresa su preocupación ante las versiones oficiales que señalan como móviles del asesinato de la Jueza Gaona los casos de narcotráfico y terrorismo que se adelantaban en su despacho, estas declaraciones dadas por diferentes autoridades pueden distraer y confundir a la opinión pública. De otro lado, se percibe como contradictorio que las autoridades militares y de policía aseguren que la Jueza llevaba complicados casos contra miembros de las Farc y Eln y a su vez no estuvieran brindado la seguridad y protección correspondiente.

Ante la situación de riesgo en la que se encuentra la familia Torres, exhortamos al Ministerio del Interior, Procuraduría, Fiscalía y Defensoría a tomar con urgencia las medidas de protección necesarias.

Así mismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional, organizaciones defensoras de derechos humanos, derechos de las mujeres y derechos de los niños, medios de comunicación y opinión pública para que manifiesten su repudio y rechazo contra el asesinato de la valiente jueza Gloria Constanza Gaona y la persecución e intimidación contra la familia y los abogados de las víctimas de este atroz delito en el que fueron violentados todos los derechos de niñas y niños campesinos de nuestro país.

En Arauca no hay garantías judiciales

Desde el mes de noviembre de 2010, Humanidad Vigente, solicitó a través de la Fiscalía 51 de Derechos Humanos, el cambio de radicación del proceso a la ciudad de Bogotá, por considerar que no existían garantías para realizar una debida representación de las víctimas. Este llamado fue negado porque en opinión de la Fiscalía, no se configuraban las causales establecidas por la Ley para decidir positivamente esta solicitud. No obstante, el fue asesinada la Jueza Gloria Constanza Gaona. Así mismo, hoy estamos denunciando las amenazas en contra de la vida e integridad de las víctimas: Don Álvaro Torres y sus hijos sobrevivientes.

Humanidad Vigente, como representante de las víctimas, solicita al Consejo Superior de la Judicatura designar un Juez de Descongestión que adelante este proceso desde Bogotá para evitar actuaciones que entorpezcan el normal desarrollo de la administración de justicia y garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral.

En este proceso se observan preocupantes mecanismos de impunidad que Naciones Unidas ha señalado como recurrentes en investigaciones sobre casos de violación a los derechos humanos. El año pasado, la comunidad denunció presiones por parte del Ejército Nacional, el 14 de marzo de 2011 se judicializó a uno de los líderes comunales más activos en la denuncia y rechazo de este crimen. De igual manera, la defensa ha obrado con maniobras dilatorias buscando la libertad del Subteniente Raúl Muñoz Linares por vencimiento de términos.

Humanidad Vigente hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que intervenga como defensor de los intereses de la sociedad de manera contundente y oportuna, ya que a la fecha, tras 5 meses de iniciado el proceso, y a pesar de existir agencia especial para este proceso, no ha tenido actuación alguna que defienda los intereses de la sociedad.

Finalmente, se extiende una respetuosa solicitud a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y a la Delegación de la Unión Europea para que conforme a sus mandatos desarrollen acciones de observación y garantías de los derechos de las víctimas de este caso.