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El caudillismo populista de Gustavo Petro
Francisco Cabrera / Miércoles 14 de diciembre de 2011
 

La victoria de Gustavo Petro en la contienda por la Alcaldía de Bogotá se convirtió en el hecho político más importante de la pasada campaña electoral. Progresistas, el movimiento que creó en torno a su persona, le arrebató al Polo Democrático su fuerza en el Distrito, y su proyección nacional anunciada en el discurso la noche del triunfo, amenaza debilitar aún más al partido amarillo. De otro lado, los planteamientos de su programa de campaña y los hechos y declaraciones de Petro ya como alcalde electo, permiten dibujar los rasgos de lo que será su administración: continuidad en temas claves que concentran las grandes inversiones futuras de la ciudad, como el Sistema Integrado de Transporte, y populismo a tutiplén en el manejo de los servicios públicos y de la llamada política social.

Progresistas frente al Polo Democrático

La corruptela de los hermanos Moreno Rojas le dio a Petro la oportunidad para apartarse a tiempo de la dirección del Polo y esta hábil maniobra le permitió abrirse camino hacia el segundo cargo más importante del país, al tiempo que la torpe defensa, hasta última hora, de Samuel e Iván emprendida por Robledo y sus socios hundió a esa colectividad en el desprestigio. Mientras el Alcalde electo, sobre la base de los 700 mil votos obtenidos en el Distrito —votación de lejos superior a la obtenida nacionalmente por los polistas—, plantea extender el movimiento a todo el país, éstos enfrentan una honda crisis. La unidad del Polo, que jamás estuvo cifrada en principios sino en la necesidad de mantener el umbral electoral, está seriamente quebrantada. No es secreto que cuatro de sus congresistas están realmente con Petro y no se han ido para no perder las curules y que otro tanto sucede con parte de la bancada del Concejo. Los jefes del Polo saben muy bien que Progresistas se construirá sustrayéndoles una porción considerable de sus bases, tal como sucedió en Bogotá, e incluso, muchos de ellos no ocultan su irresistible atracción hacia la fuerza emergente. El senador Parmenio Cuéllar, verbigracia, afirmó: “Progresistas es un partido hermano, por lo que se debe plantear desde ya una alianza para las elecciones presidenciales del 2014 entre ellos y el Polo”. Hasta la alcaldesa Clara López, quien ya destapó sus aspiraciones presidenciales, dejó entrever, en entrevista para El Tiempo antes de las elecciones y más recientemente en otra para Semana, que no descarta la unidad con Petro en un frente que recomponga la izquierda colombiana “más allá del Polo”.

El partido de la Constitución de 1991

El alcalde electo ha afirmado que Progresistas será el partido de la Constitución de 1991. La forma como lo plantea reivindica el papel del M-19 en la redacción de dicha Carta, la cual, recordemos, ha sido el marco jurídico para instaurar en Colombia el neoliberalismo. Insinuando que lo que ha pasado es que no se ha sabido aplicar, Petro propone algunas correcciones que se pondrán en marcha en la Capital, particularmente en lo relativo a la democracia participativa y ha hablado de llevar a la práctica una “democracia de multitudes”. En concreto ha dicho que el presupuesto, el Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial se elaborarán mediante mecanismos de participación, pero no como se ha venido haciendo hasta ahora, con los encuentros ciudadanos en los que se inscribe cualquier persona, sino a través de elecciones de representantes en los barrios y por sectores sociales, generando discusiones masivas en asambleas populares, de tal manera que “las grandes decisiones de Bogotá sean tomadas por la ciudadanía” ¡Lástima grande que no sea verdad tanta belleza!

Miremos, por ejemplo, una de esas “grandes decisiones”, la de llevar el metro a Suba, que es una de las banderas del alcalde electo. El primer paso fue discutir su propuesta con Santos y la alcaldesa Clara López cuando se inició el proceso de empalme, pero estos le expresaron que quien tenía la última palabra sobre si se consideraba o no la viabilidad del proyecto era el Banco Mundial, BM. Sólo después de la reunión con esa entidad, Petro anunció jubiloso que había obtenido el aval a su iniciativa. ¡Ya sabemos quién toma las “grandes decisiones”! Así ha sido desde los días en que Lauchlin Currie llegó al país encabezando la primera misión del organismo multilateral a mediados del siglo pasado. En 1992 el BM se opuso a la construcción del metro con el argumento de que el ingreso per cápita en la ciudad era muy bajo para poder costearlo y que en su lugar debían construirse troncales de solobús, que fue el plan que Peñalosa puso en marcha con Transmilenio y que continuaron las tres últimas administraciones, incluidas las dos del Polo Democrático.

La propuesta de cobrar un impuesto por entrar a “zonas de congestión” —como si existiera alguna en la ciudad libre de ese tormento—, y la aplazada aspiración de la burguesía de convertir algunas vías arterias en autopistas dentro de la urbe, con el cobro de peajes, asumida como otro de los puntos programáticos del petrismo, muy seguramente tampoco será objeto de discusión en su democracia de multitudes.

Lo que nos promete en materia de salud es una demostración de que ningún alcalde, independientemente de las ínsulas baratarias que se construya mentalmente, puede modificar el andamiaje surgido de la Ley 100, engendro de la Constitución que Petro, a estas alturas, nos presenta como cura para los problemas de la Nación. Nos dice que creará mil equipos con personal médico para continuar con el programa de Salud al Hogar —marginal a la ley de marras— montado por el Polo sin ninguna incidencia. Por su vocación caudillista es fácil suponer que no será más que una forma de propaganda a su imagen. Y como si la ciudadanía ya no tuviera suficiente con lo que le cuesta la salud, anuncia la alcaldada de recaudar mediante una estampilla 500 mil millones de pesos adicionales con destino a su prestación.

Otro ejemplo son los asuntos relacionados con las empresas de servicios. Por estos días Petro ha sido vapuleado por los medios de comunicación que lo sindican de haber provocado una drástica caída en el precio de las acciones de las empresas de energía y telecomunicaciones, al expresar en una entrevista para El Tiempo su intención de integrar en un holding las tres entidades distritales, cuestión que hace parte de su programa. Al coro de ataques se unió la Alcaldesa del Polo, quien en una carta dirigida al mandatario electo, recoge el mensaje con el que la burguesía quiere aleccionarlo: “Si bien es cierto el Distrito Capital es el accionista mayoritario de estas empresas, no puede afectar con sus actuaciones los derechos de los accionistas minoritarios”. Petro ha respondido a la acusación, con acierto, que lo que hay aquí es una maniobra especulativa de sectores interesados en comprar a menosprecio un importante porcentaje de la propiedad del Distrito puesto en venta para la capitalización de la compañía. Y para tranquilizar a los inversionistas dijo categóricamente: “Todo cambio en las empresas públicas será aferrado a la ley”. De cualquier forma, el episodio también muestra que no es mediante la participación ciudadana que se toman las “grandes decisiones”, y que, por obra y gracia de la Constitución y las leyes, al propio mandatario local se le impele a convertirse en mandadero.

Este debate, suscitado antes de su posesión, es revelador de las dificultades que enfrentará el futuro burgomaestre para llevar a cabo sus promesas populistas de rebajar las tarifas en los servicios públicos y en Transmilenio, a pesar de que sus propuestas en ningún momento constituyen una amenaza a la propiedad de los monopolios y tan sólo se reducen a un regateo por migajas de las rentas que el Distrito les ha cedido tan generosamente. No olvidemos que fueron los desarrollos de la Constitución de 1991, tan loada por Petro, los que permitieron que se privatizaran los servicios públicos, la salud, la enseñanza; que se entregaran a manos privadas los recursos naturales; que codiciosos consorcios se enriquecieran con los contratos de las obras públicas; que se cedieran en concesión las carreteras y los sistemas de transporte masivo, y en fin, que el ánimo de lucro invadiera todas las esferas de la vida social. Ahora, cuando en su despliegue populista Petro anuncia que morigerará los excesos de los capitalistas para beneficiar a los pobres, a cada paso la burguesía le recordará que no se puede violentar el ordenamiento legal vigente, ese que creó la Carta de 1991 con los votos del M-19 y del Partido Comunista.

Así las cosas, la anunciada “democracia de multitudes” no será más que una ficción, como lo han sido siempre los llamados mecanismos participativos, y en la perspectiva de Petro, será una herramienta para el fomento de su ya marcado caudillismo con miras a una futura candidatura presidencial.

Malos pasos en la lucha contra la corrupción

En medio del juicio a las andanzas de los Moreno, el debate electoral de la Capital se centró en el tema de la corrupción. En ese terreno Petro contaba con la ventaja de haber destapado lo que terminó conociéndose como el carrusel de los contratos, con las consecuencias de su rompimiento con el Polo y el inicio de su campaña en solitario. Después de la victoria del 30 de octubre, al conocerse los nombres de quienes conformarían su grupo de empalme, el jefe de Progresistas comenzó a tener un traspié tras otro. Lo primero que se supo fue que del mencionado equipo hacía parte Alejandro Botero, personaje que trabajó como subcontratista de Julio Gómez, a quien la Fiscalía acusa de tres cargos en el proceso contra el carrusel en mención, caso en el que Botero decidió colaborar como testigo. Realmente este es un problema menor comparado con el que se conoció posteriormente, cuando el mandatario electo se vio obligado a retirar de ese equipo a Vladimir Fernández, un sujeto con un oscuro prontuario que va desde la utilización del Estado en su beneficio en el departamento del Huila; pasa por los escándalos de corrupción en el Invías, donde se desempeñó como jefe de la oficina jurídica en los tiempos de Andrés Uriel Gallego, y termina en su papel como abogado defensor de Germán Olano, el tristemente célebre representante a la Cámara que servía de intermediario en el reparto de coimas por los Nule y que hoy se encuentra tras las rejas. En este último caso lo anómalo es que un individuo con ese pasado tenga acceso privilegiado a toda la información que se maneja en un proceso de empalme como el que se realiza en el Distrito Capital.

¿Cómo pueden explicarse situaciones como las anotadas? Si se trata de un descuido, queda en tela de juicio el rigor con el que el programa del alcalde electo y sus discursos de campaña plantearon que se manejaría un tema que, sin duda, le produjo abundantes votos. Si es un pago de favores de cualquier índole recibidos como candidato, la cosa es aún más grave.

Gobierno de Unidad Distrital

Progresistas obtuvo ocho de los 45 escaños en el Concejo, por lo que el nuevo inquilino del Palacio Liévano adelanta conversaciones para conformar lo que será un gobierno de Unidad Distrital, con una mayoría que le permita sacar adelante sus iniciativas. Desde el ascenso de Santos al poder, Petro no ha disimulado su interés en los entendimientos con él, y en la campaña les dijo a Fernando Galán y a David Luna, dos de los candidatos santistas, que los llamaría a colaborar en una administración suya —hoy, los dos son altos funcionarios del gobierno nacional—. En estos asuntos Petro actúa de frente, a diferencia del Polo que, mientras sus congresistas hacían oposición a Uribe, su bancada en el Concejo capitalino mantenía una oscura alianza con los uribistas y su Alcalde les repartía a éstos los principales cargos del Distrito. Ya se está conformando una coalición mayoritaria en la que estarían todas las fuerzas del Cabildo, exceptuando al partido de la U. Ninguno de estos sectores concederá su respaldo por nada. Muy seguramente no veremos cambios en la relación que ha predominado entre el Alcalde y el Concejo, caracterizada por el intercambio de respaldo a las iniciativas del ejecutivo por puestos. Como tales transacciones no son bien vistas, el futuro burgomaestre dirá que a los cargos llegarán los más capaces, los que por sus cualidades presten un mejor servicio a la ciudad y cosas por el estilo.

A la Capital le esperan cuatro años en los que al frente de su administración se encontrará un hábil político que en aras de sus ambiciones personales abjuró de los radicalismos de su época de guerrillero para ubicarse en una posición de centro. Su propósito es salir de la Alcaldía gozando del fervor popular que le permita ganar la presidencia en el 2018. Objetivo bastante difícil de alcanzar cuando como bandera se proclama la Constitución de 1991.