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Resumen de noticias sobre el conflicto armado y la construcción de paz
Boletín Colombia: 25 de febrero a 24 de marzo de 2011
La ONU en su informe sobre Derechos Humanos 2010 hace duros cuestionamientos a las Fuerzas Militares de Colombia por el asesinato de civiles a manos de sus miembros, al tiempo que advierte serios “retrocesos” en la colaboración con la justicia civil en la investigación de graves casos de “ejecuciones extrajudiciales”
 

La guerrilla del ELN reclama una salida política al conflicto armado interno colombiano y advierte que la paz solo será posible si se busca de manera colectiva. El ELN señala que dialogar “no es entregar las armas” como lo pide el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, sino buscar salidas en conjunto a los problemas que afronta el país. Asegura además que dialogar tampoco puede significar dejar de ser una organización revolucionaria en la búsqueda de las transformaciones que demanda el pueblo. Insiste en que el fin de la confrontación militar que ha padecido Colombia, por mas de cuatro décadas “está en la superación de las causas que la originaron: el hambre, la miseria, la desigualdad y la exclusión política”. El ELN aseguró que la paz es un derecho de los pueblos y que entre mas se empeñe el Estado en negarlo, “mas urgente es la búsqueda de la solución política al conflicto interno”. La organización insurgente se refería al anuncio que hizo el presidente semanas atrás, según el cual los diálogos con la insurgencia están cerrados y nadie está autorizado para buscar un acercamiento de paz. Para el ELN esta postura del Ejecutivo es una demostración de que el Gobierno no tiene voluntad, ni política de paz para el país, sino de guerra. El presidente Santos ha condicionado un diálogo con la insurgencia a gestos unilaterales de paz de su parte, como la suspensión de acciones contra la población civil, incluido el cese del secuestro como arma de guerra. Entretanto, el Gobierno decidió retirar el título de gestor de Paz a alias “Olivo Saldaña” y además comenzó a evaluar que tantos aportes han hecho los otros tres gestores: alias “Karina”, alias “Samir” y Yezid Arteta. El retiro de “Saldaña” no solo se dio por su participación en los montajes de falsas desmovilizaciones, por las cuales ha sido llamado a declarar el ex Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, a dos generales y dos coroneles, sino por sus actuaciones como testigo en contra de políticos señalados de haber tenido nexos con las FARC, testimonios que han sido desvirtuados por ser carentes de veracidad, y por los pobres resultados en su labor como Gestor de Paz. Por su parte y desde España, Yezid Arteta cuestionó el comportamiento de “Saldaña” y dijo que “falsear o distorsionar la realidad no res la vía apropiada para edificar un proceso de paz”, al tiempo que señaló que este personaje fue una “creación peligrosa que luego sus gestores no pudieron conjurar”. Arteta aseguró que la figura de Gestor de Paz es útil siempre y cuando se la oriente hacia una estrategia de paz y no como un instrumento de guerra. Puntualizó que figuras similares existen en países donde hubo conflictos, pero que a diferencia de Colombia, en aquellos lugares los gestores o promotores de paz tienen la misión de propiciar escenarios de reconciliación. “No es el caso de Olivo Saldaña a quien lo han instrumentalizado para ahondar heridas y propiciar el odio”. Arteta quien luego de purgar una pena de mas de diez años de prisión se ha radicado en España donde realiza actividades de formación académica y promueve actividades relacionadas con la creación de escenarios para la solución política del conflicto, pidió al presidente Juan Manuel Santos que estudie la posibilidad de otorgarle un indulto, que facilite su plena incorporación a la sociedad, “puesto que la lucha armada es un capítulo completamente superado en mi vida”. Notimex, El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, El Colombiano, El Nuevo Siglo, CMI – Tv, 25/02/11 – 24/03/11

Los ministros del Interior, Germán Vargas Lleras, y de Defensa, Rodrigo Rivera, reconocieron que las bandas criminales (BACRIM) resultantes del proceso de desarme de los grupos paramilitares, son una de las mayores preocupaciones del Gobierno y que bajo ninguna circunstancia se les reconocerá estatus político ni se negociará con ellas; por el contrario serán combatidas con toda la determinación. En un debate de control político en la Cámara de Representantes, el parlamentario Guillermo Rivera aseguró que mas de 1.300 miembros de la Fuerza Pública están involucrados con dichas bandas y están investigados, el ministro de Defensa manifestó que se ha avanzado en la separación de aquellos de quienes se sospecha que tienen “vínculos extraños”; y agregó que existían mas de 30 estructuras hace unos meses, pero que con la acción del Estado han sido reducidas a solo siete, que afectan a 149 municipios en 19 subregiones del país. El Representante Iván Cepeda dijo que el ministro de Defensa minimiza la situación y se equivoca en el diagnóstico al considerarlas como organizaciones aisladas, que no corresponden a estructuras con mando, dominio territorial y ejércitos particulares.. Por su lado el ministro Vargas Lleras dijo que coincide con quienes opinan que las BACRIM no son organizaciones ideológicas y que están constituidas por “elementos venidos del paramilitarismo, son paramilitares, pero también hay miembros de las guerrillas principalmente de las FARC, y delincuentes comunes de todas las pelambres”. El ministro Vargas aceptó que las BACRIM coinciden con el paramilitarismo en sus modos de operación, pero todas, “absolutamente todas, tienen un común denominador; el narcotráfico en todas sus modalidades”. Entretanto la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales, afirmó que “si las BACRIM no se combaten a tiempo y de manera acertada, se corre el riesgo de vivir una violencia peor a la generada por las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes”. La Fiscal reveló que en la actualidad se adelantan más de 1.000 investigaciones relacionadas con BARCRIM. Finalmente, el parlamentario Guillermo Rivera afirmó que las BACRIM son una herencia del Gobierno de Álvaro Uribe y resultado de un proceso de desmovilización de grupos paramilitares que no fue transparente y de una ley de Justicia y Paz ineficaz. Según Rivera desde el año 2008 se han realizado 319 investigaciones que involucran a 888 miembros de la Policía, de los cuales 287 fueron retirados y denunciados penalmente por sus nexos con las BARCRIM. Sostiene, además, que 350 miembros del Ejército han sido retirados por hechos similares y siete miembros de la Armada Nacional han sido capturados. “Un mayor del Ejército, que era jefe del Gaula en Montería fue capturado, sindicado de falsos positivos y de trabajar para la BACRIM de “Los Paisas”. Según el parlamentario Rivera, quien aseguró tener datos oficiales, hay por lo menos una docena de fiscales investigados en todo el país y hay mas de 1.300 denuncias contra jueces y fiscales por su cooperación con las BACRIM. Semana, El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, Vanguardia Liberal, Voz, CMI, 25/02/11 – 24/03/11

La ONU en su informe sobre Derechos Humanos 2010 hace duros cuestionamientos a las Fuerzas Militares de Colombia por el asesinato de civiles a manos de sus miembros, al tiempo que advierte serios “retrocesos” en la colaboración con la justicia civil en la investigación de graves casos de “ejecuciones extrajudiciales”. El documento sobre Colombia, elaborado por la Oficina del delegado Christian Salazar, destaca que en 2010 hubo una drástica disminución de las muertes en falsos combates, o mas conocidos como falsos positivos, frente a años anteriores, pero denuncia tres nuevos casos, uno de ellos cometido en el 2011, que serían los primeros en registrarse después de la purga de 27 militares, tras los asesinatos de civiles en Ocaña y Soacha para presentarlos como “guerrilleros abatidos en combate”. La ONU emplaza al Gobierno y al Estado a que se apliquen sanciones ejemplares a quienes violen los derechos humanos y a superar la impunidad y las trabas para que opere la justicia. Por su parte el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, dijo que la estructura y el desempeño de los funcionarios de la justicia militar están siendo sometidos a una revisión, para su cabal funcionamiento. En el mismo informe, presentado en Ginebra, la ONU se registra un preocupante aumento de la violencia generada por grupos paramilitares, a los que se atribuyen homicidios, amenazas, extorsiones y actos de violencia sexual, que provocaron desplazamientos forzados individuales y colectivos y un fuerte aumento de masacres (40%) en el contexto de disputas violentas entre grupos y entre fracciones de un mismo grupo. El informe asegura que “estos grupos cuentan en ocasiones con la aquiescencia, tolerancia e incluso connivencia, ya sea por corrupción o amenazas, de algunos miembros de la fuerza pública, incluida la Policía Nacional”. Por su parte la embajadora de Colombia en Ginebra, Alicia Arango, anterior Secretaria Privada del presidente Álvaro Uribe Vélez, controvirtió el informe y dijo que “las cifras de la violencia no están aumentando, están disminuyendo drásticamente. Finalmente, el delegado de ONU, Christian Salazar, pidió al Estado colombiano ratificar la adhesión a la Convención de desaparición Forzada, habida cuenta la más absoluta impunidad frente a este tipo de delito, tipificado como tal en el Código Penal colombiano desde el año 2002. La ratificación de la Convención de Desaparición Forzada permitiría a las víctimas colombianas acudir directamente ante la ONU, en Ginebra, para traer sus casos, a fin de obtener pronta y justa justicia. Enfatizó que es importante que el Estado y el Congreso, en particular, abran todos los canales para que las víctimas de desaparición forzada puedan reclamar justicia. De acuerdo con un informe del Instituto de Medicina Legal de Colombia, publicado en mayo de 2010, en Colombia se registraron 38.255 personas desaparecidas entre el 2007 y 2010. Por su lado, Marcos Romero, presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en Colombia (CODHES), en la fecha de la presentación de dicho informe aseguro que “ya superamos el nivel de desapariciones de Argentina (durante la dictadura militar de 1976 – 1983) que estuvo cerca de las 30.000 personas desaparecidas y esto puede pasar de unos 100.000 en las últimas décadas en el conflicto colombiano”. El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, CMI - Tv, Telesur – Tv, 25/02/11 – 24/03/11

Finalmente, honda consternación ha causado el asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona Rodríguez, a manos de un sicario en la población de Saravena – Arauca, quien llevaba la investigación del caso de los niños violados y asesinados por militares en la población de Tame. El caso que llevaba la jueza había conmocionado al país y sobre el que hubo un amplio despliegue mediático, últimamente estaba siendo entorpecido por amenazas y presiones sobre testigos y vecinos de las víctimas, que luego del crimen de la jueza se incrementaron contra la familia de los niños violados y asesinados, quienes fueron conminados a abandonar la región so pena de muerte, obligando al Gobierno a brindar protección a los amenazados. Entretanto, tres líderes sociales reclamantes de tierras usurpadas por narcoparamilitares fueron asesinadas en las últimas 24 horas. Los asesinados fueron David Góez Rodríguez asesinado en Medellín, Bernardo Ríos Londoño, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, asesinado en Apartadó, y Ever Verbel Rocha, asesinado en San Onofre – Sucre. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE, asegura que las muertes de estos líderes sociales obedecen a un patrón de exterminio sistemático, toda vez que los asesinatos han estado precedido de amenazas contra ellos y sus familias, sin que de parte de las autoridades se interpongan acciones de protección adecuadas. Desde enero de 2010 a la fecha ya han sido asesinados 12 líderes sociales reclamantes de tierras. CMI – Tv, El Espectador, El Tiempo, Caracol – Radio, VOZ, Vanguardia Liberal, El Pilón – Valledupar, 25/02/11 – 24/03/11