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Hoy hace 18 años fue asesinado Manuel Cepeda Vargas
Agencia Prensa Rural / Jueves 9 de agosto de 2012
 

Manuel Cepeda Vargas (Armenia, 13 de abril de 1930 - Bogotá 9 de agosto de 1994) fue un político, abogado y periodista colombiano asesinado por agentes del Estado en complicidad con paramilitares, en el marco del genocidio contra la Unión Patriótica.

Su biografía

En 1952, mientras realizaba estudios de derecho en la Universidad del Cauca, ingresó al Partido Comunista Colombiano durante la Campaña de Crecimiento que orientó tras el impune asesinato en Cali del dirigente popular Julio Rincón. En 1958, en el VIII Congreso del PCC, fue elegido como miembro del Comité Central y encargado de la reconstrucción de la Juventud Comunista Colombiana, JUCO, de la que ocupa la secretaría general. En su labor de reconstrucción militó al lado de Jaime Bateman Cayón, Hernando González Acosta, Jaime Pardo Leal, Miller Chacón y Yira Castro quien se convertiría en su esposa

En 1960 contrae matrimonio con Yira Castro, con quién tuvo dos hijos: María e Iván Cepeda Castro.

En 1964 es encarcelado por su actividad revolucionaria, en la Cárcel Modelo de Bogotá escribe el libro de poemas Vencerás Marquetalia, homenaje a la resistencia campesina armada que orientaba el PCC en el Tolima y que desembocaría en la fundación de las FARC.

Fue columnista del semanario Voz Proletaria (luego Semanario Voz) y su director durante varios años. Como miembro del Comité Ejecutivo Central del PCC, denunció continuamente el genocidio político contra el PCC, la Unión Nacional de Oposición y la Unión Patriótica.

En 1981 publica Yira Castro: mi bandera es la alegría, homenaje póstumo a su esposa que fallece ese año.

En 1992 es nombrado secretario general del PCC, en reemplazo de Álvaro Vásquez del Real. Para ese año la guerra contra la UP se había intensificado en todo el país, y más de 3 mil personas vinculadas a este nuevo movimiento político habían sido asesinadas.

En julio de 1993, varios miembros de la dirección de la UP se reunieron con el ministro de Defensa Rafael Pardo, bajo el gobierno de César Gaviria, para denunciar la existencia del “Plan Golpe de Gracia”, elaborado por el alto mando militar con apoyo paramilitar. Los voceros gubernamentales declararon ante los medios de comunicación que con estas denuncias la izquierda pretendía mejorar los resultados en las elecciones parlamentarias de 1994. Los jóvenes asesores del presidente Gaviria calificaron los informes suministrados como temores provocados por la “jurasic paranoia”, haciendo alusión a la condición de “dinosaurios” de los líderes de izquierda. Semanas después de estos episodios fue asesinado José Miller Chacón, líder nacional de la UP. Bajo el mismo plan de exterminio Manuel Cepada fue asesinado meses más tarde, y se atentó contra Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica, con un rocket disparado en una populosa avenida de Bogotá.

Con el «Plan Golpe de Gracia» se consolidó la estrategia de exterminio contra las comunidades que se constituían en base política de la UP y contra destacados líderes de ese movimiento político. En 1.993 fueron asesinados 129 líderes más, y se dio marcha al «Plan Retorno», a través del cual se pretendía la criminalización de los líderes de la UP que continuaban activos políticamente. Así mismo, se impuso la utilización de los "Mocha-cabezas", asesinos a sangre fría, a través de los cuales se buscaba generar terror en los simpatizantes y miembros de la UP a fin de que desistieran de su lucha democrática.

Manuel Cepeda murió asesinado al occidente de Bogotá el 9 de agosto de 1994 cuando se dirigía al Congreso de la República.

En su honor, un colegio de Bogotá (Antiguo Colegio IED Britalia) y la avenida que comunica el sector de Banderas hasta la Avenida Longitudinal de Occidente en la localidad de Kennedy llevan su nombre (Avenida Manuel Cepeda Vargas). Un Frente de las FARC también llevan su nombre.

Su asesinato

Cepeda Vargas fue ejecutado por sicarios que iban en un Renault 9 color blanco el 9 de agosto de 1994 desde el cual dispararon cuando se desplazaba por la Avenida Las Américas con carrera 74, al occidente de Bogotá.

Dos ex agentes del estado fueron condenados a 43 años de prisión el 18 de enero de 2001 por el Tribunal Superior de Bogotá: Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador, suboficiales retirados del Ejército de Colombia. Otro individuo de nombre Edilson Jiménez Ramírez, alias ‘El Ñato’, fue sindicado el 18 de marzo de 2009 como supuesto autor del delito de homicidio agravado, por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH.

Condena al Estado

En marzo de 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible la denuncia presentada en diciembre de 1993 por la Corporación Reiniciar, la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, contra el Estado colombiano por la persecución de miembros de la Unión Patriótica. En mayo de 2005 el Colectivo de Abogados y la Fundación Manuel Cepeda Vargas, dirigida por Iván Cepeda, solicitaron a la Comisión Interamericana realizar un trámite separado para el asesinato de Manuel Cepeda, dicha solicitud fue aprobada en diciembre del mismo año.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considerando que el Estado colombiano no había actuado con diligencia en la investigación y sanción de los responsables del magnicidio, que había obstruido la justicia, que no había reparado adecuadamente a los familiares del asesinado líder y que presuntamente el asesinato fue perpetrado mediante la coordinación de miembros del Ejército con grupos paramilitares, decidió someter el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión solicitó a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, libertad de pensamiento y expresión, libertad de asociación, derechos políticos y protección judicial

La Corte Interamericana de Derechos Humanos

Tras escuchar a las partes, la Corte Interamericana emitió su sentencia el 26 de mayo de 2010; en ella el Estado colombiano fue condenado, entre otros aspectos, por la participación de sus agentes en el asesinato del líder de la Unión Patriótica. La Corte exigió al Estado reconocer su culpabilidad en un acto público, producir un documental sobre la vida de Manuel Cepeda, hacer una publicación escrita sobre el asesinado senador, otorgar una indemnización económica a los familiares de la víctima, entre otros.

El acto público de reconocimiento de la culpabilidad del Estado se realizó en sesión solemne de las dos cámaras del Congreso de la República el 9 de agosto de 2011, día en que se cumplían 17 años desde el asesinato del senador de la UP. Germán Vargas Lleras, quien para entonces se desempeñaba como como ministro del Interior, en nombre del Estado, reconoció que el asesinato "fue cometido por agentes del Estado en complicidad con paramilitares y que la justicia colombiana fue incapaz de encontrar y juzgar a los responsables de este crimen" y pidió perdón a la familia de Cepeda. Esta fue la primera vez que el Estado reconoce su responsabilidad en el asesinato de un dirigente político.