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Rechazamos los señalamientos contra las organizaciones sociales del Magdalena Medio
 
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Rodrigo Pérez Alzate, alias ’Julián Bolívar’, peón del terrorismo de estado en el Magdalena Medio

El Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos, con asiento en Barrancabermeja, denuncia y rechaza ante la comunidad regional, nacional e internacional, los señalamientos de que fueron objeto organizaciones pertenecientes a esta coordinación por parte del jefe paramilitar Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, comandante del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, quien en su versión libre ante un Fiscal de Justicia y Paz acusó a la USO, Credhos, La Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la OFP y la ACVC de "actuaciones criminales al servicio del marxismo armado".

Dada la gravedad de estas afirmaciones, las organizaciones y entidades que firmamos este documento, nos permitimos hacer saber ante la opinión pública, lo siguiente:

1. Reafirmamos que el objetivo de nuestro trabajo es crear las condiciones para construir una región en paz, donde se garantice el derecho a la vida digna de todas y todos los pobladores que habitan en nuestro territorio. En consecuencia, todo comportamiento y acción que se oriente hacia el fortalecimiento de la civilidad, la resolución pacífica de los conflictos y el debate político respetuoso es y será apoyado en todo momento. En tal sentido, respetamos el proceso de desmovilización de las AUC y deseamos que sea una contribución seria hacia el logro de la paz regional, a través de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de acciones violentas.

2. No obstante, rechazamos y criticamos este proceso, cuando se orienta hacia otros propósitos. Tal parece ser lo que está pasando, cuando en las versiones libres de los comandantes de las AUC, se dicen verdades a medias: cuando se trata de justificar los crímenes de lesa humanidad; cuando se ocultan hechos y se ocultan responsables; cuando se ocultan riquezas mal habidas, y con todo ello se pretende mostrar a las AUC como víctimas, y a las víctimas de las atrocidades que ellos cometieron como victimarios. Rechazamos el proceso de desmovilización de las AUC cuando encontramos que en nuestra región se sigue amenazando, extorsionando, robando gasolina, traficando con armas y estupefacientes, y que estos hechos son cometidos por desmovilizados de las AUC. También rechazamos este proceso de desmovilización cuando vemos enormes cantidades de dinero que son utilizadas en algunas campañas políticas, y cuando conocemos de partidos políticos cuyos miembros o cúpulas son investigados por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con el paramilitarismo, y siguen ahí, haciendo campaña, y siguen ahí, vendiendo avales. Cuando esto pasa, vemos que el objetivo del proceso de desmovilización de las AUC deja de ser noble para la sociedad y cambia de rumbo, orientándose hacia fines perversos, como buscar que la sociedad del Magdalena Medio premie a los paramilitares en las próximas elecciones de octubre, justifique sus acciones y con ello se abra paso una nueva estructura criminal contra toda persona que no comparta sus fines.

3. Este parece ser el objetivo del señor ‘Julián Bolívar’ en su declaración. Pretende hacer creer a la justicia y a la opinión pública, que nuestras organizaciones que han trabajado por la construcción de un Estado de Derecho, a través de la defensa de los derechos humanos y de la defensa de la vida digna, son organizaciones que apoyan lo que él llama “el marxismo armado”. Esta afirmación solo pretende desviar a la opinión pública sobre los hechos atroces por ellos cometidos y pasar de agache frente a los crímenes de lesa humanidad que ellos realizaron y que gracias a la persistencia de los familiares de las víctimas y de nuestras organizaciones no han caído en el olvido. Ellos pretenden perseguirnos políticamente utilizando el poder del Estado, para judicializarnos y evitar de esta manera que haya alguien que defienda los derechos humanos y la vida con dignidad.

Queremos un país en paz, queremos que finalice esta guerra irregular interna, que ha dejado más muertos civiles que muertos combatientes. Queremos que haya garantías para la inversión en nuestra región y garantías para quien trabaja en ella y por ella. Queremos una reconstrucción de nuestra región que ha sido asolada por la guerra irregular, dejando a su paso miles de viudas, de huérfanos, de liciados, de desplazados, de secuestrados, de campesinos sin tierra y de falta de empleo. Queremos que el fin de la guerra sea también el fin de las venganzas y las retaliaciones. Queremos que haya adversarios políticos de derecha, de centro y de izquierda y que la vida de todos ellos sea respetada, sin importar su ideología, credo, sexo o raza. No queremos que haya venganzas o retaliaciones entre ningún bando. Pero si queremos saber la verdad de lo ocurrido en la ciudad de Barrancabermeja y en la región del Magdalena Medio, si queremos saber cuál fue el rol del Estado, de los funcionarios públicos, de la rama judicial, de la Fuerza Pública y de los dirigentes políticos y económicos, en los crímenes de lesa humanidad cometidos por las AUC y su vínculo con los hechos criminales que aún hoy seguimos registrando en nuestra región. También queremos la justicia y por eso apoyamos como organizaciones sociales el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y de todos los funcionarios que con su comportamiento construyen el Estado de Derecho. También queremos la reparación, queremos reconstruir la región, hacer nuestro suelo productivo, frenar la voracidad de las empresas multinacionales, aumentar el empleo, explotar racionalmente nuestros recursos naturales y consolidar una vida digna para todas las personas que aquí habitamos. Por último, queremos construir nuevas relaciones sociales, una nueva sociedad regional, donde no se repitan los crímenes de lesa humanidad que hemos sufrido. Que el poder del dinero, la astucia para los negocios y la búsqueda de la fama, no valgan más que los seres humanos. La vida y la dignidad son los bienes más sagrados que tenemos y no son negociables.

Invitamos a la opinión pública, al gobierno local, regional y nacional y a la comunidad internacional a considerar con mirada crítica la actual situación del proceso de desmovilización de las estructuras paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz; a demandar que la verdad y las garantías de no repetición estén presentes en él y a acompañar a las organizaciones sociales en su trabajo por los derechos humanos y la defensa del Magdalena Medio.

Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos

Integrado por:

Afrolibertarios, Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra –ACVC-, Asodesamuba, Asorvim, Central Unitaria de Trabajadores – CUT, Colectivo de Jóvenes de Barrancabermeja, Comisión Diocesana Vida, Justicia y Paz, Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio –CDPMM-, Corporación Nación, Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos –CREDHOS-, Movimiento Humanista, Organización Femenina Popular –OFP-, Pastoral de Trabajadores - Diócesis de Barrancabermeja, Pax Cristy, Sinaltrainal, Sintraelecol, Unión Sindical Obrera –USO-.

Por la comunidad internacional:

Brigadas Internacional de Paz, Equipos Cristianos de Acción por la Paz.