Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

Colombia: la gran democratadura
Mónica Orjuela / Sábado 3 de noviembre de 2007
 

Qué nos recuerda la historia

Colombia históricamente ha sido un país de grandes contradicciones. Los numerosos ejemplos en hechos sociales, económicos, políticos y culturales pueden dar fe de ello. Para no ir tan lejos, hace más de 40 años en Colombia, y en general en Latinoamérica, las organizaciones sociales, comunidades campesinas y minorías étnicas que apelan a reivindicaciones de carácter político y social, han sido víctimas de persecuciones sistemáticas en busca de su exterminio.

La historia también nos recuerda que el directo responsable de acabar con este tipo de iniciativas, ha sido el mismo Estado, como en casos como las dictaduras chilena, nicaragüense… y así podríamos seguir en una lista interminable. Pues bien, en nuestro país, en pleno siglo XXI se repite la misma historia, claro que disfrazada de democracia regida por la globalización y que nos pone bajo el yugo de un régimen político y económico que en sí mismo es la negación de los principios de la democracia.

"Un Estado terrorista". Ilustración de Matiz para Prensa Rural.

No podemos hablar de un Estado colombiano independiente y soberano como la apología que el discurso patrio nos reseña. Somos catalogados como país subdesarrollado, en el mejor de los casos en “vías desarrollo”, y por esta razón, los países del centro están en la obligación moral de colaborar con lo que se considera un problema y exterminar cualquier brote que impida este objetivo.

En función de ello, se crean planes políticos, económicos y militares para combatir organizaciones que demanden por reivindicaciones políticas y sociales. Cabe recordar que después de la posguerra, América Latina significaba un posible lugar proclive a la creación de nuevas estructuras comunistas. Para hacerle frente se crean diversos programas y organismos como el Banco Mundial, que en su calidad de “banco de los pobres”, presta dinero a los países más necesitados, y que en 1949 manda una misión a Colombia, el primer país latinoamericano que se visita, dando creación a lo que conocemos como el Departamento Nacional de Planeación; con la justificación de generar desarrollo a través del crecimiento económico, adoptar nuevos elementos técnicos y científicos y por consiguiente combatir la pobreza.

En la década de 1950 se gesta la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), como una estrategia de crecimiento económico que a su vez reestructura una economía inadecuada e insuficiente, es decir, una industria débil y una agricultura atrasada. Las reformas agrarias hacen parte de estas políticas que pretendían “modernizar” el campo y fomentar el crecimiento urbano. ¿Qué significa esto? Estas políticas son claramente intervencionistas, que despliegan un tipo de pensamiento desarrollista, aplicado en todos los sectores, políticos, económicos sociales y culturales. Basados en la estructura mundialista, donde los países centrales son los pilares del progreso, vía avances tecnológicos, y los países periféricos ponen la materia prima y la mano de obra barata. Lo que podríamos llamar la división mundial del trabajo.

Estas políticas no podrían ser aplicadas, si los Estados, en nuestro caso el Estado colombiano representado por los distintos gobiernos del Frente Nacional, no estuvieran facilitando históricamente los caminos para que los imperios expandan sus tentáculos a un país “soberano, regido por principios de libertar, orden y justicia para todos”.

El sistema ideológico neoliberal, aunque hable de libre mercado y de la desaparición de los Estados siendo reemplazados por la mano invisible, necesita irónicamente de un poder estatal que garantice el orden público, que reprima cualquier brote de proceso “subversivo”, que de cuenta, de que todo patrimonio nacional quede en manos privadas. Es decir, el papel del Estado, antes de ser un Estado que garantice los derechos del pueblo, cumple el rol de facilitador y policía, es el que limpia la maleza de potrero antes de que llegue el terrateniente.

Esta historia se repite una y otra vez. El intervencionismo ya no es la CEPAL, pero en su reemplazo tememos el Plan Colombia, justificado y legitimado por el fenómeno del narcotráfico. Bajo la dinámica “nosotros la fabricamos, pero ellos la consumen”, casi el 95% de sus ganancias se queda en los países que la demandan, y dicen que nosotros adoptamos las formas de enriquecimiento ilícito.

Combatir las drogas significa combatir la insurgencia o a los “terroristas” que se financian con ésta. La pregunta es ¿en qué invierten las ganancias que les queda de la droga? Combatir a la los terroristas, es igual a comprar armas, un buen negocio para quienes son dueños de estas fabricas; el glifosato con el cual supuestamente se elimina la coca, es otro negocio muy rentable para la multinacional Monsanto. En resumidas cuentas, el Plan Colombia no es una obra de caridad sino un lucrativo negocio que se aplica con la violencia en todas sus manifestaciones.

El exterminio: una estrategia ideológica

La violencia viene acompañada de estrategias que sin duda se fundamentan ideológicamente, y que en su aplicación expresan su carácter. Cuando hablamos de exterminio sistemático, hacemos referencia a la que realiza el sistema capitalista, pues todo aquello que impida la expansión del capitalismo es flanco de exterminio y necesita ser acabado. Estructuralmente, es un sistema homogenizante.

Ejemplos de este sistema y de su operatividad, dentro del marco del exterminio sistemático de organizaciones, comunidades campesinas y grupos étnicos, se presentan frecuentemente en Colombia. Es importante considerar que estás acciones se legitiman dentro de políticas de Estado como facilitador de los intereses económicos de los capitalistas, tales como el estatuto de seguridad nacional de Turbay (1978-1982) que hoy se traduce en la concepción de seguridad democrática de Uribe, que gestaron y gestan leyes y normas que permiten que las fuerzas militares del Estado creen estructuras paramilitares que han funcionado con diferentes nombres, pero que estructuralmente funcionan igual y responden a la misma política.

En este sentido, el Estado gestiona políticas que están ligadas a mantener un orden especifico que beneficie las aplicaciones de las estructuras económicas capitalistas, en detrimento de la población y de su estabilidad integral.

Para constatar que es el Estado el directo responsable del exterminio sistemático “En muchos informes de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, documentos de misiones internacionales al país, lo mismo que en diferentes procesos penales y disciplinarios internos se ha demostrado la relación directa de miembros de las fuerzas militares; como por ejemplo algunos de ellos por citar: asesinatos de Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro León Gómez; de Manuel Cepeda; Masacres como las de: el Naya en Cauca; Caloto (…. ) entre otras. En el plano internacional se han producido importantes decisiones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en procesos tales como: Los 19 comerciantes del Magdalena Medio, Segovia, el Aro, (Ituango), San José de Apartadó, en Antioquia, Mapiripan, (Meta)” . [1]

Por ejemplo, “Con base en todas las anteriores consideraciones y tomando en cuenta el reconocimiento efectuado por Colombia, la Corte considera que, en el presente caso, es atribuible la responsabilidad internacional del Estado con fundamento en que:

El Estado estableció un marco legal en el cual se propicio la creación de grupos de autodefensa, que contaban con el apoyo de las autoridades estatales y que derivaron en paramilitares. El Estado les otorga permisos para el porte y tenencia de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas (supra párrs. 82 a 87)”. [2]

Estas declaraciones ponen en evidencia que las organizaciones de tipo paramilitar fueron gestadas bajo el argumento de combatir a los grupos guerrilleros, y que estos acogieron las funciones de las fuerzas militares, con el objetivo de establecer control sobre la población civil y ejercer la autoridad que se supone debería ser función del Estado. Estas estructuras aseguran un reemplazo de las funciones que el Estado, dentro del marco legal, no puede asumir, y por consiguiente son apropiadas por estos grupos. Es de suponer que las fuerzas militares del Estado no pueden realizar masacres, desplazar a las comunidades, exterminar sistemáticamente organizaciones sociales o movimientos políticos reivindicativos, y por lo tanto, esa tarea es tomada por el brazo militar ilegal del Estado: los grupos paramilitares. En esta medida, el Estado es responsable no solo de ser permisivo con estos grupos, sino de su creación y ahora de su legitimación.

En qué estamos ahora

Todos sabemos el proceso de legitimación de los grupos paramilitares que se busca con la ley de justicia y paz. No es ajeno a nuestro acervo cotidiano escuchar en las noticias a los paramilitares que señalan a políticos vinculados a procesos de parapolítica, o de los muchos beneficios que tiene la ley de justicia y paz para la transición de una Colombia con el tan desgastado concepto en paz.

Cuando este gobierno desconoce por múltiples vías su relación con los grupos paramilitares, esta relación a su vez es recordada y evidenciada por otras múltiples vías, en palabras del jefe paramilitar Iván Roberto Duque en una entrevista en el periódico El Tiempo: “nosotros queremos que se nos presente públicamente como la esposa y que no se nos siga manteniendo oculta como la amante de los militares”, o las palabras de Salvatore Mancuso y Vicente Castaño “…El 35% del congreso es nuestro”. Nada lejos de la realidad si miramos el número de políticos que están siendo investigados por sus nexos con los paramilitares.

Pero por supuesto que esta relación no termina aquí. Las cosas son más profundas y responden a niveles más complejos. Los paramilitares son lo que salvaguardan los intereses de las multinacionales, para que en la explotación de nuestros recursos no se interpongan comunidades, organizaciones y poblaciones, son los que asesinan y masacran para desplazar a la población para que las empresas, en su mayoría multinacionales, puedan operar “normalmente” en los campos, o para que los ganaderos y latifundistas amplíen sus tierras. En realidad, los paramilitares son los “celadores” de los capitalistas.

¿Quiénes son las víctimas?

Por supuesto que las víctimas no son los políticos que están siendo investigados por sus relaciones con estos grupos, como tampoco los paramilitares desmovilizados, ni mucho menos las multinacionales, los ganaderos, los narcotraficantes beneficiados, que se quedaron sin celadores y les tocó rearmar otra vez su grupo de seguridad con las Águilas Negras. Las victimas son las miles de familias desplazadas, las personas que perdieron a sus familiares, las organizaciones que perdieron a sus compañeros, los movimientos políticos que fueron exterminados, en pocas palabras, el pueblo colombiano es la victima del Estado, del imperialismo, de las multinacionales.

En Colombia existe el Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, que justamente es una organización que desde hace varios años viene trabajando por los derechos de las victimas, para que todos los crímenes que han cometido estos grupos en complicidad con el Estado, no sean olvidados y para que esto no se vuelva a repetir.

El que no conoce su historia esta condenado a repetirla”, sentencia que parece ser lo que ha pasado en Colombia. Hoy por hoy creemos que los paramilitares son grupos que salen de la nada, y no sabemos y no reconocemos que detrás de ello hay todo un sistema que lo regula.

Según organizaciones como el proyecto Nunca Mas, el banco de datos del CINEP, la Comisión Colombiana de Juristas y Codhes, se presentan en Colombia una serie de modalidades de crímenes de lesa humanidad cometidas por el Estado en contra de las organizaciones sociales, comunidades e individuos de distintas partes del país, tales como: tortura, ejecuciones extrajudiciales, individuales o colectivas, detenciones, desapariciones y genocidios, entre otras, y violaciones como: desplazamiento, amenazas, incendios, violaciones sexuales, etc.

Todas estas acciones se expresan en las siguientes cifras comprendidas entre 1965 y 2006: cuatro millones de desplazados y refugiados políticos. Al menos 65.000 homicidios políticos. Al menos 10.000 detenidos-desaparecidos y personas sepultadas en fosas comunes. Seis millones de hectáreas de tierra usurpadas a las víctimas. A los paramilitares se les atribuye entre 1988 y el 2002, 14.700 homicidios y desapariciones, y del 2003 al 2006, 3.100 casos de homicidios y desapariciones. [3]

Por otro lado, el Ministerio de Defensa Nacional argumenta que en el 2002 los grupos paramilitares tenían 12.175 hombres y que entre agosto del 2001 y diciembre del año 2006 fueron capturados por el ejército 12.842 paramilitares. Durante este mismo periodo fueron abatidos 1.513 paramilitares. [4] La pregunta que se hace el Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado y que explica de manera explícita la política del actual gobierno es: ¿Cómo se explica que en un lapso de un año los grupos paramilitares hayan pasado de 12.000 a más de 30.000 integrantes aproximadamente? [5] Esta fue la cantidad de hombres que según el gobierno se acogió al proceso de desmovilización.

No se trata solo del proceso de la ley de justicia y paz, o ley de impunidad, lo que agrava la crisis. Es también el reconocimiento de informes oficiales que indican el resurgimiento de nuevas estructuras paramilitares, tales como las Águilas Negras, Los Rastrojos, AUC Nueva Generación, Bloque Central Capital, etc. Suponiendo que la ley de justicia y paz realmente reconociera los derechos de las victimas, es claro que en ningún momento se ha pretendido restituir los territorios usurpados a las víctimas y mucho memos el de retornar a sus territorios o lugares de origen, pues es bien sabido que estos grupos siguen operando en todo el territorio nacional. Lo que equivale a preguntarnos si el desmonte de los grupos paramilitares con la ley de justicia y paz, además de querer legitimar a los grupos, darles estatus político, también siguen operando normalmente y dirigiendo desde las cárceles de “máxima seguridad”, o mejor, de máxima comodidad.

Qué plantea el Movimiento de Victimas

El Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado reconoce la necesidad de que las victimas se organicen. Esto opera bajo la lógica de que frente a una situación de opresión o de injusticia, el mecanismo de colectividad es funcional a la hora de exigir reivindicaciones a quien tiene el poder. La reivindicación no es solo de carácter económico y no se presenta sólo apelando a consecución de recursos. Está en un nivel mucho más amplio: es un tipo de reivindicación histórica, política y social, que integra elementos como la memoria y la dignidad de las víctimas. No se trata tampoco de una reparación a las victimas pos-conflicto, reconociendo el hecho de que éste no ha cesado, y de que el sistema en el que se fundamenta está lejos de tener una transformación significativa.

La reivindicación se trata de cambios, no de forma o de nombre, sino de fondo, y requiere de una transformación ideológica y, en consecuencia, política, en la cual las formas de criminalidad sistemática sean anuladas. Se trata de que el Estado, además de asumir su responsabilidad, renuncie a seguir estableciendo las estrategias paramilitares. Sin embargo, no se debe caer en la trampa de exigir que se desista de un tipo determinado de estrategias. Se trata de construir un verdadero cambio político e ideológico, base sobre la cual están cimentadas este tipo de crímenes. Se trata de desmantelar la implementación de modelos de desarrollo que están gestados desde el capitalismo, que se basan en intereses enteramente mercantilistas. Porque un crimen de Estado es además no garantizar que una población tenga el minino básico para vivir dignamente, tal como lo exigen los principios de un Estado Social de Derecho.

Notas:

[1Documento de Discusión del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, para el Encuentro Nacional de Victimas pertenecientes a organizaciones Sociales. El Estado Colombiano es Responsable del Genocidio Político y de Exterminio Sistemático de Organizaciones Sociales. Bogota, 2007.

[2Audiencia publica ante la Corte Interamericana celebrada los días 31 de enero y 1 de febrero de 2007.

[3Documento de Discusión del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, obra citada.

[4Según informe del Ministerio de Defensa. Enero de 2007.

[5Documento de Discusión del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, obra citada.