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Desobediencia civil en la Picota
Denuncian condiciones degradantes para los presos
 

Los internos del Establecimiento Reclusorio de Orden Nacional e Internacional (ERON) – denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional las graves violaciones a nuestra dignidad humana, garantías constitucionales y derechos humanos universalmente reconocidos.

El ERON- Bogotá que se ha presentado, con bombos y platillos como la solución al problema de hacinamiento en las cárceles del país, constituye una clara demostración de la incapacidad del Estado Colombiano, en cabeza del Ministerio del Interior y Justicia, y del Instituto Nacional penitenciario y carcelario (INPEC) de formular una verdadera política carcelaria sustentada en el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales de los internos.

Proyectada para albergar cerca de 4000 presos, las instalaciones del ERON- Bogotá no cumple con las normas mínimas consagradas por los protocolos internacionales para el tratamiento de las personas privadas de la libertad. Para empezar, apenas contamos con veinte cubículos donde todos los internos del penal debemos atender a nuestras visitas conyugales, a las cuales tenemos derecho sólo una vez por mes, y por un lapso de una hora.

Las celdas y dormitorios diseñados para cuatro internos es un espacio de 3m x 3m, cuenta con un lavabo y sanitario, donde se nos obliga a hacer nuestras necesidades fisiológicas a la vista pública, violando el derecho institucional a la intimidad; mientras que por patio se dispone de ocho duchas comunales para una población de 220 internos. La luz solar jamás entra al penal y las condiciones de iluminación y aireación son precarias; y no obstante las bajas temperaturas del penal, no se nos ha dotado de cobijas pero tampoco se autoriza su ingreso.

No existe una debida clasificación de los internos ni por delito, ni por fase de tratamiento, presentándose la arbitrariedad de que personas sindicadas o en fase mínima y mediana seguridad seamos tratados como prisioneros de alto perfil de seguridad. Para los desplazamientos dentro del penal, trátese de visitas, entrevistas con abogados u otro tipo de diligencia se nos esposa. Situación que contrasta con la ausencia de cámaras dentro de los pasillos y patios, facilitando la realización de actos ilícitos por parte de las autoridades penitenciarias.

El trabajo, estudio o enseñanza como mecanismo de redención de penas no está regularizado, y si a esto sumamos la ausencia de actividades recreativas (sean lúdicas, deportivas o culturales), resulta que el pretendido “fin resocializador” del establecimiento carcelario es una quimera pues en ningún momento se ofrecen acciones protectoras que prevengan o minimicen los efectos del proceso de prisionalización.

Los servicios de sanidad y salud no se están presentando porque no existe todavía personal para atender esta necesidad vital, por lo que estamos expuestos a riesgos de enfermedades y epidemias que en el corto plazo puede convertirse en una verdadera emergencia sanitaria.

La provisión alimentaria esta a cargo de una empresa privada, pero no conocemos los términos del contrato. No existe una auditoria por parte de los funcionarios del INPEC, lo que se refleja en un servicio hecho a deshoras, con comidas frías cuya calidad y cantidad es deficiente y no reúne los nutrientes que exige una dieta balanceada.

De estas situaciones aquí enunciadas queda claro, que el ERON- Bogotá, no solo no cumple con las garantías mínimas humanas para albergar a los internos sino que existe un afán desmedido de los organismos estatales para que sus instalaciones sean ocupadas, con el fin de ocultar los graves problemas de corrupción e ineficiencia burocrática que acompañaron su diseño y construcción.

De paso se busca, también, desalojar los pabellones de máxima seguridad de “la Picota” para acondicionarlos a los ex funcionarios públicos hoy judicializados por el llamado “carrusel de las contrataciones” y los robos del programa Agro- ingreso seguro. Eso si, implementado allí todas las garantías constitucionales que a nosotros se nos están negando, porque en Colombia existimos presos de primera, segunda y hasta de quinta categoría, como es el caso de los Empresarios Nule, cuyo millonarios robos al Erario público fueron recompensados con el acondicionamiento de una casa fiscal como cárcel, con televisión satelital y aire acondicionado.

Por todo lo anterior, y mientras no sean restablecidos nuestros derechos fundamentales y el respeto a la dignidad humana, nos declaramos a partir de Hoy (Miércoles 1° de Junio) en estado de desobediencia civil como una acción de resistencia pacífica y de legítima protesta.

Hacemos un llamado urgente a todos los organismos defensores de derechos humanos, colectivos de presos políticos, organizaciones defensoras de presos, así como a la Procuraduría, y Defensoría del Pueblo, para que se pronuncien sobre estos hechos y a la vez exigimos a las autoridades penitenciarias en cabeza del Ministerio del Interior y de Justicia, así como a las Directivas del INPEC una pronta y positiva solución a nuestras peticiones.