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Desde las organizaciones convocantes, saludo al Encuentro Nacional por la Tierra y la Paz
 

Provenientes de los cuatro puntos cardinales de la geografía colombiana, nos reunimos mujeres y hombres, campesinos, indígenas y afrodescendientes, de todos los credos políticos y religiosos, sin distingos, como partícipes de la soberanía popular fundamento de la democracia.

Los aquí reunidos respondemos al llamado de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, organización que se ha destacado por impulsar y consolidar procesos autogestionarios de organización social y popular en medio de las dificultades propias de la aguda confrontación armada que por décadas ha azotado a nuestro país. Atendemos también al llamado de las organizaciones campesinas y de diversos sectores sociales que se han agrupado en una convocatoria desde la diversidad, el pluralismo y la tolerancia con la diferencia. Sabemos que todas estas organizaciones y sectores poseen las más variadas experiencias y expectativas de vida en paz, diversos entendimientos y miradas sobre la guerra y sus impactos, que necesitan ser compartidos, puestos en común, con miras a avanzar por caminos que contribuyan a salir del que pareciera ser el atolladero sin fin del conflicto colombiano. Aspiramos a que éstos sean las características y los alcances que distingan al evento que nos convoca.

Y es que este es un Encuentro soberano de ciudadanos y ciudadanas que exige ser respetado como expresión de soberanía popular. Ninguna razón, sea de carácter político, militar o económico, sea de conveniencia táctica o de necesidad estratégica, podrá ser argumento válido para menoscabar los propósitos y anhelos de las mujeres y los hombres del campo que nos asumimos como protagonistas de la construcción de la paz. Aspiramos a subordinarnos a una causa más grande que nosotros: la paz y la justicia social, el derecho supremo a tener y ocupar una tierra en la que todos y todos podamos vivir en dignidad.

Hemos escogido a Barrancabermeja como sede de este Encuentro por ser suelo fértil para la iniciativa popular. Aquí comenzó en los años veinte del siglo pasado la epopeya de la organización autónoma de los trabajadores. Aquí la nación empezó a recuperar el dominio de sus recursos naturales.

Aquí iniciamos, hoy, una nueva historia: para que desde ahora en adelante sean las voces y los sentires de los que vivimos en carne propia las atrocidades y desgracias de la guerra las que se interpongan sobre cualquier retórica de paz. La historia de la paz en Colombia ha sido un recuento de tentativas, fracasadas a veces, en otras ocasiones parcialmente exitosas. Desde lo profundo de esta historia aspiramos al protagonismo de una ciudadanía que acepta el riesgo de disputar y ganar en la arena política y mediante la participación organizada directa y la formación de opinión pública los cambios de las estructuras perversas construidas desde la violencia; y de esa manera, contribuir a superar las causas y motivaciones de una guerra que ha traído atrocidad, millones de víctimas y la reproducción de la inequidad y la injusticia.

No hemos venido a este Encuentro a repetir con monotonía que el diálogo es el camino o a pedir con rutina el inicio de la negociación política. Venimos a convocar a la sociedad a rechazar radicalmente la guerra, las causas que la originan, y los efectos que tienen sobre nuestras vidas y nuestra cotidianidad; venimos a contribuir a desencadenar las fuerzas de la paz y a exigir un cambio estratégico en la confrontación armada. No aceptamos que a la sombra del discurso de paz se prepare el próximo escalamiento de la guerra. La experiencia reciente de nuestro país demuestra que la senda inviable de la victoria militar está sembrada de muerte, desolación, injusticia y despojo y no conduce, por tanto, a la paz verdadera, con justicia.

En la búsqueda de la victoria militar se ha aplastado la organización popular mediante el asesinato y la desaparición, se ha arrebatado a los trabajadores conquistas históricas mediante leyes regresivas, se han desviado ingentes recursos al gasto improductivo cuando debieran emplearse en resolver las urgencias de la salud, la educación, la vivienda y la producción de alimentos, y otras necesidad que agobian a nuestra población.

El diálogo de los ciudadanos y ciudadanas transformado en fuerza transformadora es la clave de la paz; y los diálogos que deben emprender las guerrillas y el gobierno no pueden ser un momento táctico en la lucha insurgente o contrainsurgente, al margen de las demandas de los diversos sectores sociales y de su más amplia y activa participación en ellos. El poder ciudadano por la paz basada en la democracia y la justicia social y la generación de condiciones, incluido el cese de las hostilidades para un diálogo útil pueden representar el cambio definitivo hacia la seriedad de un curso democrático hacia la paz, animado por el coraje de un pueblo apasionado por la vida y afirmado en su propia dignidad, en un país adolorido y necesitado de superar toda forma de ejercicio de la violencia, y de tramitar civilizadamente sus conflictos.

Nos anima la certeza de que el cambio de rumbo que demandamos es necesario. Un reclamo que nace del dolor de los millones de viudas y huérfanos que ha dejado este conflicto, de la desesperanza de los campesinos desplazados, de la afrenta de los indígenas y afrodescendientes despojados de sus territorios, desde los desempleados y empobrecidos de nuestras ciudades. Exigimos del gobierno y de sus adversarios que a través de un diálogo generoso se lancen a la búsqueda de una paz basada en la justicia.

Este Encuentro se propone ser la demostración en sí mismo de que el diálogo es el camino. Porque no tenemos otra alternativa, porque si hemos de ser consecuentes con el legado de Bolívar y de todos los campesinos, indígenas y afrodescendientes que lucharon por conquistar un país de libertad e igualdad efectivas, todos los que hasta aquí hemos venido estamos dispuestos a trabajar por la paz hasta las últimas consecuencias si fuere menester. Por consiguiente nada de lo que aquí hagamos o digamos, puede servir para que los actores de la guerra lo instrumentalicen o les sirva de excusa para persistir en su empeño. Al contrario, nuestras legítimas preocupaciones, análisis y propuestas, deberían ser escuchadas y tomadas en cuenta por el gobierno y la insurgencia para construir la voluntad política necesaria que allane el camino de la negociación y la paz.

Aspiramos a que este Encuentro sea un momento privilegiado en la constitución de campesinos, indígenas y afrodescendientes como sujetos políticos y sociales. Un momento de reflexión y decisión soberanas. Un momento que será exitoso si desata la creatividad y la sana ambición que permitan erigir hechos políticos y sociales similares, cada vez de mayor significación.

Con imaginación y audacia, con fraternal camaradería consagrémonos a construir la agenda que como gente del campo proponemos parta avanzar en la construcción de la paz. Es un camino largo y complejo en el que partimos de la diversidad de experiencias y de opiniones, pero si esto es difícil en apariencia, en realidad es nuestra mayor riqueza.

Esta reflexión debiera partir del reconocimiento de los cambios en el panorama rural colombiano que se ha modificado radicalmente. El peso demográfico del campo es hoy menor. Su significación en la composición del producto interno ha disminuido. Los recursos del presupuesto destinados para el agro se han contraído. La institucionalidad creada para la atención de la población y la producción rurales ha sido demolida. Si ya antes era un problema la estructura de la tenencia de la tierra, este problema se ha agravado. Si siempre se ha concentrado la pobreza en las áreas rurales, la situación social del campo lejos de mejorar ha empeorado.

Varios factores han incidido en estas realidades: la guerra que vivimos hace ya seis largas décadas, es uno de ellos, esta ha implicado un despoblamiento acelerado de vastas áreas rurales, la propiedad ha cambiado de manos, negación de los derechos de los campesinos es total y es determinada por la estigmatización en el contexto del conflicto. La implantación de los esquemas neoliberales ha significado el abandono de toda preocupación por el agro justificado por la necesidad de dar libre curso a las fuerzas del mercado. Así, se desmontaron los institutos y dependencias vinculadas al campo y se terminó todo tipo de actividad de fomento público y privado a la producción agropecuaria. Por último, el campo se ve hoy como escenario para megaproyectos de inversión que no necesariamente tienen que ver con la producción agropecuaria (proyectos mineros y energéticos), o que teniendo que ver con ella, se orientan a la agricultura de plantación y la producción para la exportación. Se privilegia, entonces, la producción basada en la gran empresa y en la inversión extranjera, en detrimento de la economía campesina, la producción de alimentos y el mercado interno.

Frente a este cuadro es preciso decir que el campo colombiano necesita ser reconstruido, esto es, modificar las relaciones de tenencia y de redefinir modelo económico imperante, que explican en lo esencial su dramática situación. Se necesita una reorientación de la vida rural que ponga al centro los intereses del campesinado, lo que implica reanimar las comunidades que viven en y del campo, reconstruir su economía, facilitando el acceso a la tierra y a los demás factores productivos y asumiendo la diversidad de formaciones productivas existentes. En esta reorientación una parte importante es la recreación de la institucionalidad estatal destinada a apoyar el campo. En síntesis, es preciso replantearlas relaciones entre la sociedad colombiana y las sociedades rurales, entre el campo y la ciudad, entre la industria y las finanzas y la producción agropecuaria, entre el Estado y los sujetos y actores rurales.

Para la reconfiguración del mundo rural es de vital importancia fortalecer el tejido organizativo de la población rural, en la perspectiva de forjar movimientos y estructuras que partan del reconocimiento de la pluralidad de los sujetos, de la complejidad de sus necesidades y demandas, pero también de la urgencia de su articulación.

Reconstruir la vida rural no sólo es una necesidad en un mundo amenazado por la crisis alimentaria, por la catástrofe ambiental, por la ruina de aquellas naciones cuya soberanía está en riesgo porque o bien abandonaron el agro o porque su producción agrícola no es competitiva. En nuestro caso, es también una urgencia política de primer orden. El futuro de la sociedad colombiana, la posibilidad de que se superen los conflictos que vivimos, pasa por la reconfiguración de la vida rural. Por tanto, los problemas del campo no son asunto exclusivo de la gente del campo, sino cuestión de toda la sociedad. En Colombia será imposible asentar una paz consistente y duradera, si no hay otro campo, si para las poblaciones rurales no hay futuro, si para ellas no hay justicia.

En este contexto, el Encuentro representa una contribución hacia un mejor entendimiento de la problemática actual del campo colombiano, y sobre todo, a la identificación de la población rural, del campesinado, de los indígenas y afrodescendientes, como sujetos sociales y políticos del mayor significado en la búsqueda de la paz en nuestro país. Su conocimiento y sus experiencias, unidas a las reflexiones precedentes, a los avances de las diferentes organizaciones y a las investigaciones que desde espacios académicos o especializados han pensado los problemas del campo colombiano, permitirán avanzar en la conceptualización y el diseño de una agenda programática en sintonía con las crecientes demandas del presente. Antecedentes como el Congreso Nacional Agrario del año 2003 y su principal logro el “Mandato Agrario” mantienen vigencia y se constituyen en referentes valiosos. La Mesa de Unidad presentará en este Encuentro un proyecto de ley alternativa de tierras, que sintetiza el camino recorrido. Hoy se impone un diálogo nacional al respecto que eleve a la ley un texto concertado que responda a las expectativas de las mayorías del campo.

En la perspectiva de de la elaboración de una agenda programática, el Encuentro abordará los siguientes Ejes Temáticos: en primer término, Tierra, Territorio y Recursos Naturales; segundo, Democracia, Desarrollo y Garantía de Derechos y por último, Política Nacional de Paz.

Si bien ha habido avances en el reconocimiento de indígenas y afrodescendientes, el campesinado no es suficientemente visible como sujeto social y político. Un punto de partida necesario es su reconocimiento como sujeto de derechos, como actor social diferenciado, plural y con identidades propias, parte constitutiva de la comunidad nacional, partícipe indescartable con voz y voto, en la toma de decisiones tanto nacionales —las que afectan a la sociedad colombiana en su conjunto— como aquellas que lo afectan de manera particular.

De aquí se desprende la necesidad de precisar como fundamento para la reconstrucción de la vida rural, los contenidos específicos en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Una condición para el goce de los demás derechos es la existencia de las organizaciones campesinas, indígenas y de afrodescendientes, así como el respeto por ellas.

Somos conscientes de que siendo importante el protagonismo de los movimientos campesino, indígena y de afrodescendientes y del carácter decisivo de la problemática agraria y rural en la superación de la confrontación, esta tarea supone abordar situaciones y problemas que conciernen a toda la sociedad colombiana y la activa participación de toda la sociedad. Por esta razón estamos persuadidos de que sólo mediante la convergencia en el mismo torrente de todas y todos, de campesinos, indígenas y afrodescendientes, de estudiantes, docentes y profesionales de todas las disciplinas, de obreros y pobladores urbanos en general, lograremos una Colombia en paz con justicia y dignidad para todas y todos.