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Un día por la paz y los derechos de las víctimas
Diego Martínez Castillo / Lunes 12 de diciembre de 2011
 

A 63 años de la firma de la declaración universal de los derechos humanos, instrumento que reflejó el acuerdo de un grupo de naciones por frenar las atrocidades de la guerra, el panorama global no pudiese ser más desesperanzador, producto de la implantación del poder bélico del imperialismo y, con ello, la continuidad de la guerra, como mecanismo para garantizar las democracias del mercado.

La realidad nacional no es ajena a este panorama, pues también aplica una política de guerra que garantiza la expansión energética y minera a cargo de las transnacionales a costa de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y omite la consulta previa a las comunidades indígenas y afrocolombianas; ello con los consabidos daños al medio ambiente, tal como ocurre en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, entre otros; centros de la exploración y extracción de las actuales reservas petroleras, pero también de la política de “tierra arrasada”, impulsada por parte del estado colombiano en dichos departamentos; con bombardeos, empadronamientos, detenciones masivas y selectivas, e irrespeto del principio de distinción, aplicadas sobre las comunidades que habitan en estos territorios. Es decir, una política de guerra que garantiza el saqueo y la utilización de las ganancias para financiar privilegios. Los más de 7.2 billones de pesos adicionales provistos para el incremento de los efectivos de la Fuerza Pública, van en contravía de los clamores del estudiantado por acceder a educación gratuita y pública.

El falso “humanitarismo liberal” de Santos contrasta con las ilusiones sembradas en las víctimas y con las agresiones a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos. La aplicación de una doble guerra, jurídica y legislativa, intenta cambiar la desprestigiada imagen del actual régimen. Un ejemplo es la Ley de víctimas, no consultada y lanzada “con bombos y platillos”, con Secretario General de las Naciones Unidas abordo. Lo claro de esta iniciativa es la aplicación del principio constitucional de sostenibilidad fiscal, inmerso en el proyecto de decreto conocido como “Plan Integral de Reparaciones” que prevé la posibilidad discrecional, por parte del Ministerio de Hacienda, de restringir el monto de la indemnización a las víctimas por vía judicial cuando afecte las finanzas públicas. En segundo lugar, las agresiones, a título de venganza y deslegitimación, por parte de la Fiscalía General de la Nación, contra defensores (léase Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Corporación Sembrar y ANDAS, Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, entre otras), constituyen una clara estrategia de cooptación y minimización de las violaciones de derechos humanos, y la apropiación de las consignas históricas del movimiento contra la impunidad. Dicha estrategia de cooptación es el eje fundamental para continuar el Estado de guerra permanente promovido por el cuarto poder: los militares, con la ampliación del Fuero Penal Militar (como si ya no lo tuvieran) a título de chantaje, con solicitud de carta blanca para continuar con las “ejecuciones extrajudiciales”, no solo contra la población civil, sino contra miembros de fuerzas insurgentes que han dejado de combatir en el marco de acciones militares o han sido capturados y posteriormente ejecutados.

Así, el movimiento por los DDHH y contra la impunidad debe articular sus iniciativas alrededor de la lucha contra el militarismo, a favor de la solución negociada al conflicto armado y los acuerdos humanitarios; en segunda medida, urge la decidida acción de conmemorar, este 10 diciembre, el día internacional de los derechos humanos, como una de las mayores victorias de los pueblos del mundo en su lucha contra la guerra y el autoritarismo, en todas su formas, así como también el respeto por parte del Estado de la actividad de los defensoras y defensores de Derechos Humanos.