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Las millonarias becas de educación para el ministerio de minas, no se están viendo afectadas por la ley 30.
Mónica Orjuela / Sábado 19 de noviembre de 2011
 

Mientras que en Colombia el gobierno está promoviendo la reforma a la ley 30 que amenaza la educación pública con el argumento de que no hay recursos para la ampliación de la cobertura, con el dinero público se paga la educación de funcionarios y de hijos de los directivos del ministerio de minas.

En un escándalo que se podría llamar silencioso y que se publicó en el periódico impreso El Tiempo del 13 de noviembre frente a los manejos del presupuesto de la entidad, éste incluye los millonarios auxilios de educación del ministerio y el pago de más de 3.000 millones de pesos anuales para colegios y universidades de los más altos niveles y estratos. A través de un sistema de becas, el cual según el ministerio es legal, cubre desde maestrías hasta cursos en el exterior, asistencia a congresos, entre otros, que sobrepasa la cifra de los 27.000 millones de pesos, pagados de los parafiscales que le llegan al país por la explotación del oro negro y las regalías.

Colombia gasta mucho menos del 1% del PIB para la educación, pero en palabras del viceministro de educación Javier Botero, la razón es la siguiente:

“Si Colombia fuera un país rico, con recursos suficientes para eso. Países como Alemania con una tradición de educación pública tremenda, hace unos años se está cobrando matrícula, por que los costos de la educación son muy altos, y porque la educación superior digamos que favorece enormemente no solo a la sociedad sino también al individuo, por lo tanto, el individuo debe retribuir algo a la sociedad”

Si no hay recursos, ¿por qué se esta sacando del erario público sumas millonarias para pagar la educación de los altos funcionarios del estado?, deberíamos llamarlo no agro-ingreso seguro, sino edu-ingreso seguro, pues resulta extraño que aunque cualquiera de los funcionarios de la entidad, sin importan rango, puede acceder a estas becas. En el mencionado artículo de El Tiempo se afirma que: “en los últimos 5 años, 831 millones de pesos se han concentrado en 47 altos funcionarios, desde un ministro, hasta una vicepresidenta, pasando por directores, secretarios generales y jefes de control interno y jurídicos, cuyos sueldos oscilan entre los 7 y 13 millones de pesos, casi todos los auxilios superan los 66 millones (…) llama la atención el hecho de que la elección de los becarios recae en la junta administradora y un comité compuesto por varios de los beneficiarios” ¿será que estos funcionarios que han sido beneficiarios de edu-ingreso seguro le devolverán algo a la sociedad? Deberíamos preguntarle al viceministro. Mientras estos funcionarios ganan entre 7 y 13 millones de pesos, un trabajador promedio con sus hijos en la universidad gana entre uno y dos salarios mínimos, recordemos que el salario esta en $596.000.

Haciendo una comparación, si es necesario acceder a la educación sólo a través de un crédito donde se estudia 5 y se paga 15 la deuda, ¿porque la señora Amparo Villamil jefa de control interno del ministerio recibió 99 millones de pesos para financiar cuatro semestres de biología, cuatro de administración y dos de años de colegio? Y su única deuda es con el comité de elección de becarios del ministerio de minas, ¿como les habrá pagado?

El estado gasta $3.500.000 por estudiante, por un soldado $18.000.000, y además el ministerio de minas le paga al director de hidrocarburos de la cartera Julio César Vera 111 millones de pesos para financiar sus estudios, ¿será que el señor Cesar Vera pidió un crédito en el ICETEX?

Desde los 90s las universidades públicas no reciben aumento del presupuesto y con los mismos recursos se deben duplicar la cantidad de estudiantes, aumentar profesores, generar investigación, adecuar planta física; pero qué opinará de esto Beatriz Duque, directora de minas entre 2006 y 2010, quien recibió 148 millones de pesos para cursos de minas, 13 niveles de ingles, maestrías en administración y gobierno y para asistir a no menos de 10 congresos.

Si las universidades públicas deben gestionar el 50% de los recursos para funcionar, lo que debería ser responsabilidad del estado, parece que el gobierno tiene otras prioridades a la hora de ejercer su responsabilidad en la educación de la sociedad, dando educación para las élites y los altos funcionarios, y bolillo para los estudiantes que reclaman una educación de con cobertura, calidad, autonomía académica y de generación de conocimiento.

Según la MANE, esta reforma a la educación de la ley 30 no fue una reforma consultada con el país, podemos imaginarnos que la ley de becas del ministerio de minas tampoco fue consultada con el país, pero si con los altos funcionarios de la entidad. ¿Será que Santos le esta haciendo conejo al país?