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Crisis sanitaria en cárcel de Valledupar por escasez de agua
En las profundidades del infierno
Los reclusos de la cárcel de Valledupar presentan enfermedades cutáneas que no pueden ser atendidas por el insuficiente servicio médico, en un centro carcelario construido hace 11 años.
Iván Cepeda Castro / Jueves 9 de junio de 2011
 

A la entrada del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar se lee en un aviso: “En este establecimiento se respeta la dignidad humana. Aplicando siempre la ética y un sistema de calidad en todos sus procesos”. Es como un preámbulo cargado de ironía a la triste realidad que se vive dentro de sus muros. La gente le llama “La Tramacúa” por sus imponentes dimensiones. Su construcción data de apenas once años atrás y es producto de un convenio de cooperación entre Colombia y Estados Unidos para el mejoramiento del sistema penitenciario, que aportó 4,5 millones de dólares del Plan Colombia y el diseño del Buró Federal de Prisiones. Sus especialistas supervisaron la obra y capacitaron a los guardias. El propósito de esta cárcel era ser el centro piloto del país para poner en práctica un nuevo modelo penitenciario a imagen y semejanza del que se utiliza en las prisiones norteamericanas.

El experimento ha resultado un caro y peligroso fracaso. Mientras en muchos lugares de la Costa Atlántica la gente está con las inundaciones al cuello, los 1.354 internos de “La Tramacúa” tienen que luchar a muerte todos los días por el agua. Al centro penitenciario el líquido no llega en suficiente cantidad ni con la presión necesaria. De ahí que los internos sólo puedan tener el servicio en dos momentos del día, por quince minutos cada vez. Como la penitenciaría consiste en torres de cinco pisos donde están las celdas, el agua que no tiene presión suficiente no puede llegar a los pisos por las tuberías. Los 175 presos que hay en cada torre tienen que disputarse por todos los medios llenar sus recipientes en pocos grifos. “Cuando entras al baño por el agua —me dijo un hombre con los ojos desorbitados—, llevas en una mano el galón y la en otra el puñal”.

Los tumultos que se forman todos los días para recoger el fluido cobraron en enero pasado la vida de un recluso, en el patio cuatro, en medio de una pelea. Al parecer, el sofisticado diseño de los norteamericanos no previó para el establecimiento carcelario el adecuado suministro del líquido vital ni evaluó la limitada capacidad del ente que manejaba el acueducto en el municipio. Hoy el director del penal, Leopoldo López, se limita a señalar a Emdupar como único responsable de este aspecto de la crisis.

La falta de agua genera otras graves consecuencias. Basta entrar a la cárcel para percibir el hedor de los excrementos que, prácticamente, están por todas partes. Desde las celdas sin agua los prisioneros deben arrojarlos por las rendijas al exterior de las torres.

Según informes que tuve en mis manos, elaborados por la Secretaría de Salud del Cesar, que viene realizando periódicas visitas y controles microbiológicos a los alimentos que consumen los internos, en los últimos tres años todos los estudios bacteriológicos han detectado presencia de coliformes en ellos, especialmente del género escherichia, que identifica la presencia de materia fecal. La imposibilidad de lavar su ropa genera constantes enfermedades cutáneas en los reclusos, las cuales no pueden ser atendidas por el insuficiente servicio médico.

Toda esta insalubridad se da en medio de las sofocantes temperaturas de la región. La prisión no cuenta con sistemas de ventilación. En ese ambiente altamente hostil, los presos experimentan estados de profunda depresión psicológica: los medios de comunicación han registrado varios casos de suicidio.

El cuadro se completa con el riguroso régimen disciplinario que copia los preceptos carcelarios de Estados Unidos: anteponer sin miramientos la seguridad a los derechos, crear un régimen de aislamiento prolongado y control total sobre los internos, someterlos a tratos crueles y degradantes, elevar al máximo los niveles de enfrentamiento entre ellos y privilegiar a grupos que sirvan para mantener el orden. No es raro, en ese contexto, que se les someta a castigos como los aislamientos, que varían desde meses hasta años, o las llamadas “calles de honor”, dos hileras de guardias por cuyo centro es obligado a pasar el recluso para recibir una andanada de garrotazos, puños y patadas, o las golpizas precedidas de gases lacrimógenos en los patios, algunas veces practicadas en la noche por guardias encapuchados.

No obstante, el comandante de vigilancia, mayor Ángel Rodríguez, señala que lo que ocurre es que la penitenciaría practica “las nuevas técnicas penitenciarias”, técnicas norteamericanas, por los antecedentes de seguridad, ya que los internos atacaban a los abogados y médicos. El subdirector operativo de la regional norte del Inpec reconoce que la penitenciaría de Valledupar registra el mayor número de denuncias y quejas por maltrato de la guardia. Sin embargo, según un reporte que recibí de la misma institución, 39 casos de quejas presentadas entre 2008 y 2009 se dejaron sin evaluar y de 92 quejas presentadas en la Oficina de Control Interno, sólo una se sancionó con suspensión del guardián.

Para rebelarse ante las condiciones denigrantes en las que viven, más de un centenar de internos han comenzado una protesta pacífica. Algunos se han declarado en huelga de hambre desde hace semanas y otros han decidido suspenderse en hamacas en el exterior de las torres del presidio.

En un informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, ya para octubre de 2001 se denunciaban serias irregularidades y prácticas abusivas que originaban tratos crueles, inhumanos o degradantes. A pesar de lo anterior, la penitenciaría de Valledupar ostentó con honor el Certificado de Aseguramiento de la Calidad, aplicado a las actividades de Tratamiento al Interno y Administración del Establecimiento Penitenciario, mediante evaluación y aprobación de la norma ISO 9002/94, otorgado por el Icontec en julio de 2002.

Al presentar un panorama acerca de la situación de las cárceles colombianas, Eduardo Cifuentes, quien para la época era defensor del Pueblo, dijo que pasar revista a las condiciones penitenciarias en nuestro país era una “visita por el infierno”. La inspección de la cárcel de Valledupar es una visita a las profundidades del infierno.