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La directriz que mató al campesino Aicardo Antonio Ortiz Tobón (Nota de APR)
"Comandante que no tenga resultados de muertos por mes, tendrá sanción correspondiente"
“Cada comandante de compañía me debe responder por un muerto en combate cada mes y la sección segunda me debe responder por tres muertos al mes. En este momento la guerra se mide por litros de sangre": Teniente Coronel Wilson Ramírez, Brigada XIV del Ejército
César Jerez / Miércoles 22 de agosto de 2012
 

Se reiniciaron hoy las audiencias de los procesos que buscan establecer la verdad y hacer justicia en el caso del asesinato del campesino Aicardo Antonio Ortiz Tobón, miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Matilde, beneficiario y miembro del comité de bufaleros y compañero de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC.

Han pasado cuatro años desde el asesinato de Aicardo, a manos de militares del Batallón Calibío, la impunidad impera, la verdad es como una carrera en cámara lenta contra el tiempo y el olvido.

La llegada a los juzgados de La Alpujarra, en el centro de Medellín, representa una tragedia permanente, un grupo de mujeres y niños doblemente desplazados del Barrio La Cruz protesta calladamente a la entrada. La guerra que mata y la guerra que desplaza se escenifica también arriba, en las salas de audiencias de este edificio, corredores llenos de policías y guardias del Inpec, salas llenas de militares y paramilitares sentados, nerviosos, ante los estrados judiciales.

Los testigos de la fiscalía en este caso, una mujer que ha luchado durante años contra la malaria y las enfermedades en una tierra abandonada secularmente por el estado y un líder comunitario que lucha por sacar adelante a su comunidad, dan fe de la vida de Aicardo, de su trabajo, de su relacion con los vecinos, de su apodo de "murciélago", de la hernia inguinal que lo atormentaba, de su soledad de hombre solo, de sus búfalos y su ganado, de su capacidad para construir casas en la tierra, casas en el aire y corrales de ganado. Un hombre que murió sin cédula y sin un carnet de Sisbén que le permitiera liberarse de las afugias de su cuerpo agotado de campesino.

Aicardo, el hombre solo que vivía en una casa sola en un árbol, no merecía morir como finalmente murió. El ejemplo de su muerte, como dicen que lo presagió en el trapiche de Puerto Matilde, servirá para que sus victimarios lo recuerden siempre, para que se aclare todo, ellos deberán arrepentirse y pedir perdón, como inicio de ese largo trasegar que nos permita a todos salir de las redes del terror y de la muerte.

El siguiente texto de Juan Diego Restrepo, ya publicado por APR el año pasado, ilustra y denuncia el origen del asesinato de Aicardo y de miles de colombianos, víctimas de los "falsos positivos".

Un teniente denuncia la práctica sistemática de asesinatos de civiles por parte del ejército.

Por: Juan Diego Restrepo

Civiles asesinados para luego disfrazarlos de "guerrilleros abatidos en combate". Estos asesinatos
de civiles desarmados por parte del ejército, para usar sus cadáveres en montajes, se conocen en
Colombia por el nombre de "falsos positivos"...

De acuerdo con el denunciante, el teniente Flórez Maestre, los asesinatos obedecen a una política
sistemática, y tanto la parte de la captación de víctimas, la de los asesinatos, como la parte del
montaje son detalladamente articuladas.

“Cada comandante de compañía me debe responder por un muerto en combate cada mes y la
sección segunda me debe responder por tres muertos al mes. En este momento la guerra se mide
por litros de sangre, el comandante que no tenga resultados de muertos por mes tendrá la
sanción correspondiente y se verá reflejado en su folio de vida” . Con estas palabras aleccionaba a
sus tropas el teniente coronel Wilson Ramírez Cedeño, adscrito a la Brigada XIV del Ejército, con
sede en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia.

Las palabras del oficial están contenidas en una diligencia de queja presentada en Medellín a la
Procuraduría General de la Nación el 15 de diciembre de 2009 por el teniente Edgar Iván Flórez
Maestre. Edgar Iván viene siendo procesado por haber dirigido unas tropas que ejecutaron de
manera sumaria a un campesino (Aicardo Antonio Ortiz Tobón, nota de APR) en la vereda Jabonal Alto, en Yondó, Antioquia, el 8 de julio de
2008.

De acuerdo con su versión, se entregó a la justicia una vez supo que habían librado en su contra
orden de captura. Su intención fue esclarecer los crímenes cometidos en esa guarnición militar,
“para que no queden en la impunidad y con la única voluntad de que se haga justicia”. La
declaración de Flórez Maestre cobra importancia hoy cuando se hace trámite en el Congreso de la
República un proyecto de ley a través del cual se pretende que el Estado defienda a aquellos
militares, activos y en uso de buen retiro, que sean denunciados en la Corte Penal Internacional por
delitos como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Pese a las amenazas que pesan sobre su vida y al temor de que algo le pueda pasar a su familia por
las revelaciones que hizo, el teniente Flórez, da cuenta de tres asuntos concretos: las presiones que
recibían desde los altos mandos para obtener resultados operaciones, el modus operandi para
legalizar las muertes de civiles, que incluía la elaboración de misiones tácticas falsas, los
incentivos para aquellos que ocasionaran más “bajas”, el manejo de dinero de gastos
reservados y la estrategia jurídica impulsada desde el Ministerio de la Defensa para defender
a quienes fueran vinculados a investigaciones penales por este tipo de asesinatos.

Los hechos narrados por Flórez Maestre comprometen a oficiales, suboficiales y soldados adscritos
a la Brigada XIV del Ejército desde el segundo semestre de 2007. En esa guarnición militar, este
oficial estuvo comandante de los grupos Aniquilados 2 y Demoledor 51 del batallón Batalla de
Calibío, bajo las órdenes del teniente coronel Néstor Javier Camelo Piñeros, uno de los oficiales
destituidos en octubre de 2008 cuando las ejecuciones extrajudiciales que comprometieron a varios
jóvenes del municipio de Soacha adquirieron una dimensión insostenible para el Gobierno nacional.

Flórez Maestre inició la narración ante el Ministerio Público describiendo la preocupación de uno
de sus compañeros de armas: “Él me comentó de los trabajos que se estaban haciendo en el
batallón, de las “legalizaciones”, o sea, de los muertos (civiles) presentados como muertos en
combate o mal llamados falsos positivos. Me dijo que estaba muy aburrido porque todos los que
estaban dando bajas salían de permiso, les daban cursos y condecoraciones. Entonces me dijo que
tenía pensado hacer un trabajo, que ya había coordinado la información, que ya había conseguido
el arma”.

Para lograr ese tipo de “trabajos”, el oficial dijo que a través de un soldado que apodaban
‘Yolombó’, integrante del pelotón Aguerrido Uno, al mando de un teniente de apellido Rodríguez,
conseguían las potenciales víctimas: “A este soldado le daban trescientos mil pesos, lo mandaban
acá para la ciudad de Medellín, esa plata la recogía el teniente Rodríguez entre los soldados de la
contraguerrilla y se entregaba al soldado ‘Yolombó’ para que viajara a la ciudad de Medellín a
reclutar a los futuros muertos”. De acuerdo con el teniente Flórez, el soldado conocido como
‘Yolombó’ llegaba a la capital antioqueña y buscaba determinadas personas: “Vendedores
ambulantes o personas que no tuvieran familia, les compraba ropa, les ofrecía plata y trabajo en
Puerto Berrío en una finca y les decía que tenían que viajar a Puerto Berrío”.

Cuando las víctimas estaban cerca de esta ciudad, los hacía bajar del bus, en un sitio llamado Puerto
Nare, y eran retenidos por soldados profesionales, quienes entonces procedían a informar a los
oficiales de inteligencia quienes, a su vez, se comunicaban con el comandante del batallón, el
coronel Camelo Piñeres, para que diera el aval de la operación: “Luego en la sección de
operaciones se elaboraba la misión táctica para que la desarrollara el grupo especial en la que se
incluía la cantidad de militares que iba a participar pero que en realidad esto era falso, porque,
por ejemplo, si en la misión táctica se decía que iba 010210,
o sea un oficial, dos suboficiales y
diez soldados, esto era falso porque solamente iban eran los que iban a hacer el trabajo, que en
ocasiones hasta se iban de civil”.

En su narración, Flórez Maestre hizo referencia a un oficial, de apellido Rodríguez, comandante de
compañía, quien frecuentemente hacía ese tipo de operaciones: “Dio cinco bajas y él me dijo que
cuando dio la primera baja era mejor que los muertos fueran más de uno porque así parecía más
real, entonces fue como después en los otros dos resultados dio en cada uno dos muertos, estas
personas siempre se las traía el soldado ‘Yolombó’”. Una vez fuera de esa guarnición militar, y ya
para los meses de julio o agosto, el teniente Flórez describió una conversación que tuvo con un
soldado de apellido Hernández, quien para esa época era el escolta del coronel Camelo Piñeres: “Yo
me entrevisté con ese soldado y me manifestó que estaba muy preocupado porque mi coronel
Camelo lo había enviado a él con el solado Ñerín, el sargento Lara, el sargento Vega y otros
soldados a realizar una operación también de ‘legalización’, el soldado Hernández me dijo: ‘a mi
sargento Lara y mi sargento Vega los trasladaron de acá y a nosotros nos dejaron solos con ese
chicharrón respondiendo jurídicamente y sin plata para pagar los abogados’, yo le dije al soldado
que por qué y él me dijo que yo sabía cómo era que se hacían esas vueltas acá y que nos había
dado la orden para que hiciéramos esa vuelta y que ahora los había dejado solos respondiendo”.

Una expresión similar a la expresada por el coronel Ramírez fue dicha, según Flórez Maestre, por el
coronel Juan Carlos Barrera Jurado, quien comandó la Brigada XIV y también fue destituido por el
Gobierno nacional en octubre de 2008: “En un programa radial le dijo a todos los comandantes de
batallón que el batallón que en 90 días no tuviera bajas o combates hacía echar del ejército al
comandante por negligencia o incapacidad operacional, en ese momento la presión se empezó a
poner cada vez más dura, hasta un nivel que nos contaban los días que llevábamos sin combatir”.

De acuerdo con lo narrado por este oficial, hoy detenido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí,
en Antioquia, en el centro de operaciones tácticas de la Brigada XIV existía un tablero en el cual se
llevaban las estadísticas de las compañías. Allí se sumaban los muertos y se contabilizaban los
días que llevábamos sin combates y sin muertos. Y agregó: “Se decía por parte del comandante
de la Brigada que uno de los incentivos que nos otorgaban a los comandantes de la
contraguerrilla de cada batallón era una licencia por todo el mes de diciembre a los pelotones
que mas sumara muertos en el año”.
Además, continuó el oficial: “También se dijo que el soldado que más diera bajas sería incentivado
con enviarlo al Sinaí o a un curso fuera del país”.

Al referirse al dinero de gastos reservados, el teniente Flórez Maestre dijo que su uso le fue
explicado por un capitán llamado Javier Alarcón, quien para esa época era un oficial de inteligencia
del batallón Batalla Calibío, también destituido en octubre de 2008: “De acuerdo con lo que hablé
con mi capitán fue lo siguiente. Él me dijo: ‘Vea Flórez si quiere hay una información de un
miliciano que está identificado, le conseguimos el guía, usted consigue la plata la comprar el KIT
de legalización (o sea las armas y uniformes para disfrazar al civil asesinado), se establece la
misión táctica en el orden de operaciones y ya se hace la operación y usted recupera la plata con
el pago de información, usted habla con el guía, lo cuadra y le dice que le da $200.000 para que
firme y el resto de la plata la coge para usted para que recupere, o la otra es que usted mismo
consiga todo, el guía, el KIT y la información pero eso sí usted nos consigue a alguien que venga a
firmar le da $100.000 y listo’”.

De acuerdo con Flórez Maestre, en gastos reservados “se habla de un millón de pesos por un
muerto con arma corta y dos millones de pesos con arma larga”.
Interrogado por los agentes de la Procuraduría sobre lo que llamaba “KIT”, el oficial explicó lo
siguiente: “hay dos clases de KIT, uno que es revólver, granada y radio, ese vale $500.000 y el otro
consistía en fusil, uniforme y radio, y éste valía entre $800.000 y $1.000.000, los revólveres las
conseguían los soldados profesionales del S2
y de la Compañía Aniquilador que tenían
contactos con paramilitares y delincuencia común que vendían las armas ahí en Puerto Berrío,
también se conseguían acá en Medellín”.

Preguntado por los agentes del Ministerio Público si en su caso particular, que lo tiene hoy en la
cárcel, hubo reuniones con sus superiores para concertar o esclarecer lo que había sucedido, Flórez
Maestre reconoció que hubo dos reuniones en Bogotá: una, en la Inspección del Ejército el 2 de
septiembre de 2008, y la otra en octubre del mismo año en el Ministerio de la Defensa.

Según el teniente, en la primera reunión participaron varios oficiales, entre ellos el teniente coronel
Juan Carlos Barrera Jurado, comandante de la Brigada XIV, y la Asesora Jurídica de la Inspección
del Ejército: “Esta reunión fue con la intención de blindarnos de la guerra jurídica como nos dijo mi
coronel Barrera, estudiar el caso y en qué los afectaba a ellos, determinar cómo se iba a plantear la
defensa y darnos asesoría, y así se hizo”.

Agregó el oficial que esta primea reunión también sirvió para preparar un encuentro posterior,
programado para octubre, con el entonces ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos; el
comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León, y el comandante del Ejército,
general Mario Montoya Uribe, entre otros oficiales de alta graduación. En efecto, el encuentro se
dio.

“Esta reunión fue planeada con el fin de analizar los casos de mayor connotación para establecer
cuál era el contexto de las Fuerzas Militares dentro de los marcos legales y a determinar cómo se
iban a solucionar los escándalos que se estaban dando por estos casos” , explicó Flórez Maestre.

Aseveró este oficial que en esa reunión, el general Padilla de León le dijo al Ministro de Defensa
que se iba a conformar una comisión para analizar todos los hechos porque, según él, “el Ejército en
su gran mayoría tenía casos similares a los que expusieron ese día y necesitaban proteger al
personal de las Fuerzas Armadas”.

No obstante esa voluntad al parecer expresada por Padilla de León no se evidenció cuando Flórez
Maestre decidió entregarse a las autoridades el 16 de octubre de 2009. Ese día lo visitó un abogado
de la Defensoría Militar con el propósito de ser su representante legal: “Yo le dije, yo voy a contar
toda la verdad de lo que sé en cuanto a las legalizaciones, voy a poner este material a disposición
de la Fiscalía, él me dijo que tuviera mucho cuidado con lo que iba a decir, que pensara en mi
familia, que yo sabía que podía existir algún tipo de retaliación contra mí y mi familia”.

Las palabras de abogado de la Defensoría Militar fueron puestas en conocimiento del fiscal 50 de la
Unidad Nacional de Derechos que lleva el caso de Flórez Maestre dado que el oficial tomó esas
palabras como una amenaza contra su vida y la de su familia.
No obstante, en su queja ante la Procuraduría General de la Nación el teniente reiteró su voluntad de
colaborar con la justicia, no sin antes solicitar seguridad para él y su familia: “a partir del instante
en el que yo tomé la determinación de colaborar con la justicia, de sacar a la luz pública de lo
que yo conocía acerca de los mal llamados falsos positivos, la integridad de mi familia y la mía
misma se encuentran en peligro y temo por alguna futura retaliación contra nosotros, por eso
requiero protección y que la información que yo dé se investigue y que no vaya a quedar en la
impunidad, sin esperar ningún beneficio a cambio, más que la realización de la justicia y
conservar la seguridad de mi familia y la mía”.