Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

Derecho a la tierra y el territorio: un modelo territorial campesino en contra del interés multinacional en el nordeste de Antioquia (municipios de Remedios y Segovia)
Ponencia de Cahucopana al Encuentro Nacional Por la Paz
Cahucopana / Viernes 19 de agosto de 2011
 

El derecho a la tierra y el territorio, pasa por una reflexión profunda referente a los derechos humanos, comprender la exigencia de estos de forma integral, es una tarea de las organizaciones sociales que hoy se identifican con el tema. El territorio, entendido como una construcción social, pasa por se la base de nuestras vidas, sobre el se generan nuestras relaciones de vecinos y compañeros y sobre el se construyen nuestros tejidos sociales. Así, el territorio es particular a nuestras actividades diarias, a nuestra forma de ver la vida. El nordeste antioqueño, particularmente los municipios de Remedios y Segovia, están en la mira de la locomotora minera del gobierno Santos, una visión multinacional y de desarrollo desigual para nuestra región.

Hoy, nuestro territorio pasa por una reflexión profunda sobre nuestros derechos, exigimos de forma permanente un territorio que nos garantice la vida digna y rechazamos de forma completa el modelo multinacional que quieren imponer en nuestras tierras. Presentamos a continuación los resultados de un proceso de acción política, que nos han permitido, entender y construir una región particular, donde somos los campesinos los dueños de la tierra y sobre ella edificamos nuestros sueños.

Esta ponencia es el resultado publico de la investigación y posterior publicación del libro: “NORDESTE ANTIOQUEÑO: TERRITORIO EN DISPUTA Entre la acumulación del capital y la alternativa campesina” resultado de un trabajo organizativo de un año en conjunto con ILSA y con el apoyo de la agencia de cooperación internacional MISEREOR..

Introducción:

El nordeste de Antioquia, puntualmente los municipios de Remedios y Segovia conforman la parte baja del distrito minero del departamento. Se encuentran ubicados sobre la margen oriental de la cordillera central, al suroeste de la serranía de San Lucas, lugar geoestratégico de entrada a la parte norte del país, y entre los ríos Porce y Nechí, donde existe la minería artesanal de aluvión y las dragas de la gran minería, Nus y Alicante.

El municipio de Remedios, fundado desde 1560 se configuró, en un principio como un refugio móvil de mineros quienes impulsados por el auge del oro poblaron estas zonas. Estos auges se reflejaron posteriormente en la entrada de la Frontino Gold Mines, multinacional de activos estadounidenses y Británicos, que atrajo a su entrada a la región grandes poblaciones de obreros provenientes de departamentos y regiones vecinas (Bolívar, Santander, Bajo Cauca e incluso población del Choco)

Segovia, por su parte es una población posterior que se convirtió en el epicentro urbano de la industria del oro en Antioquia, actualmente es uno de los municipios con más potencial minero del país, teniendo como producción junto con Remedios y en general la zona del Nordeste el 74% del total de oro producido a nivel nacional.

En contraste con lo anteriormente dicho, la zona del nordeste antioqueño es una de las regiones más golpeadas por los grupos paramilitares en acompañamiento de las fuerzas armadas estatales, estando actualmente en una situación de abandono, que se ve reflejada en un porcentaje de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en la zona rural de Remedios en un 54% y en Segovia del 66%. Este sólo es uno de los índices que nos permite ver algunas de las urgencias que planteamos desde la organización campesina frente a este contexto de explotación minera y conflicto social y armado en términos económicos y de posesión de tierra.

El territorio, entonces se convierte en un espacio de resistencia y de significación para las comunidades. Y comprender las implicaciones de las construcciones del mismo, es un debate todavía inacabado en una zona donde las visiones son antagónicas. Por un lado, encontramos el Plan Nacional de Desarrollo y las leyes y programas de ordenamiento territorial regionales, municipales y departamentales, donde se incluyen proyectos de extracción minera multinacional, como la presencia histórica de empresas como la Frontino Gold Mines o la Anglo Gold Achanti y actualmente la Meodoro Reusorse, en un plan nacional (Colombia minera 2019) de emprendimiento e impulso a la economía primaria de extracción, por encima de las exigencias de solución a los impactos socio ambientales o de desarrollo rural mas allá de los monocultivos para biodiesel.

CAHUCOPANA (Corporación Acción Humanitaria por la Paz y la Convivencia del Nordeste Antioqueño) nace en Diciembre del 2004 como una estrategia organizativa en contra de las violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario en la zona. En un contexto de bloqueos sanitarios y alimenticios, las comunidades de la zona rural del municipio de Remedios y Segovia, en su mayoría campesinos, arrieros o mineros artesanales se organizan con el fin de generar espacios de visibilización e incidencia política frente a estas problemáticas, que llevan de la mano, la búsqueda de estrategias alternativas de la defensa de un territorio en paz.

Propuesta:

Si bien es cierto, que ha sido abrumador el impacto de la acumulación capitalista en el Nordeste Antioqueño, en términos de la fuerte presencia multinacional, a partir de su estructuración sobre la desposesión y la guerra, ésta no ha logrado eliminar en totalidad a aquellos sectores que construimos espacios de resistencia y planteamos territorialidades alternativas a las del capital.

A raíz de la magnitud de los derechos humanos amenazados o vulnerados a las comunidades campesinas (dentro de los que se destaca el cada vez más, el creciente número de personas afectadas por el desplazamiento forzado y las ejecuciones extrajudiciales), nos surge la necesidad de constituirnos como organizaciones o asociaciones, con el fin de convertirnos en:

a) el principal medio que tienen los campesinos frente a las diferentes políticas públicas desarrolladas por el Estado para participar, ejercer vocería, interlocución y seguimiento;

b) el mecanismo de articulación de iniciativas y reivindicaciones, así como de reconstrucción de los colectivos sociales que la confrontación armada ha deteriorado;

c) una forma de visualización y sensibilización a la sociedad sobre la magnitud de hechos violatorios de los DD.HH. y de infracciones al DIH;

d) una herramienta para la apropiación y el conocimiento de los derechos y las políticas públicas; y tal vez lo más importante,

e) en la forma de desarrollar mecanismos de exigibilidad de derechos.
Entendemos que los derechos humanos, y en este caso el derecho a la tierra y el territorio, son una construcción histórica, alimentada por las aspiraciones y demandas de los pueblos; cuya finalidad es la dignificación de la vida –base para una sociedad diferente–; que responde a contextos sociales, políticos, económicos y culturales distintos. Que los derechos humanos tienen como características la universalidad, la generalidad, individualidad e inherencia, la indivisibilidad, la imprescriptibilidad, y la inalienabilidad; poseen un carácter ético y jurídico y un marco legal y normativo que los legitima y hace exigibles jurídicamente, más allá de su naturaleza: civiles y políticos; económicos, sociales y culturales; y ambientales.

Esta visón, nos ha permitido construir de forma conjunta con todas las comunidades campesinas que hacen parte de la región, un espacio de propuesta guiado hacia la posibilidad de interlocución y de posible y urgente incidencia frente a entes institucionales. Así, comprendemos que nuestro territorio, va mas allá de las hectáreas que ocupamos a diario, este debe ser garantía de acceso a salud, educación, seguridad, libertad de movilidad y expresión, generación de organización y un espacio donde con nuestro trabajo y la relación con la tierra, se generen alternativas de desarrollo rural sostenible y sustentable, de la mano con el medio ambiente, este ultimo aspecto, en antagonismo con el interés multinacional de explotación minera en la zona.

Del mismo modo como organización y como habitantes hemos venido construyendo un territorio particular, los intereses estatales, representados de forma material por la presencia multinacional en nuestros, ríos y montañas. Tiene unas lógicas particulares.

Conclusiones:

En el Bajo Nordeste Antioqueño, se puede decir que la construcción espacial y territorial ha obedecido a intereses capitalistas nacionales e imperialistas, ligados principalmente a la gran minería, pero, también, a la agroindustria y el latifundio ganadero, para lo cual se ha recurrido a mecanismos como los anteriormente señalados; siendo ejercida la guerra, contra el campesinado y los sectores populares por sectores estatales y privados, la modalidad que permitió construir el territorio conocido como “Zona Minera” del Nordeste Antioqueño.

La región ha padecido el capitalismo desde inicios de la década de los años 30´s, en el siglo XIX; siendo, el bajo nordeste y el distrito minero del Nordeste Antioqueño, donde se da inicio al proceso de industrialización capitalista del país. El oro del Nordeste, alimentó y permitió la construcción de la industria del valle de Aburrá, del triángulo industrial Cali, Medellín y Bogotá, y los procesos de colonización hacia zonas que posteriormente se incorporarían a la agroindustria cafetera.

Además, la población campesina expulsada de la región durante la llamada época de la Violencia, sirvió de mano de obra para las empresas del departamento durante la mitad del siglo XX, lo que a su vez significó el despojo y la apropiación de tierras que fueron dejadas abandonadas.

La guerra fue, durante buena parte del siglo XX, la forma de construcción territorial regional, especialmente se buscó la negación y el silenciamiento de las alternativas al modelo económico impuesto, con el uso de estructuras militares y paramilitares, lo que disparó las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario. De los modus operandi implementados por Fuerzas Militares y grupos paramilitares, recordamos con terror las masacres, el despojo, el desplazamiento forzado y más recientemente las ejecuciones extrajudiciales, de las cuales nuestros compañeros, familiares y amigos han sido victimas.

Las proyecciones hechas para el distrito minero del Nordeste Antioqueño y las solicitudes de contrato de concesión minera, indican que la extracción del recurso continuará para beneficio de empresas mayoritariamente extranjeras. Por otra parte, la concentración de la tierra en manos de latifundistas ganaderos, algunos ligados a sectores del narcotráfico y del paramilitarismo, sigue presente en la zona.

A pesar de lo anterior, los pequeños mineros y el campesinado organizado, hemos planteado modelos territoriales diferentes al que se quiere imponer desde los centros de poder. Este territorio se configura como un territorio campesino, y ejemplificaría que la lucha por la tierra efectuada por las y los campesinos, es una lucha contra un modelo territorial impuesto desde el capital, y es la lucha por la implementación de un modelo de territorio alternativo: la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra, que es la cúspide de los diferentes momentos organizativos por los que hemos atravesado los campesinos de la región por la defensa de los derechos humanos, un modelo de desarrollo divergente del impuesto por el capital y una alternativa territorial de paz.

El escenario actual, frente a lo territorial, se presenta para nosotros como de cooptación y eliminación o de resistencia y alternatividad; ésta última es la propuesta de la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra, impulsada por la ACVC y por AHUCOPANA. La disputa territorial esta al orden del día y esta en nuestras manos y nuestras propuestas, llevar a cabo esta propuesta de paz, de inclusión y sobre todo en pro de la vida digna de las comunidades del Nordeste antioqueño y en general del país.