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Debate
A diez años del Caguán, la era “Timochenko” de las FARC-EP
Carlos Medina Gallego / Martes 6 de marzo de 2012
 

Al cumplirse los diez años de haber llegado a su fin el proceso de los diálogos de paz que convocan el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango y las FARC-EP, a partir del histórico encuentro del presidente electo con Manuel Marulanda Vélez, para dar inicio a lo que se conoce como los diálogos del Caguán, el Secretariado del Estado Mayor Central de la organización ha dado a conocer un comunicado, el 26 de febrero 2012, que resulta, en mi apreciación como académico e investigador del conflicto armado, ser el de mayor importancia expedido por la organización en una década de guerra y distanciamientos de las posibilidades de la solución política negociada al conflicto que giró, a partir de entonces, de manera insistente, en torno al intercambio y el canje humanitario. Estos dos hechos, los diez años del Caguán y el Comunicado de las Farc, ameritan una reflexión en positivo que se distancie de las comunes descalificaciones que no permiten reconstruir los espacios, generar acercamientos y esbozar caminos posibles para sacar al país de la guerra.

Sobre el Caguán

El proceso de paz que intentan el gobierno de Pastrana Arango y las FARC-EP llega a su fin en febrero del 2002, en medio de una marcada erosión de expectativas, una acalorada campaña electoral por la presidencia de la República que centra la discusión en la confrontación entre “guerra” y “paz “, en un contexto internacional transformado por los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, que ha realzado la lucha contra el terrorismo comprometiendo de manera generalizada todos los conflictos armados y sus actores bajo esa denominación, en una misma política de seguridad global liderada por Estados Unidos. Esa situación impide que se pondere en su justa dimensión, un proceso que deja grandes experiencias de aprendizaje en la búsqueda de la solución política del conflicto social y armado, no obstante los precarios, reales y efectivos logros alcanzados en el propósito ultimo de la paz del país.

Pero lo que podría llamarse el fenómeno del Caguán es mucho más que un simple y fracasado proceso de paz, al constituirse por sí mismo en una estrategia institucional exitosa para la recomposición de la correlación de fuerzas en el desarrollo mismo de la dinámica de la guerra que para la finalización del gobierno del presidente Samper, muestra signos claros del avance de una guerrilla que transformando sus formas de operar asume la iniciativa y se fortalece frente a unas fuerzas armadas debilitadas moralmente, a la búsqueda de una nueva estrategia operativa para confrontar con éxito la subversión y, urgidas de reformas dirigidas a modernizar la institución militar y disponerla en mejores condiciones para enfrentar los retos y amenazas a la seguridad nacional representadas por el narcoterrorismo y la insurgencia.

Durante los diálogos, el gobierno Pastrana no solo se dedica, si se quiere con empeño, voluntarismo y obstinación, a sacar adelante el proceso cargado de permanentes dificultades e impases y sin una ruta institucional muy clara en términos de propósitos, sino que simultáneamente y, en medio de la guerra, reconstruye las relaciones de cooperación militar con los Estados Unidos erosionadas por el proceso 8000, trae el Plan Colombia como fundamento de la guerra contra el narcotráfico, que termina por las forzadas relaciones de la guerrilla con este fenómeno, siendo antisubversivo, como es reconocido por el mismo gobierno estadounidense y, que se transforma, en el gobierno siguiente, en los Planes Patriota y Consolidación, a través de los cuales el presidente Uribe desarrolla su guerra contra las FARC-EP bajo la figura de la lucha contra el terrorismo. El repliegue del gobierno del campo de batalla en el que va perdiendo la guerra hacia la arena política a través de los diálogos del Caguán, constituye la más importante acción de guerra desarrollada por el gobierno durante la administración Pastrana y es en términos de procesos y resultados absolutamente exitoso militarmente: detiene la ofensiva militar insurgente, empotrera a la guerrilla en 42 mil kilómetros cuadrados y les ofrece un escenario político para que converse con la nación, los delegados del gobierno y la comunidad internacional.

Las FARC-EP, igualmente ganan en ese proceso, se dan a conocer al país y al mundo como un proyecto político insurgente, revelan su capacidad de fuerza en desfiles militares con cuerpos de ejército significativos, se dotan de una agenda común resultante de un proceso de diálogo con el gobierno, manifiestan su interés en la reconstrucción de un ambiente político de reconciliación y convivencia democrática, en una perspectiva de interés general, a partir del reconocimiento y mutua aceptación de intereses distintos que convergen sobre la urgencia de un interés superior: la paz de la nación. Pueden interlocutar con distintos sectores de la nación colombiana sobre los problemas estructurales del país, invocan temas centrales como el narcotráfico, paramilitarismo y terrorismo de Estado, acuerdan un método para dialogar y negociar, entran en contacto directo y valoran en alta estima la importancia de la comunidad internacional. Todas estas experiencias enriquecen los acumulados adquiridos en el proceso de La Uribe y posiblemente dejarles como enseñanza central que cada momento político tiene una agenda determinada por las circunstancias de la guerra. La agenda de hoy, no puede ser la agenda del Caguán, otras son las circunstancias otras las posibilidades y los alcances de la misma.

Digamos que el Caguán es en su momento un escenario en el que se encuentran, en medio de la guerra, los actores de la misma, cargados de expectativas distintas que no permiten en la práctica que el objetivo último de los diálogos, la paz de Colombia se de, reiniciándose a partir de la ruptura un nuevo ciclo de guerra y violencia que marca en los años siguientes un cambio relevante en la correlación de fuerzas colocando a la ofensiva una fuerza pública reconstituida.

Sobre el comunicado del 26 de febrero

El texto del comunicado es en su estructura una interesante mezcla de Carta Abierta, resolución manifiesta y decreto derogatorio, dirigido a la opinión pública nacional e internacional, al gobierno nacional, a las estructuras guerrilleras y a sus prisioneros y prisioneras políticos. El documento se comporta como una resolución de decisiones (liberar a todos los prisioneros de guerra cerrando con ello ese largo y trágico capitulo) y un decreto interno (derogar la Ley 002), que establece la finalización de una práctica - el secuestro extorsivo o retenciones en su lenguaje- cuestionada por la sociedad y sancionada por el derecho internacional humanitario.

Están dos decisiones unilaterales son de la mayor importancia y deben ser avaladas con entusiasmo por la sociedad colombiana, en el entendido de constituir una señal de peso en la demanda que el gobierno nacional recurrentemente hace a la organización para que funde hechos de paz:

La liberación de los prisioneros de guerra, de manera unilateral, pone fin a un proceso que se toma algo más de quince años, en el que se sacrifican, de lado y lado innecesariamente, muchas vidas y, donde las familias tienen que soportar una larga, dolorosa e inhumana vigilia, al quedar en medio de los intereses de las partes comprometidas directamente. No es ocasional, si no simbólico el hecho que la FARC-EP, comprometa en la entrega de los últimos retenidos la presencia de la señora Marleny Orjuela, representante de ASFAMIPAZ, como una manera de reconocer el dolor de las familias de los policías y militares prisioneros.

Es responsabilidad, de las FARC y del Gobierno del presidente Santos construir las condiciones para que se produzca la liberación de manera pronta y segura, depositar la confianza en la comunidad internacional para el acompañamiento humanitario como garante de un proceso que debe realizarse con celeridad y debe resultar exitoso y feliz.

Unido a la decisión unilateral de liberar los prisioneros de guerra, las FARC deponen de manera temporal la liberación de sus presos en un hecho que expresa su disposición para avanzar de manera acelerada hacia las conversaciones de paz, donde seguramente el tema tendrá un lugar privilegiado. Por ahora, la organización solo exige como contraprestación a su decisión de poner fin a la condición de intercambio humanitario, que una comisión internacional humanitaria, visite las cárceles y verifique la situación de los derechos humanos de los presos políticos y sociales.

El segundo hecho relevante de la declaración pública de las FARC y que adquiere desde su lógica, un carácter legislativo, es la derogación de la ley 002 expedida por el Pleno de Estado Mayor en el año 2000, decisión que proscribe las retenciones de la población civil con fines económicos, acabando con lo que comúnmente se conoce como secuestro extorsivo. Ese es un pronunciamiento que se hace frente a la opinión pública nacional e internacional, pero que en la práctica debe ir dirigido con mayor resonancia hacia a los mandos de las distintas estructuras, en el entendido que en ninguna parte del territorio nacional, ni fuera de él, las FARC-EP como organización, volverán a incurrir en la práctica de retención de civiles con fines económicos.

Además de estos hechos claves existen otros elementos, igualmente importantes en la declaración de las Farc, que merecen ser destacados. Uno es, la explícita manifestación, hecha por la organización, de la necesidad de conversar para hallar una salida civilizada a los problemas sociales y políticos que originan el conflicto armado colombiano, que es en mi parecer una nueva postura en la cual no se pone al centro retomar la agenda del Caguán, sino, como se expresa en el comunicado, a dialogar de manera civilizada sobre los problemas que dan origen al conflicto.

Un segundo aspecto, esencial y sobre el cual llama la atención la organización, es no se puede vivir de manera recurrente repitiendo el ciclo de violencia, cada determinado tiempo, como si el país estuviera condenado de manera permanente a él. Y es tal vez por ello, que este pronunciamiento, no se da en cualquier tiempo, la organización lo hace en el momento que ellos sienten que se está reiniciando el proceso y su recuperación los lleva hacia otro largo periodo de violencia, en el cual, por lo que se puede extrapolar de allí, no están dispuestos a emprender, aunque, al instante del pronunciamiento estén en mejores condiciones para hacerlo…

Su llamado, debe ser escuchado en los dos elementos que buscan arraigarse con mayor fuerza: detener la guerra y pensar una salida distinta para los problemas del país.

El primero, señala que desde las FARC, la comprensión de la situación del momento los lleva a afirmar de manera categórica que “…por nuestra parte consideramos que no caben más largas a la posibilidad de entablar conversaciones….porque, en sus mismos términos…la prolongación indefinida de la guerra…traerá consigo más muerte y destrucción, más heridas, más prisioneros de guerra de ambas partes, más civiles encarcelados injustamente…” y hecha esta exposición clara de disposición para el dialogo, cursan al gobierno nacional una invitación que es urgente se tome en consideración: “Es hora de que el régimen piense seriamente en una salida distinta, que empiece al menos por un acuerdo de regularización de la confrontación y de liberación de prisioneros políticos.”

La regularización de la confrontación no se puede entender desde otro lugar que no sea el derecho de guerra y el derecho internacional humanitario, y el propósito no puede ser la perpetuación de la guerra, sino, el acercamiento del conflicto a un ámbito de solución política en el marco de las orientaciones que rigen el derecho internacional en materia de conflictos armados. La regularización convoca de las partes la salva guarda de la integridad de la población civil, el no involucramiento de civiles en las acciones de guerra, el no reclutamiento de menores, la limitación en el uso de las armas, el tratamiento adecuado a los heridos, prisioneros de guerra y presos políticos, pero sobre todo a entender la naturaleza política del conflicto y a regresarlo del campo militar al escenario de las transformaciones democráticas.

Es necesario dejar atrás el síndrome del Caguán y darle paso al proceso de solución política negociada en un ámbito de acercamientos cordiales y discretos en los que coincidan las voluntades manifiestas de paz de las partes, en voluntades explicitas en hechos. Para iniciar una guerra, no se necesita sino una escusa, para conducir una guerra hacia la paz y tomar las decisiones acertadas para lograrlo, se requiere de valor y de grandeza. Eso espera el país de los dos actores.