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Convocatoria
Movilización Nacional Agraria y Popular, octubre de 2007
 

“El pobre no es pobre, es un empobrecido. No es hambriento por destino, le quitaron el pan y por eso padece hambre. Hay gente detrás de esto, hay mecanismos y estructuras responsables. Es preciso tener conciencia de eso, es necesario conocer las causas del hambre” Claudio Hummes

Antecedentes de la movilización

Desde hace varios años, las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, sindicales, barriales, estudiantiles, han exigido al estado colombiano el cambio de las políticas antipopulares y la solución a la problemática que aqueja al pueblo colombiano. Para ello se ha hecho uso de diversos mecanismos de participación popular: cabildos abiertos, foros, paros cívicos, marchas y movilizaciones a lo largo y ancho del territorio nacional sin que el estado cambie en lo más mínimo su política de favorecimiento a los intereses de las oligarquías criollas y el capital transnacional.

En las últimas décadas, las marchas cocaleras del sur (Caquetá, Guaviare y Putumayo), las movilizaciones del Magdalena Medio, el Catatumbo, Arauca, Tolima y Huila, Montes de María en Sucre, Ariari en el Meta, Cundinamarca, Nordeste Antioqueño, Suroccidente en 1999, 2002 y 2006, expresan un descontento general de los sectores populares al modelo económico capitalista-neoliberal en general y a la forma particularmente violenta y sanguinaria como se ha impuesto en nuestro país.

Razones de la movilización

Las políticas estatales capitalistas que expropian a los pueblos del mundo de sus condiciones de vida, generan cada vez peores condiciones para la gran mayoría de la humanidad. En Colombia, los intereses del capital y del imperio los simboliza, representa y aplica Álvaro Uribe Vélez, a través de políticas, leyes, programas y acciones de gobierno que afectan gravemente la vida de la nación y especialmente la de los sectores populares.

Objetivos de la movilización

Con esta movilización popular queremos lograr:

1.Hacer conciencia en los colombianos sobre la necesidad de exigir la renuncia del presidente Uribe y su vicepresidente Santos; la necesidad de instaurar un gobierno democrático de amplia participación popular que les devuelva a los colombianos la soberanía nacional y la autodeterminación, en donde se respeten los derechos de los pueblos y no se criminalice la protesta social.

2.Alcanzar la derogatoria de las normas antipopulares vigentes.

Ejes de la movilización

1.Exigir la renuncia del presidente Uribe y su vicepresidente por su ilegalidad e ilegitimidad, e instaurar un gobierno democrático de amplia participación popular.

2.Derogar el plan nacional de desarrollo y someter a consideración de los colombianos, mediante referendo, una nueva propuesta donde se tengan en cuenta los intereses de las mayorías.

3.Derogar el estatuto de desarrollo rural y someter a consideración, mediante referendo, el proyecto de ley presentado por las organizaciones rurales y archivado por el paracongresista Álvaro Araujo, presidente en ese momento de la comisión quinta del Senado.

4.Derogar el actual código de minas y todas las concesiones mineras y de explotación de recursos naturales, hasta que el pueblo mediante referendo expida una nueva legislación en esa materia.

5.Derogar el acto legislativo que permite la modificación del régimen de transferencias a las entidades territoriales y someter a consideración del pueblo mediante referendo una nueva propuesta que surja de la iniciativa popular.

6.Derogar la ley de aprobación del tratado de libre comercio con los Estados Unidos y someter esta iniciativa a una consulta popular.

7.Derogar la actual legislación laboral colombiana y someter a consideración un proyecto de ley de nuevo estatuto del trabajo, de iniciativa popular.

8.Contra la privatización del agua, que el Congreso apruebe la convocatoria del referendo que prohíbe su privatización.

9.Contra la erradicación forzada manual o por fumigación de los cultivos de coca y amapola, solución concertada, y sustitución gradual.

10.Contra las lesivas y antipatrióticas concesiones mineras y de explotación de recursos naturales, derogación del código de minas y suspensión inmediata de todas las concesiones otorgadas a partir del 2002.

11.Contra la farsa de desmovilización paramilitar, su legalización a partir de la aplicación de la ley 975 de 2006 y la violación sistemática de los derechos humanos por parte del estado, exigimos, verdad, justicia y reparación, cese del desplazamiento y retorno con garantías de todos los desplazados, y el no involucramiento de la población rural en la política de seguridad democrática.

12.Contra la política de cadenas productivas agroindustriales, exigimos la derogación de las leyes que prohíben la producción y comercialización de la panela artesanal, la producción y comercialización de semillas no certificadas, el transporte y venta de leche cruda y la adopción de medidas que permitan la protección de la producción nacional de alimentos y la recuperación de la autonomía y soberanía alimentaria, y la prohibición de cultivos transgénicos en el territorio nacional.

13.Contra la entrega vergonzosa de nuestra soberanía nacional y la permanente violación de los derechos de territorialidad de los indígenas, afrodescendientes y campesinos, exigimos respeto a los derechos de titulación colectiva de las comunidades afrodescendientes, de los resguardos indígenas y el respeto por los territorios campesinos constituidos o no en zonas de reserva campesina, prohibiendo la entrega en concesión o a cualquier titulo, de territorios a compañías privadas nacionales o extranjeras o a personas naturales que no estén en posesión de manera directa y permanente de tierras baldías, cancelando las licencias otorgadas para la implementación de mega proyectos.

14.Contra la privatización de la salud, exigimos la derogatoria de la ley 100 de 1993 y sus posteriores modificaciones y expedir una nueva ley sobre salud y seguridad social de iniciativa popular.

15.Contra la privatización y el desmejoramiento de la educación, exigimos la derogatoria de las leyes 115 de 1994, 30 de 1992, 715 de 2001 y 749 de 2002 y sus decretos y resoluciones reglamentarias. Y la expedición de una reglamentación de iniciativa popular que conciba la educación como un derecho, gratuita, de excelencia, universal, soberana, democrática, de construcción popular y a cargo del estado y que reconozca entre otros los saberes ancestrales y la diversidad étnica y cultural, las condiciones sociales y económicas locales, regionales y nacionales y los derechos de los trabajadores.

16.Contra la inversión en la guerra, la corrupción y la falta de control del gasto de las Fuerzas Militares y de Policía, la presencia de asesores y mercenarios extranjeros en nuestro suelo; exigimos de manera urgente la depuración de las fuerzas armadas y reducción de su tamaño, intercambio humanitario y la solución política negociada al conflicto social y armado que vivimos los colombianos.

Convocatoria

Esta jornada es convocada por campesinos, afrodescendientes, indígenas, obreros, estudiantes, viviendistas, transportadores, vendedores ambulantes y estacionarios, hombres y mujeres de esta patria que no aceptamos la mordaza del terror.

Seguiremos construyendo caminos de unidad contra: la tiranía; las políticas oficiales; la privatización de la salud y la educación; el sistema de transferencias a las entidades territoriales; la venta del patrimonio de los colombianos; la liquidación del Seguro Social y la venta de sus principales centros de atención hospitalaria; las concesiones mineras y de explotación de nuestros recursos naturales; la prohibición de producir y comercializar los productos de la economía campesina como la panela, la leche y las semillas tradicionales; el tratado de libre comercio, la falsa desmovilización de los paramilitares; la política estatal de desplazamiento forzado; el plan nacional de desarrollo; el estatuto de desarrollo rural y la liquidación de la institucionalidad pública del sector agropecuario; la privatización de los servicios públicos de agua, alcantarillado, energía, teléfono y recolección de basuras; la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito; los cultivos transgénicos; el alza permanente y desmesurada del precio de los combustibles y peajes; el régimen laboral des regularizado; la negativa oficial a un intercambio humanitario; la recolonización extranjera, disfrazada de programas de cooperación con los cuales se afianza la presencia de las multinacionales en Colombia; el desconocimiento de las zonas de reserva campesina, los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes por parte del estado, y la titulación colectiva de la tierra en general; el desconocimiento de la legislación especial de indígenas y afrodescendientes por parte del estado; la criminalización y judicialización de la protesta social; la crisis humanitaria; la violación sistemática de los derechos humanos por parte del estado; la falta de inversión social y el inmenso gasto en la guerra; los megaproyectos; los monocultivos y la producción de agrocombustibles.

Por la defensa del territorio y la soberanía nacional

Por el derecho de autodeterminación de los pueblos

Contra las políticas estatales de aniquilamiento de la economía campesina e indígena.

Por la renuncia de Álvaro Uribe Vélez

Por el acuerdo humanitario

Por un gobierno democrático de amplia participación popular

Contra el tratado de libre comercio y las multinacionales