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¡Justicia para las víctimas de la masacre de Segovia!
Comunicado del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión Patriótica, a propósito del enjuiciamiento del exrepresentante a la Cámara, César Pérez García, en curso ante Corte Suprema de Justicia
Unión Patriótica / Lunes 13 de febrero de 2012
 

El Comité Ejecutivo Nacional de la Unión Patriótica (UP), en consideración al juicio que adelanta la Honorable Corte Suprema de Justicia contra el ex Representante a la Cámara, Señor César Pérez García, como presunto determinador del homicidio de 43 personas y las lesiones personales causadas a más de 50, en hechos conocidos como la masacre de Segovia (Antioquia), acaecidos en la noche del 11 de noviembre de 1988, manifiesta a la opinión pública nacional e internacional que:

1. La masacre de Segovia ocurrió en el contexto de la persecución generalizada y sistemática contra el movimiento político Unión Patriótica, expresada en la eliminación física de cerca de cinco mil de sus dirigentes, militantes y parlamentarios, así como la dilución paulatina de su fuerza política, lo que provocó la supresión de su personería jurídica en el año 2002.

2. En el caso de Segovia ya ha sido probada judicialmente la responsabilidad del paramilitarismo que con la complicidad y la anuencia de la Policía y el Ejército Nacional acantonados en dicho municipio, ejecutó la masacre e intimidó durante largo tiempo a la población, antes y después del crimen.

3. Aún falta precisar muchas responsabilidades, como la omisión de los servidores públicos (departamentales y nacionales) que no actuaron, a pesar de los angustiosos llamados y advertencias de la Alcaldesa y los Concejales de Segovia, y, ante todo la responsabilidad de quienes la determinaron con el fin de contener el avance electoral de la Unión Patriótica en la región.

4. Antes del crimen, la población segoviana y particularmente los militantes de la Unión Patriótica, percibieron la responsabilidad que el ex Representante a la Cámara, señor César Pérez García, podría tener en los hechos intimidatorios que la precedieron: amenazas en las paredes, panfletos distribuidos entre la población, cartas que amenazaban con nombre propio, y que evidenciaban el “malestar” por la pérdida de la hegemonía política que durante años él ejerció en el municipio. Uno de los panfletos lo apoyó explícitamente.

5. Los efectos de la masacre de Segovia incidieron en el mapa electoral de la región, al punto que la población, que en las anteriores elecciones había votado abrumadoramente por el proyecto político de paz y de cambio que representaba la U.P., se vio intimidada y conminada a apoyar al grupo político del señor César Pérez García, como se reflejó en los resultados electorales posteriores a la masacre. César Pérez García, “retomó” el poder en Segovia.

6. Desde las primeras diligencias investigativas y a lo largo del trasegar del proceso por varios despachos judiciales, se recaudaron pruebas que sugerían la presunta responsabilidad del señor César Pérez García, como determinador de la masacre. No obstante, luego de la primera captura del mencionado, ocurrida en 1995 (un año después de haber sido ordenada), se perdieron del expediente documentos probatorios y el proceso fue “olvidado” por los funcionarios judiciales de entonces.

7. Hoy, ante el enjuiciamiento en curso, el Comité Ejecutivo Nacional de la Unión Patriótica solicita respetuosamente a la Honorable Corte Suprema de Justicia, impartir justicia teniendo en cuenta el acervo probatorio que ha sido aportado al proceso y considerar la responsabilidad de los acusados como determinadores de la masacre, en un hecho que evidencia la confluencia de políticos, paramilitares y agentes estatales interesados y beneficiados con el exterminio de la Unión Patriótica.

8. Finalmente, el Comité Ejecutivo Nacional de la Unión Patriótica, expresa de nuevo su solidaridad con las víctimas de la masacre y las insta a continuar en la defensa de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, en el marco de las acciones que se tramitan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el exterminio de la Unión Patriótica.

Bogotá, 10 de febrero de 2012