El sábado 7 de enero hacia a las 12:30 pm, se presentaron intensos combates en la vereda El Líbano, que duraron unas tres horas. Hacia las 11 am se había presentado la retención ilegal de los indígenas Luis Eduardo Timana García, alcalde de la vereda El Nogal; Huber Rivera, ex alcalde de la misma vereda; y David Bonilla; por parte del Ejército Nacional, detención arbitraria que se prolongó hasta las 11:30 pm. Los comuneros buscaban un semoviente que se había extraviado en la parte alta de El Nogal. Los militares los acusaron de pertenecer a las FARC por llevar los radios de comunicación pertenecientes al cabildo local, que son legales y sirven para mantener informada a la comunidad de cualquier incidente.

Miembros del Cabildo Mayor tomaron contacto con el comandante de la patrulla que efectuó la retención, quien manifestó que "ellos están con nosotros, están bien, no les pasa nada. No se preocupe que nosotros los protegemos y estamos esperando que el helicóptero que está sobrevolando se retire para que los detenidos puedan bajar para el caserío, porque los pueden confundir y resulta peligroso".

Ante el paso del tiempo, la comunidad indígena decidió subir a traer a sus integrantes, ante la falta de claridad de parte del Ejercito y las diferentes versiones de estos y la supuesta información de “que los bandidos los van atacar, y ya les vamos a devolver a sus amigos con todas las de la ley con un delegado de la casa indígena de Pradera. No se preocupen”.

La comunidad contactó a la patrulla del Ejército que tenía a los retenidos y logró hablar con el teniente Moreno del Batallón Codazzi de Palmira (Valle), y ante reclamo de los cabildantes sobre las causas y móviles del suceso manifestó que “ellos no estaban detenidos”. La comunidad les reclamó por el abuso de la retención, el maltrato verbal y la toma de fotografías y de sus huellas dactilares, que según los militares era un procedimiento de rutina. En esos momentos llego el helicóptero artillado para llevar a los comuneros indígenas retenidos hacia el batallón en Palmira, a lo que la comunidad se opuso rotundamente. El militar amenazó con demandar al gobernador del Resguardo por no permitir el traslado de los detenidos.

A las 7:30 pm se elaboró un acta donde la comunidad y las autoridades tradicionales se comprometían a llevar las personas ya mencionadas a aclarar su situación al batallón Codazzi, lo cual no fue aceptado por los militares, que cercaron el paso y retuvieron por más de cuatro horas a más de 30 miembros de la comunidad. Afortunadamente el apoyo y acompañamiento de organismos y defensores de derechos humanos permitió acordar con el coronel del batallón Codazzi la presencia en el lugar del gestor de paz del departamento Valle como garantía para el esclarecimiento de la situación, lográndose verificar la identidad de los cabildantes indígenas y constatando que no tenían ninguna antecedente penal ni orden de captura.

¿Cuál era el propósito de la retención arbitraria de los dirigentes indígenas? ¿Por qué retienen a 30 miembros de la comunidad que reclamaban la libertad de sus dirigentes, en una zona donde son frecuentes los combates con la guerrilla? ¿Acaso fueron utilizados como escudos humanos? ¿Quién responde por el riesgo al que fue expuesta la comunidad indígena? ¿Acaso esto hace parte de una política de intimidación para lograr el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas?

Los hechos del sábado 7 de enero tipifican una conducta irregular por parte de los miembros del Batallón de Ingenieros No. 3 “Agustín Codazzi”, de extrema gravedad en el marco de los acuerdos internacionales firmados por el Estado colombiano. Este tipo de comportamiento entraña peligro inminente para los habitantes de la zona rural de Pradera y ha de ser motivo de alerta para las instituciones humanitarias del estado colombiano y los organismos internacionales.