Un nuevo homicidio, el secuestro y la tortura de varios compañeros, más la violación de tres mujeres indígenas Awá realizado por grupos paramilitares, vuelven a dejar en tela de juicio el verdadero interés del gobierno colombiano en prestarnos protección; tal y como lo exige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH – mediante la aplicación efectiva de las medidas las cautelares que nos otorgaron hace ya unos meses, además de no adoptar de manera inmediata los autos 004 de 2009 y 174 de 2011, emanados por la Honorable Corte Constitucional.

La génesis de estos acontecimientos surge aproximadamente hace tres semanas, cuando cuatro familias integradas por mujeres, hombres y niños de la comunidad Piedra Verde, municipio de Barbacoas – Departamento de Nariño, se vieron obligados a desplazarse en búsqueda de protección a su integridad física y sicológica al ser intimidados, amenazados y victimas del flagelo del secuestro de 2 mujeres integrantes de estas familias, acciones perpetuadas por un grupo paramilitar que llego a la zona.

Los predios y casas de las familias que fueron desplazadas pasaron a ser centro de operaciones de este grupo irregular, quienes desde ahí empezaron a generar terror en todos los compañeros que habitan el resguardo ñambí Piedra Verde.

Una forma de intimidación que este grupo paramilitar empezó a generar en el territorio es de impedir que transitemos los caminos que nuestros mayores nos dejaron, atentando contra el derecho fundamental de la libre movilidad al que los pueblos indígenas y todos los colombianos tenemos derecho, por ser esta una garantía constitucional. Es así como el viernes 23 de diciembre a las 9 de la mañana este grupo ilegal retiene a siete compañeros y compañeras en la comunidad piedra verde, entre los que se encuentran tres niñas, dos mujeres y dos hombres; también retienen a otra familia que estaba cerca del lugar.

A uno de los dos compañeros después ultrajarlo, torturarlo físicamente con golpes en todas partes del cuerpo y de reducirlo para asesinarlo, logra escapar de sus captores; después de una larga noche caminando por nuestro territorio, logra salir a la carretera en donde recibe ayuda de primeros auxilios, siendo trasladado por el Ejército Nacional al centro de salud del corregimiento de Altaquer.

Siendo las 9 de la noche del de mismo día, varios hombres pertenecientes a este mismo grupo paramilitar, ingresaron a la casa de una familia Awá de este mismo resguardo, donde Bolívar Guanga se quedaba siempre que llegaba a esta comunidad, sin mediar palabra lo sacaron por la fuerza, lo llevaron a un lugar desconocido donde lo torturaron y luego lo asesinaron.

Como si no se quisiera que se encuentre a nuestro compañero, los victimarios, a muy tempranas horas de la madrugada, ya siendo 24 de diciembre, descuartizaron el cuerpo sin vida de Bolívar Guanga y lo llevaron cerca a la quebrada “el zorro” a 100 metros del lugar donde fue asesinado, para enterrarlo en una pequeña fosa hecha por ellos mismos. Bolívar era oriundo del resguardo Tortugaña Telembí y siempre pasaba por la comunidad de Piedra Verde, ya que este es paso obligatorio para poder acceder a la carretera vía Junín – Barbacoas.

Los líderes indígenas awá al enterarse de este lamentable hecho deciden emprender la búsqueda del cuerpo de compañero Bolívar Guanga, y es así como el 24 de diciembre en horas de la mañana se organiza una comisión de acompañamiento y búsqueda, intentando que los miembros de la policía que se encuentran emplazados en Junín cumplan con sus funciones y hagan el levantamiento respectivo del compañero asesinado.

Durante todo el día la policía evadió esta responsabilidad, y al ver que no había ninguna respuesta clara por parte de ellos, al día siguiente la comisión informa al ejército de su entrada y ellos deciden acompañarlos, la sorpresa fue grande cuando en una casa que se encuentra ubicada a un lado de la vía que de Junín conduce a Barbacoas se encontró a los asesinos de nuestro compañero.

Dentro de la casa también se encontraron las demás personas que habían sido secuestradas desde el día 23 de diciembre en horas de la mañana. Lamentablemente tres compañeras fueron abusadas sexualmente por sus victimarios. Dentro del grupo de mujeres violadas se encuentra una niña de 12 años. Las otras dos compañeras tienen 18 y 22 años, todas además de ser violadas fueron brutalmente golpeadas y ultrajadas.

Para nosotros es preocupante pensar que esta vía es transitada por efectivos del ejército, y que ha solo 5 kilómetros donde siempre hay un reten militar, se encontraba la casa donde ocurrieron los hechos. Los delincuentes fueron capturados y trasladados por el Ejército a la ciudad de Tumaco para adelantar las investigaciones de rigor, las acciones violentas que suceden en nuestro territorio cada vez son más escalofriantes y dejan en zozobra a quienes vivimos en la selva inkal Awá, el temor al que nos vemos sometidos constantemente hace que no podamos vivir tranquilos y hacer el goce efectivo de nuestro territorio; generando desplazamientos de manera permanente.

Muchas de las familias Awá de este resguardo vienen siendo desplazadas desde el año 2006 y su retorno siempre ha sido sin ningún tipo de garantía por parte del gobierno nacional, ni ninguna ayuda humanitaria. Desde este año hasta los nuevos hechos ocurridos en la actualidad han sido seis los desplazamientos forzados de los cuales han sido víctimas nuestros hermanos del resguardo Ñambí Piedra Verde, sumando 45 familias con un total de 215 personas. Resulta de gran preocupación estos nuevos hechos porque el dirigente capturado de este grupo paramilitar amenazó de muerte a las personas que integran este resguardo y debido a esto se han generado nuevos desplazamientos.

El Resguardo Ñambi Piedra Verde viene siendo víctima de estos hechos desde hace varios años: desplazamientos, masacres, asesinatos, desaparición forzada, señalamientos, amenazas a líderes, persecución, confinamiento, entre muchas problemáticas más, y ante esto el gobierno nacional no ha generado ninguna garantía territorial, siendo uno de los pocos resguardos asociados a la UNIPA que no ha sido reconocido legalmente por el gobierno nacional, a sabiendas que desde hace 19 años se viene solicitando estas garantías.