Desde los mismos inicios del municipio de Marmato en el departamento de Caldas, hace 475 años, la extracción mineral de oro ha sido parte fundamental de la economía y el desenvolvimiento histórico del mismo, de hecho Simón Bolívar pignoró sus minas al gobierno inglés para costear las guerras de independencia.

En los últimos 6 años, una empresa trasnacional adquirió varias decenas de minas en la parte alta en el sector A del Cerro El burro, la que había sido destinada mediante el Decreto 2223 de 1954 para subsistencia de los pequeños mineros y en el sector B o zona baja del mismo cerro para la mediana y gran minería.

A medida que los titulares de las minas las iban entregando a la empresa transnacional, las entradas a éstas eran clausuradas y las personas que allí laboraban fueron siendo despedidas, además destruían absolutamente todos los montajes construidos por los mismos mineros para la extracción del mineral (tolvas, molinos, cables aéreos, edificios etc.). Esto ocasionó que más de 800 personas de este municipio quedaran cesantes.

Aunque la empresa trasnacional se comprometió a generar empleo, sólo cumplió en parte, por muy corto tiempo, pagando muy bajos salarios y a muy pocos marmateños.

No siendo suficiente toda la problemática generada, poco tiempo después de la adquisición de las minas se fueron del pueblo dejando deudas superiores a los 7000 millones de pesos.

Los mineros cesantes se vieron obligados, por no existir otra forma de subsistencia y ser esta su actividad ancestral, a poner en funcionamiento las minas que ya estaban derrumbadas y de las que nunca la empresa tomó posesión. Solamente hasta mediados del año 2010 la empresa, que se da a conocer como Medoro Resources, solicitó amparos administrativos ante la autoridad minera correspondiente, algunos de los cuales fueron resueltos favorablemente a la empresa trasnacional.

Desde el mismo momento de la presentación de los amparos administrativos se han venido dando diversas y fuertes presiones en contra de la población marmateña, en su mayoría de profesión minera, tales como desalojos de las minas, hostigamientos, firma de contratos con cláusulas lesivas para los mismos mineros, aumento de presencia de grupos de fuerzas especiales, evidentemente comprometidas con la Compañía, ya que se ven circulando por el territorio en los vehículos de propiedad de la empresa, reuniéndose el Comandante del Distrito de Policía de Riosucio con el jefe de seguridad de la empresa mencionada mientras se niega a reunirse con los representantes de la comunidad en las mismas condiciones que lo hace con la empresa. Además han realizado requisas agresivas e intimidatorias generando zozobra e intranquilidad a la población, siendo ésta una presencia exagerada para un municipio que ha tenido un espíritu pacifico y trabajador.

Por otro lado, las autoridades municipales y departamentales han anunciado acciones que pueden desembocar de hecho en violaciones a los derechos humanos de los mineros, indígenas, afrodescendientes y comunidad en general.

Todos estos atropellos están encaminados al logro del objetivo de la compañía trasnacional, que se da a conocer como Medoro Resources, cual es el desplazamiento forzado de la totalidad de la población del casco urbano del municipio de Marmato para desarrollar su proyecto de minería a cielo abierto.