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Peñas Coloradas: Historia de un despojo
Documental Amarillo / Domingo 5 de agosto de 2012
 

¿Qué son las comunidades sin retornar y la consolidación militar?

Las comunidades sin retornar son aquellas que después de un desplazamiento forzado no han podido regresar a su territorio. Esta situación se da por la inexistencia de garantías de no repetición a las violaciones a los derechos humanos a causa de la continuidad del conflicto armado y la consecuente permanencia de actores armados en los territorios y la violación al derecho internacional humanitario. "Retornar no es únicamente volver; es una opción que está asociada no solo a programas efectivos de atención y protección y al restablecimiento de los derechos violados con motivo de la salida forzada, sino también a la reparación que el Estado debe a estas víctimas del conflicto. Un desplazamiento forzado afecta a los proyectos de vida individuales y también los colectivos, consecuentemente hablamos de que la reparación integral también tiene que ser colectiva y orientada al "restablecimiento de los derechos vulnerados y a la reparación de los daños ocasionados a las comunidades, grupos u organizaciones afectados por hechos de violencia sistemática o selectiva.

En Colombia, el discurso gubernamental de desarrollo y paz está estrechamente vinculado a un concepto de seguridad que implica la militarización de los territorios, la cual toma forma mediante políticas como la Recuperación Social del Territorio o el Plan Nacional de Consolidación Territorial. Actualmente, con la Ley Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 o "Prosperidad para Todos" se "tiene como objetivo consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, dar un gran salto de progreso social, lograr un dinamismo económico regional que permita desarrollo sostenible y crecimiento sostenido".

Con la excusa de las políticas de lucha antinarcóticos o de fortalecimiento de la democracia, se ha militarizado el territorio con la presencia de soldados en bases, brigadas y retenes, que se han ido degenerando en infracciones al Derecho Internacional Humanitario. De particular preocupación es la permanente violación al principio de distinción que se debe dar entre población civil y combatientes, las prácticas comunes de el actor armado estatal tiende a involucrar directamente a los ciudadanos en el conflicto a través de la exigencia de desarrollo de tareas de inteligencia y policivas en programas estatales como la "familia guardabosques" o la "red de cooperantes". Reforzado con el desarrollo de tareas civiles por parte de los militares, como la construcción de carreteras, brigadas de salud, entre otras.

Si tenemos en cuenta el origen del Plan Nacional de Consolidación como "una iniciativa pensada para mantener la confianza inversionista y avanzar en la política social efectiva, mediante la alineación de los esfuerzos militar, policial y antinarcóticos y los esfuerzos en el área social, de justicia, desarrollo económico e institucional del Estado en zonas estratégicas del territorio nacional", vemos que el enfoque principal de la consolidación es la militarización de los territorios para defender los intereses inversionistas en regiones sumamente estratégicas. Al incremento de la Fuerza Pública se suma que en 40 de los 54 municipios en los que se desarrolla el Plan Nacional de Consolidación Territorial ha habido un incremento de la presencia paramilitar, tal como constata el reciente informe de INDEPAZ.