Los correos y todo material de prueba hallado en el computador recuperado del campamento donde cayó el número dos de las Farc, ‘Raúl Reyes’, fueron obtenidos de manera ilícita, según lo concluyó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Fue ese el principal argumento utilizado por los magistrados para archivar la actuación que adelantaban contra el exrepresentante a la Cámara del Polo Democrático Wilson Borja, denunciado por mantener supuestos nexos con esa guerrilla.

Para el alto tribunal, todo el material probatorio recuperado por los agentes de la fuerza pública que hicieron parte del operativo militar carece de sustento jurídico a la hora de iniciar actuaciones penales bajo la jurisdicción nacional, toda vez que no se siguieron principios legales de procedimiento.

De los supuestos correos que se descubrían en el computador y los discos duros que aparentemente pertenecían a Edgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’ se derivaron las denuncias respecto a los presuntos nexos que mantenían líderes políticos de izquierda, periodista e intelectuales con las Farc, algunos de los cuales concluyeron en sanciones.

Los archivos magnéticos, incluso, habían sido pieza clave de la destitución e inhabilidad que por 18 años fue dictada en contra de la exsenadora Piedad Córdoba, a manos de la Procuraduría General de la Nación, que concluyó que sus contactos con Reyes no iban encaminados a la constitución de un acuerdo humanitario, sino que demostraban un vínculo político ente la dirigente y los rebeldes.

De hecho, la misma Corte ya había archivado los procesos previos que, por Farcpolítica, enfrentaban los dirigentes del Polo Gloria Inés Ramírez y Jorge Enrique Robledo, además del liberal Luis Fernando Velasco.