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¿Paz o guerra? He ahí el dilema
En año y medio, el Gobierno de Juan Manuel Santos no tiene gestos de paz. Su proyecto es neoliberal y el régimen plutocrático favorece a la minoría del país. La única vía de solución del conflicto es la política, fracasó la vía militar
Carlos A. Lozano Guillén / Jueves 9 de febrero de 2012
 

El gobierno de Juan Manuel Santos está próximo a cumplir, en el mes de febrero, un año y medio de gestión, tiempo suficiente para comenzar a realizar el balance de sus ejecuciones y perspectivas, así como de las tendencias que realmente indiquen sus intenciones si son de cambio con referencia a las promesas de la campaña electoral.

Diez y ocho meses es tiempo suficiente para mostrar las ejecuciones concretas o en marcha, más allá de las agendas legislativas, que reflejan bastante pobreza en proyectos o leyes de beneficio popular. No hay ninguna ruptura con el modelo de acumulación de los últimos años, porque el neoliberalismo y la economía de libre mercado, incluyendo los TLC con los países capitalistas desarrollados, en particular Estados Unidos y la Unión Europea que hipotecan la soberanía nacional y colocan el comercio exterior en desventaja frente a las grandes potencias, son parte de la esencia de los planes gubernamentales. Amén de la confianza inversionista de apertura a las trasnacionales y al capital foráneo que se apropian de la plusvalía que generan los trabajadores colombianos.

De la agenda legislativa se puede “rescatar”, con todas las limitaciones y contradicciones que tiene con los beneficiarios, la ley de víctimas y de restitución de tierras, que a la hora de la verdad es un embeleco demagógico, lejos de ser la revolución agraria como la calificaron sus promotores y el presidente Juan Manuel Santos. Ambas, entre otras cosas, son inviables, mientras no se allane el camino hacia la solución política del conflicto y de una paz con democracia y con justicia social, referente por el cual pasan los cambios de una Colombia democrática y avanzada.

Una restitución de tierras a los verdaderos dueños que las perdieron por el despojo de mafias ligadas al paramilitarismo y al narcotráfico, por supuesto es importante si hay la decisión política del Gobierno Nacional de hacerlo, pero de suyo no implica la reforma agraria democrática, integral y antilatifundista que debe estar en el centro del meollo, que no es otro que la afectación de la excesiva concentración de la propiedad sobre la tierra. Lo dijo sin ambages el último Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que señaló que mientras no se toque el problema de la tenencia de la tierra no habrá una reforma agraria y mucho menos la verdadera paz para Colombia. Recuerda el PNUD que el tema de la tierra y el vacío de la reforma agraria, negada por los gobernantes de turno a lo largo de los últimos 60 años, son parte esencial del origen del conflicto colombiano.

Por lo demás, las leyes que salieron del periodo de sesiones del Congreso de la República, el año pasado, ninguna le sirvió de combustible a las locomotoras del presidente Juan Manuel Santos, porque con la excepción de la minería, las demás ni siquiera salieron de la primera estación. Y la que funcionó, sirvió para militarizar las extensas zonas de explotación minera, para ser entregadas sin pena ni gloria a las transnacionales, que se lucran de los recursos naturales colombianos. Son muchos los enfrentamientos que hubo el año pasado, las movilizaciones populares y las que se siguen adelantando en Huila, Tolima y Santander, entre otros departamentos, para impedir el saqueo de los avivatos capitalistas de otras latitudes.

De resto el Gobierno no tiene nada más que mostrar. Pura demagogia barata al mejor estilo del presidente Juan Manuel Santos, quien este año se apresta a presentar al Congreso de la República las reformas pensional y tributaria, ambas de corte neoliberal y de estirpe oligárquico. Algo propio al régimen plutocrático colombiano. En lo que tiene que ver con los impuestos, según lo reconoció el propio Santos a El Espectador del domingo 25 de enero del presente año, no aumentará las tarifas tributarias, aunque podría incrementar la base para que más personas paguen impuestos, pero eso sí, anunció la rebaja en el impuesto sobre la renta, medida que beneficiará sobre todo a los más ricos de Colombia. Vendrá también, seguramente, más flexibilización laboral, que con la rebaja de impuestos y la ley de desarrollo rural, serán la base de la confianza inversionista en el marco de la apertura neoliberal.

En este contexto, con el “valor agregado” de la violación de los derechos humanos, la mayor militarización del país, la precariedad de la democracia, asfixiada en el unanimismo de la “unidad nacional”, los siete billones de pesos más para la guerra, además de lo proyectado en el gasto del presupuesto ordinario, la casi ninguna participación ciudadana en los proyectos oficiales, impuestos desde arriba, entre otros, no se puede decir que existan, realmente, gestos de paz del Gobierno Nacional. En este marco anterior no se refleja para nada que el presidente Juan Manuel Santos tenga en su mano la llave de la paz, como lo dice una y otra vez, como si se tratara de un disco rayado.

No se puede entender, que mientras desde la Casa de Nariño se filtran rumores de supuestos acercamientos a la guerrilla, en particular a las FARC, y se hagan llegar mensajes a su Secretariado del Estado Mayor Central a través de terceras personas, de que el presidente Juan Manuel Santos quiere pasar a la historia como el “hombre de la paz”, se le monte la cacería al entonces comandante Alfonso Cano, para ejecutarlo en condiciones aún no esclarecidas, hasta el punto que el arzobispo de Cali sostiene que fue fusilado. Y el mismo procedimiento, quiera repetirse con los operativos puestos en marcha en Norte de Santander y en el Catatumbo tras el nuevo comandante Timoleón Jiménez. Nos son gestos de paz, como los que solicita con insistencia el Gobierno Nacional a la insurgencia.

El Gobierno Nacional no tiene una locomotora de paz, porque no existe una propuesta concreta y mucho menos iniciativas que propendan por cambios políticos, sociales y económicos. La política de Santos no sobrepasa el statu quo. En la práctica es continuista de la “seguridad democrática” de Álvaro Uribe Vélez. No se puede olvidar que el actual mandatario fue su Ministro de Defensa. Los cambios son de forma, apenas de estilo, aunque a ratos el nuevo inquilino de la Casa de Nariño pierde la compostura.

Ni siquiera los acuerdos humanitarios son fáciles con este Gobierno. Las seis liberaciones anunciadas por las FARC para estos días, encuentran el escollo del veto que estableció el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, seguramente bajo presión de la cúpula militar, para no aceptar la logística del transporte brasileño, que ha prestado en las últimas liberaciones sin la menor tacha del Gobierno o de la guerrilla.

Ante la evidente realidad de la guerra, se “alteraron de nuevo los ánimos”. El lenguaje que abunda es belicista y por ende la exacerbación del conflicto, situación que demuestra que la doctrina del fin del fin, de nuevo esgrimida durante la reciente visita a Bogotá del director de la CIA, David Petraeus, sigue presente a pesar del fracaso histórico durante seis décadas. Nunca llegó la madre de todas las batallas, como la han esperado los generales durante tantas generaciones que hicieron la guerra sin éxito total.

“Este conflicto interno armado, sólo se va a resolver de manera definitiva –más allá de los golpes militares tácticos que se puedan ocasionar los adversarios- a través de una negociación de naturaleza política(…)”, dice Alejo Vargas, en el Semanario Caja de Herramientas (ed. 00287, del 20 al 26 de enero de 2012, versión digital). Es la realidad. Lo ha planteado de manera directa, el nuevo comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, en sus más recientes cartas, que les gusta a unos y les provoca envidia a otros, cuando invita al presidente Santos a dialogar de “cara al país” y retomando la agenda del Caguán. En el mismo sentido, se pronunció Alfonso Cano en varios videos y mensajes tras la posesión de Juan Manuel Santos el 7 de agosto de 2010.

La respuesta de Santos ha sido contestataria, sin propuestas, en medio de condicionamientos (inamovibles) que sugieren la desmovilización, implícita en la ley de justicia transicional del senador Roy Barrera, que obstruye más las posibilidades de la solución política. Un proceso de paz exitoso, como lo ha dicho “Colombianos y Colombianas por la Paz” (CCP), estriba en la construcción de una paz que consolide acuerdos humanitarios y acuerdos de fondo para la democracia y la justicia social. Esto es: que desaparezcan las causas históricas del conflicto colombiano. En el plan de contribuir con propuestas concretas, CCP propusieron una tregua y cese del fuego, bilateral, en la eventualidad de un proceso de paz, para que los diálogos se adelanten en un ambiente de distensión y calma favorable a las salidas pacíficas y democráticas. Como era de esperarse, Santos no lo ve bien. En la mencionada entrevista para El Espectador, la caracteriza de interferencia. “Propuestas como esas lo que hacen es intervenir negativamente”, dijo. Es la demostración de que Santos no tiene una posición definida sobre el tema más importante del país.

¿Guerra o paz? He ahí el dilema de Santos, quien quiere pasar a la historia como el “presidente de la paz”, pero no quiere enfrentarse a la cúpula militar, al imperialismo yanqui y a la ultraderecha militarista de Uribe Vélez y sus amanuenses, que están atravesados como vacas muertas en el camino de la solución política del conflicto.